El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, resolvió a favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, la suspensión de cualquier orden del Gobierno del Estado que pretenda la privación, desposesión o toma de instalaciones con carácter confiscatorio del bien inmueble.
Lo que podría frustrar la intención del gobernador, Jaime Bonilla Valdéz, de expropiar dicho club social, tal como lo declaró públicamente.
De acuerdo con la suspensión girada por el juez a favor del Campestre, ninguna orden del titular del ejecutivo estatal podría confiscar los inmuebles que conforman este club deportivo. Con la posibilidad de evitar que se cumplan las amenazas vertidas por Jaime Bonilla.
En la declaración de los hechos los solicitantes del Juicio de amparo 196/2021, expusieron que el 12 de marzo de 2021, tres personas se presentaron en las instalaciones del Campestre quienes se identificaron cómo funcionarios estatales con unos chalecos que portaban chalecos que decían “Gobierno de Baja California”.
“Señalando que serían ellos los comisionados en tomar las instalaciones por orden del gobernador y que necesitaban obtener fotografías del inmueble. Se les pidió información específica de lo que se referían, señalando, que ellos sólo actuaban por instrucciones superiores”, relataron..
También se utilizó cómo prueba el video de su transmisión diaria por Facebook Live, del lunes 25 de enero, donde Bonilla Valdez declaró que ya le dio instrucciones al secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, para que analice las formas para “recuperar los pulmones de Tijuana”, haciendo alusión al Club Campestre.
“Les quiero dar una noticia, a raíz de este tema de cómo ha llevado al campestre, este señor; no pagar el predial, el agua, e Ignorar sus responsabilidades, le estoy dando indicaciones al secretario de gobierno que vea la posibilidad de expropiar el campestre para uso público”, dijo ese día.
Además de advertir que “se está en presencia de un acto en apariencia confiscatoria y es por ello que resulta procedente conceder la suspensión de plano”, se lee en la resolución del juez al que tuvo acceso ZETA.
