A la intemperie, alrededor de una fogata junto a un terreno baldío ubicado en la Zona Sur de Mexicali, un numeroso grupo de personas pasó la noche del 16 de marzo, cuando por medio de la fuerza pública, les obligaron a abandonar los inmuebles que habían invadido desde julio de 2020.
En 2007, el urbanizador Rubén Saldaña Díaz obtuvo el permiso del Poder Ejecutivo para la construcción de un residencial que se denominaría Villa Margarita, comunidad ubicada en la zona Sur de Mexicali.
El fraccionamiento era parte de aquella explosión inmobiliaria de inicio de milenio, en la cual desarrolladoras construyeron un gran número de zonas habitacionales alejadas de la mancha urbana, debido al bajo costo de los terrenos, obligando a las autoridades a extender sus servicios básicos.
A partir de una serie de complicaciones derivadas de la crisis inmobiliaria -entre otros temas-, el proyecto Villa Margarita prácticamente colapsó, dejando un número importante de viviendas a medio terminar.
Durante más de 10 años, estas estructuras permanecieron en el olvido, hasta que, en julio de 2020, la agrupación Antorcha Campesina ofreció a poco más de 80 familias la posibilidad de ocupar el abandonado residencial.
En poco tiempo, un numeroso grupo de personas con hijos y adultos mayores, tomaron posesión del bien y comenzaron a rehabilitar los inmuebles, con la intención de mejorar sus condiciones de vida.
Mari, una de las víctimas del desalojo, comentó que alrededor del mediodía del 16 de marzo, llegaron unas personas acompañadas de la fuerza pública y comenzaron a sacar todas las pertenencias que se encontraban dentro del inmueble.
“No podemos hacer nada, ya a esa hora comenzaron a sacar a toda la gente y nos hemos quedado acá, no vinieron con una orden del juez a desalojar a las personas, tirando puertas y ventanas. Dicen que son los dueños, no se presentaron con nombre y apellido -dijeron-, hijos de Rubén Saldaña Díaz”, compartió Mari a ZETA.
Basta una revisión en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California para confirmar que Rubén Saldaña Díaz falleció en 2020 y presentó un testamento donde absolutamente todos sus bienes los dejó a cargo de sus hijos Rubén, María Luisa, Eduardo y Héctor Saldaña Olivas, hoy encargados del desalojo.
Pese a que no cuentan con una empresa registrada, estos personajes son copropietarios de un gran número de inmuebles, pero también sus muebles han sido embargados por el Ayuntamiento de Mexicali, debido a la falta de pago de Impuesto Predial.
“Todo empezó desde el año pasado que comenzaron a tomar las casas, aquí era un sitio de tecolines, cuando llegamos los primeros a limpiar encontramos mucha droga, toda la quemamos y tiramos, todo se adecuó para poder vivir, se destaparon alcantarillas, se instalaron tubos”, recordó Mari, quien esa noche la pasó a la intemperie, sentada en un sillón viejo y tapada con una cobija.
En junio, la agrupación Antorcha Campesina, representada por el abogado Juan Carlos Tirado Fausto -según comentaron los afectados-, les indicó que al invadir los inmuebles tendrían la posibilidad de adquirirlos. Les otorgarían préstamos para pagarlas, así como facilidades para no complicar su situación económica.
Luego les cobraron 2 mil 500 pesos para tramitar un amparo que impediría un posible desalojo por parte de la fuerza pública. Sin embargo, el martes 16 de marzo de 2021, se dieron cuenta que estaban mal hechos y no tenían valor jurídico. Eso les dijo el actuario que atendió la diligencia.
“Teníamos unos siete meses, las casas estaban abandonadas desde hace muchos años y por la pandemia nos vinimos a vivir para acá, se iban a estabilizar, iba a haber créditos y no fue así. Hicieron unos amparos falsos y aseguraron que nos iban a ayudar, toda la gente cayó en desesperación y ahora se sienten engañados”, refirió otra señora que pidió el anonimato, pero denunció que los sujetos que arrojaron sus muebles a la calle, le robaron dinero, una licuadora y otros objetos de valor.
Verónica, quien desalojada estaba recostada en un sillón y rodeando junto con otros vecinos una fogata, también denunció que los individuos llegaron con cerrajero y rompiendo puertas y ventanas. No contaban con energía eléctrica ni con servicios de agua, debido a que los propietarios del inmueble hicieron lo posible porque no se les facilitara.
Incluso, rompieron tuberías y cortaron el servicio de luz, por lo que se veían “obligados” a usar “diablitos” desde la calle Anáhuac y a comprar agua en garrafones para sus necesidades básicas.
Fernando, residente de la zona que se emplea como operador en una maquiladora, contó a este Semanario que durante este tiempo los han tratado como criminales, cuando son trabajadores de bien. En su caso, la empresa para la que labora no le ha brindado facilidades para adquirir una vivienda, por lo que, al ofrecerle esta posibilidad, no pudo rechazarla.
“Muchas familias lograron retirarse y dormir con personas cercanas, pero muchas familias no tienen esa posibilidad, por lo que esperarán por varios días hasta saber cómo proceder ante esa situación” concluyó.
