La Auditoría Superior del Estado detectó malos manejos en el periodo 2017 por indemnizar de forma irregular a empleados
La Auditoría Superior del Estado de Baja California detectó 41 presuntos actos de corrupción en la cuenta pública 2017, registrados durante la gestión del priista Marco Antonio Novelo Osuna como alcalde de Ensenada.
Los resultados de la cuenta pública, dictaminados por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (oficio TIT/512/2019), fueron rechazado por diputados del Congreso del Estado el miércoles 10 de marzo.
Entre las irregularidades detectadas en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, figuran varios pagos de indemnización a empleados que no tenían derecho a recibirlo; bienes catalogados como no localizados; contratos asignados de manera directa sin licitación, millones de pesos en cuotas cobradas y no enteradas a instituciones de salud a la que serían destinadas.
Según los señalamientos del órgano de fiscalización, son señalados son Novelo Osuna y Mónica Vargas Núñez, quien, en el actual gobierno estatal de Jaime Bonilla Valdez, funge como Oficial Mayor en Ensenada.
La ex tesorera en esa administración, Guadalupe Méndez Maldonado, respondió a las observaciones hechas por la Auditoría y dijo que confía en su trabajo realizado, además de declararse abierta a realizar todo tipo de aclaración cuando se le soliciten.
PAGOS INDEBIDOS A FUNCIONARIOS
Al inicio de la administración, la Oficialía realizó pagos considerados “improcedentes” por 714 mil 830 pesos por concepto de indemnización. Tal depósito se hizo a quince empleados que, por la separación laboral y los nombramientos de los funcionarios, solo les correspondía el pago del sueldo devengado a la fecha de la baja, así como lo proporcional de aguinaldos, vacaciones, primas vacacionales y de antigüedad.
También gastó 137 mil 628 pesos por concepto de indemnizaciones a cuatro empleados contratados bajo el Régimen de Honorarios Asimilados a Salarios.
“INSOSTENIBLE” PLAN DE EGRESOS E INGRESOS
La administración reportó un cierre presupuestal de 2017 por mil 614 millones 967 pesos, los cuales no fueron suficientes para cubrir el egreso devengado, de mil 822 millones 273 mil pesos.
Lo anterior representa un acumulado insostenible por 207 millones 306 mil pesos.
El gobierno de Novelo obtuvo ingresos por recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, extraordinarios, participaciones federales y estatales, otras aportaciones y otros, por casi mil 700 millones de pesos. Solo proporcionó facturas electrónicas por la cantidad de 189.4 millones de pesos.
Por tal motivo, la Auditoría exige aclarar qué pasó con los mil 412 millones de los cuales no se expidieron facturas electrónicas.
SOLAPAN A DEUDORES
Otra amonestación a ese gobierno fue por arropar a quienes presentaban una deuda en las contribuciones municipales por la cantidad de 423.4 millones de pesos, se revisó el 38.7% de ese dinero, que corresponde a 99 contribuyentes, a quienes no se les emitieron procesos administración ni notificaciones.
Lo mismo para propietarios de lujosas viviendas y predios ubicados en la Zona Federal Marítima Terrestre o terrenos, donde auditores revisaron una fracción del pasivo por 69.8 millones de pesos.
En estos casos detectaron que nadie les cobró, además, expedientes no localizados o que no continuaron con el procedimiento administrativo de ejecución hasta su conclusión, existiendo adeudos de 1991 a la fecha.
En multas de tránsito y estacionamientos, por 30.2 millones de pesos, provenientes de los ejercicios 2008 a 2017; en 287.9 millones de pesos no se llevaron a cabo gestiones de cobro.
La misma debilidad en el proceso de cobro se detectó en multas federales, multas administrativas por cantidad de permisos o revalidaciones para la venta de alcoholes, estas últimas por cantidades entre 500 mil y 3 millones de pesos.
INEFICIENTES MANEJOS EN PROGRAMAS
En cuanto a los recursos correspondientes al programa Fortalecimiento para los Municipios (Fortamun), existió un depósito por 284 millones de pesos, cuando la cantidad real fue de 288.4 millones, con una diferencia no aclarada de 4 millones 437 pesos.
Otra irregularidad fue que, del total, 262 millones 105 pesos fueron transferidos a una cuenta bancaria específica para el manejo y operación del fondo, y 21 millones 907 pesos a una cuenta privada distinta.
