Apertrechados en una “aldea” ya acechada por el crimen, la extorsión y el engaño, miles de centroamericanos esperan ser atendidos por autoridades de Estados Unidos, cuyo Presidente prometió en campaña lo que no ha cumplido en su gestión; mientras en México, las administraciones federal, estatal y municipal han fallado a los migrantes
A un mes de que se instaló el campamento de migrantes en la garita peatonal El Chaparral como protesta para que el gobierno de Estados Unidos les brinde asilo humanitario, la población en dicho lugar aumentó un 200% y las autoridades del país vecino no aceleran los procesos como lo prometieron, dejando a miles de personas a la intemperie.
Por otro lado, las personas en contexto de movilidad provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) con un proceso activo dentro del Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) han ido cruzando a EU a cuentagotas y bajo estrictos protocolos sanitarios.
En apenas 15 días habían cruzado 800 de 25 mil que esperan su proceso desde hace dos años que llegaron a México, informó en entrevista para ZETA Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la Embajada de Estados Unidos en México.
Mientras que al campamento migrante de El Chaparral, siguen llegando familias enteras de personas originarias de distintos países de Centro y Sudamérica, así cómo africanos y connacionales desplazados de sus pueblos por la violencia producida por el crimen organizado que impera en gran parte del territorio nacional.
El discurso político del Presidente norteamericano Joe Biden a favor de la comunidad migrante durante su campaña generó falsas expectativas para quienes tienen la necesidad de desplazarse de sus lugares de origen por condiciones de violencia, marginalidad y pobreza. Una vez en el poder, al declarar que se reactivaría el MPP, medios centroamericanos cabecearon sus portadas como “Abren la frontera de EU para migrantes”, ocasionando otro éxodo.
Los habitantes del campamento que lleva un mes en las inmediaciones del cruce fronterizo El Chaparral, declararon a ZETA que en sus ciudades el rumor se corrió de que ya estaban cruzando paisanos suyos a EU, lo que los motivó a desplazarse hasta la frontera sur de México y atravesar el territorio nacional hasta llegar a los distintos puntos de acceso a la Unión Americana.
A su llegada a Baja California, en especial a Tijuana, se dieron cuenta de que la realidad era distinta. Sin dinero para pagar una renta en la ciudad, ni el estatus migratorio pertinente para acceder a un trabajo bien remunerado, se plantaron a las afueras de la garita peatonal. Primero, como si se tratara de apartar su lugar en el proceso de asilo, después como protesta para que el gobierno de Biden acelere el proceso.
Las personas en contexto de movilidad se enfrentan a las inclemencias del clima, en las últimas dos semanas ha llovido a cántaros sobre la ciudad. Viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad. En una casa de campaña individual habitan familias de hasta cinco integrantes, sin sanitario público, regaderas o agua potable y a la intemperie.
Todo alrededor del campamento tiene un costo: cargar los teléfonos celulares cuesta entre 15 y 20 pesos, ingresar al sanitario, entre 10 y 15 pesos. En cuanto a la comida e insumos médicos, dependen en su totalidad de las donaciones de asociaciones civiles principalmente norteamericanas, quienes han procurado a los migrantes desde el primer día del campamento.
Las familias se ven obligadas a permanecer en el lugar o dejar a alguien encargado de la casa de campaña, porque si no están las tienditas, pasan a ser propiedad de otra familia que llegue al campamento. Diario llegan entre dos y tres familias nuevas a este punto, con la misma idea utópica que les vendieron de que sería más fácil acceder a EU estando en dicho lugar.
A la par de esta congregación, a unos metros, en la Garita de San Ysidro, personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realiza simulacros para frenar intentos de cruce masivo a su país por parte de la población migrante, con un claro mensaje hacia ellos: no van a ingresar, y de intentarlo, EU está preparado para impedirlo.
ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, NO SOLO MUNICIPAL: PÉREZ CANCHOLA
Defensor de los Derechos Humanos en los últimos 45 años en Baja California y actual director de Atención al Migrante en el Ayuntamiento de Tijuana, José Luis Pérez Canchola señaló que la crisis migratoria que se vive en El Chaparral debe ser atendida por el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Destacó que en primera instancia, quien se ha hecho responsable es el gobierno municipal de Tijuana, sin que esta sea una de sus facultades; y reprocha la falta de atención por parte del gobierno estatal -que se ha auto adjudicado el título de Estado Santuario Migrante- y el federal para atender a la población del campamento migrante.
“La gente está aquí con la esperanza de ser recibidos, fue una información que se dio en Centroamérica y estoy haciendo un llamado al Gobierno Federal, que es el responsable de atender a los migrantes extranjeros, porque no hay en el Municipio ni el Estado recursos para atender a toda esta gente”, indicó Pérez Canchola.