Aunque se compró el Sistema de Contabilidad Gubernamental, denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), nunca lo usaron para la integración de manera automática del ejercicio del presupuesto con la operación contable.
En las cuentas de Materiales y Suministros y Servicios Generales, se verificó una muestra de 167 millones 868 pesos, con observaciones por 2 millones 837 pesos en los cuales no hay pólizas contables por 430 mil 795 pesos.
Además, una adquisición por un millón 548 pesos, en los cuales las pólizas carecen de cotizaciones, otra adquisición por 858 mil pesos sin proceso de licitación pública, y erogaciones por concepto de Sueldos y Salarios por 972 mil 802 pesos, de los cuales no se efectuó el timbrado de la nómina ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
También, una inversión de obra pública por 152 millones 539 mil pesos, donde 30 millones 746 mil pesos carecen de documentación comprobatoria.
Ese gobierno adquirió de un proveedor 615 paquetes de materiales para construcción por 3 millones 902 mil pesos, de los cuales proporcionó dictamen de adjudicación directa para la compra de dichos bienes.
Sin embargo, no se acreditó la excepción a la licitación pública ni se localizaron las tres cotizaciones firmadas y selladas por los respectivos proveedores.
En una de las tantas compras de despensas, hay un registro de 60 mil pesos, pero faltó facturar 20 mil pesos, adicionalmente se pagó a una agencia de publicidad con conceptos facturados incongruentes a la actividad, y se entregaron ayudas económicas por 225 mil 546 pesos, de los cuales no hay comprobantes fiscales.
En el Programa Operativo Anual, denominado Avance del Inventario Físico de Bienes Muebles o Resguardo, con 4 mil 396 resguardos, la dependencia solo comprobó 3 mil 208 resguardos requisitados, con un faltante por aclarar de mil 188 bienes.
INCONSISTENCIA EN BIENES INMUEBLES
Respecto a los bienes inmuebles propiedad del gobierno municipal, la Dirección de Bienes Patrimoniales proporcionó un padrón general de 565 millones 775 mil 629 pesos, que, al compararlo con registros contables, asciende a 553 millones 480 mil 097 pesos; existe una diferencia de 12 millones 295 mil 532 pesos menos en registros contables no aclarada por la entidad, la cual “no muestra evidencia de haber realizado inventarios de sus bienes muebles e inmuebles considerados del dominio público como los bienes propios y su aprobación ante cabildo en los meses de enero y julio”, observó la Auditoría.
En el citado padrón se detallan 566 bienes muebles identificados con la sigla “L” por 12 millones 490 mil 958 pesos de bienes no localizados. La mayoría de estas propiedades corresponden a bienes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la entidad no presentó documentos para respaldar el trabajo de investigación sobre el paradero de estos, únicamente imprimió el estatus de no localizados.
MILLONES EN CUOTAS NO ENTERADAS
En las cuentas por pagar correspondientes a impuestos federales por 196 millones 615 mil 469 pesos que se integran por retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en sueldos, servicios profesionales, arrendamientos y honorarios asimilables a salarios, de 52 millones 181 mil 706 pesos, tal cantidad no fue enterada por la entidad.
Por concepto de cuotas obrera y patronal al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 64 millones 708 mil 793 pesos, 42 millones 584 mil 604 pesos tampoco se pagaron.
En cuanto a Cuotas y Aportaciones del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) por 711 millones 219 mil 286 pesos, la cantidad de 176 millones 977 mil 035 pesos no fue saldada.
El Gobierno del Estado de Baja California, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, efectuó retenciones por 20 millones 040 mil 337 pesos por concepto de cuotas de seguridad social pendientes de pago al IMSS, observándose que no se proporcionó evidencias del entero efectuado por las retenciones aplicadas.
Asimismo, efectuó la contratación de tres créditos a corto plazo por 130 millones 645 mil pesos, de los cuales la entidad fiscalizadora no encontró expedientes de dichos créditos, tampoco la documentación que ampara las cinco diferentes instituciones bancarias que sirvan de base para determinar mínimo dos ofertas irrevocables de financiamiento.
De igual manera, en los expedientes no se localizó documentación que compruebe que dichos créditos fueron inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incumpliendo así con el Artículo 26 fracción I y II, y Artículo 30 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