Agregó que ha habido una presencia diaria de la Secretaría de Salud, DIF Estatal y municipal, pero ninguna dependencia federal se ha aparecido en el lugar donde acampan alrededor de mil personas. Hay más de 200 niños y no cuentan con servicios básicos como regaderas y baños, ya que el Ayuntamiento no está en condiciones de subsidiar todo el gasto que representa, por lo que reitera la necesidad de mayor presencia tanto de la administración encabezada por Jaime Bonilla Valdez, como de la Federación.
Asimismo, resaltó que había más de veinte albergues en la ciudad, pero han enfrentado dificultades económicas y la pandemia, por lo que algunos han tenido que cerrar. Mientras que el Centro Integrador para el Migrante “Carmen Serdán” solo está ofreciendo 50 lugares, exclusivos para quienes tienen un caso activo bajo el MPP.
“Pero la otra dificultad es que se encuentra muy retirado de la frontera, las personas no van a aceptar trasladarse hasta allá”, lamentó el defensor de los derechos humanos.
Como propuesta, dijo que el Gobierno Federal debería rentar alguna nave industrial cercana o un hotel para hospedar a los migrantes cerca de la frontera.
“Exigimos públicamente al Presidente López Obrador que de órdenes precisas e inmediatas para que la Federación atienda esta situación que es muy grave. Alejando Encinas solo vino a inaugurar unas oficinas y se fue; la Secretaría de Gobernación debe atender a profundidad el tema, sentimos que será un problema que se va a complicar si no hay atención federal”, remató el entrevistado.
MIGRANTES ESTÁN EN CONDICIONES DE HACINAMIENTO E INSALUBRIDAD: SECRETARÍA DE SALUD
Karen Ortega Guzmán, quien funge como coordinadora del programa Extensión de Cobertura de la jurisdicción sanitaria de Tijuana, reveló que la población que habita en el campamento de El Chaparral está en condiciones insalubres y de hacinamiento, por lo que instalaron una unidad médica móvil desde el 24 de febrero en las inmediaciones del lugar.
“Nos hemos dado cuenta que obviamente no hay una sana distancia, están en hacinamiento, no hay baños, al momento de establecerse con casitas de acampar y con lonas, el riesgo sanitario siempre va a estar. No hay agua potable, la cocina la administran ellos mismos y no sabemos si está en condiciones adecuadas, además de los riesgos ambientales por la basura”, expuso Ortega en entrevista con este Semanario.
Con los cambios de temperatura y las condiciones del clima, han incrementado las infecciones respiratorias, y en los días que lleva el campamento, hasta el 17 de marzo la jurisdicción sanitaria ha atendido alrededor de 600 consultas; siete han sido mujeres embarazadas y 100 menores de edad, aproximadamente.
“Hemos atendido alrededor de 600 consultas desde el 24 de febrero, mujeres embarazadas se han acercado a la consulta y estamos estimando entre seis y siete que han estado en atención médica, pueden ser más; hemos atendido aproximadamente por día diez niños y aproximadamente entre 10 o 15 adultos mayores”, informó.
También han aplicado alrededor de 100 dosis de la vacuna contra la influenza. aunque no se tienen contempladas aquellas contra la COVID-19 para la población vulnerable del campamento, sin embargo, no han tenido casos sospechosos de coronavirus. El grueso de la población es de entre 30 y 35 años.
“Las enfermedades en su mayoría son infecciones respiratorias agudas, gastroenteritis por la condición de la falta de baños, de agua y de la limpieza de los alimentos que están consumiendo, las enfermedades gastrointestinales están ahí. Todo tiene que ver con los riesgos de la condición en la que se encuentran”, finalizó.
NIÑOS EN ABANDONO EDUCATIVO; MADRES MIGRANTES CREAN ESCUELITA “EL CHAPARRAL”
El gobierno mexicano está obligado por instancias internacionales en proveer a los niños migrantes servicios de educación, pero lo han ignorado por completo. Las secretarías de Educación estatal y municipal no han auxiliado a esta población, acusó Andrea Rincón, abogada y directora de la organización Juventud Activista.
Es facultad de las autoridades locales brindar apoyo educativo a los niños y niñas que se encuentran en el campamento de El Chaparral, al ser parte de acuerdos internacionales que tiene México en esta materia, por lo que, ante la ausencia de este tipo de programas emergentes para atender la emergencia migratoria en Tijuana, las madres en contexto de movilidad se organizaron para crear un aula improvisada a la intemperie, utilizando distintos materiales donados por asociaciones civiles nacionales, principalmente norteamericanas.
Evelin Sánchez, maestra proveniente de Honduras y otras dos mujeres que también son madres de familia, crearon la escuelita “El Chaparral”, donde atienden el posible rezago educativo de los menores del campamento.
“La escuelita surge a raíz de la necesidad que hay de ver tanto niño sin tener nada que hacer y para aprovechar el tiempo en este lugar. Nos reunimos madres, que algunas somos maestras, que tenemos el deseo de apoyar y ver a nuestros hijos ocupados en algo, para enseñarles y reforzar el aprendizaje que ya traen desde sus escuelas”, declaró Sánchez.
Hay tres maestras, cada una con alumnos de distintas edades: una de 4 a 6, otra de 8 a 9 y una más con menores de 10 a 14 años. Cada profesora tiene aproximadamente unos 25 alumnos, “la mayoría de los niños vienen, unos son como el cometa, viene un día y al otro no, pero siempre se motivan para venir”.
Ante la falta de oportunidades de trabajo en Honduras, aunado a los bajos salarios y la violencia que azota a su país, Evelin emigró junto con su familia, “mi deseo siempre fue y es ejercer mi profesión, poder trabajar; yo era profesora de educación primaria”, compartió con ZETA.
AL ACECHO DE LOS ANTI INMIGRANTES
La pequeña aldea que se ha formado entre catrachos, salvadoreños, haitianos, guatemaltecos y mexicanos, se ha visto violentada no solo por la falta de atención gubernamental binacional; también por ciertas personas con doble nacionalidad (mexicoamericanos) que se hacen pasar por periodistas, violentando la privacidad de las familias y alterando a la comunidad allí reunida, creando conflictos.
Los migrantes del campamento señalan a tres personas que acuden a provocarlos, haciéndose pasar por periodistas. Principalmente acusan a una mujer de origen mexicano con nacionalidad norteamericana, Paloma Zúñiga Delint, alias “Paloma for Trump”.
Esta mujer ha destacado como influencer en redes sociales por opinar a favor del ex mandatario norteamericano Donald Trump, replicar su discurso anti inmigrante y participar en las agresiones en contra de personas en contexto de movilidad que llegaron en caravana a Tijuana durante el invierno de 2018.
Los habitantes del campamento en las inmediaciones del cruce fronterizo denuncian que Zúñiga Delint ha ingresado a este espacio en repetidas ocasiones y abre las casas de campaña para grabar al interior de ellas, violando la privacidad de quienes pernoctan en las tiendas y acreditándose como periodista.
En las redes sociales se pueden encontrar las transmisiones en vivo y el testigo de las acusaciones que han realizado los migrantes sobre esta persona. Además de ella, migrantes señalan a otros dos personajes con el mismo perfil: Ben Bergquam y Óscar “El Blue” Ramírez.
Con relación a las interacciones de particulares grabando a los integrantes del campamento, Graciela Zamudio Campos, directora general de la asociación civil Alma Migrante, comentó: “Si bien la normatividad aplicable permite los enfoques generales en vías públicas, requiere de autorización cuando se realizan enfoques particulares de las caras de personas adultas e infantes”.
Sobre todo porque, de acuerdo con los artículos 71 y siguientes de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, prevén esta prohibición, al considerarla un atentado a los derechos de la infancia, a la intimidad personal y familiar y a los datos personales.
“Llama la atención particularmente que en sus videos presentan la solicitud de asilo como una vía carente de respaldo legal frente a la regularización basada en diversos motivos, cuando en realidad la pretensión de asilo no solo es legal, sino un derecho humanitario desde el punto de vista internacional”, argumentó.
“Mediante sus comunicaciones confrontan esta vía de regularización que es por Ley gratuita, con los procedimientos de regularización que generan cobros por su realización, presentando a los integrantes del campamento como personas deslegitimadas para ingresar al país”, agregó Zamudio.
Esta actividad no solo aprovecha la falta de información que existe sobre la legalidad del proceso de asilo en Estados Unidos y cualquier país, sino que promueve información que tiene como resultado la polarización de la sociedad “que sigue las normas” frente a la caravana, “son actos que abonan a la imposibilidad de ejercer el derecho de participación ciudadana, sobre todo aprovechando una posición privilegiada: la de estar en el lugar en que ocurren las cosas, presentándolas fuera de la Ley, cuando no lo están”.
Los artículos 1 y 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, establecen que el ingreso de refugiados al país donde solicitan asilo no es susceptible de ser castigado de modo alguno, al ser un derecho humano.
La directora de Alma Migrante recordó que en 2016, la Comisión de Justicia del Congreso de Baja California aprobó la adición del delito de discriminación al Código Penal del Estado, como parte del Dictamen 68. Sin embargo, dicha resolución aún no ha sido integrada.
ARTÍCULO 234 TER.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo en favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica regional o nacional, raza, color de piel, lengua, género, preferencias sexuales, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, religión, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, capacidades diferentes, costumbres, o cualquier otra; atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas.
