La violencia se mantiene a pesar de los esfuerzos de las autoridades en los sectores de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario. En 2020 mataron a 489 policías y atentaron contra diputados, jueces federales y el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Este año se contabilizan 37 homicidios de agentes y el del alcalde de Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos. Impunidad prevalece en casos Lozoya, Ayotzinapa y Cienfuegos. Las cárceles siguen indomables y se ha preferido mejor cerrar algunas por el Gobierno Federal
En 2020, en México fueron asesinados 489 policías de las distintas corporaciones, entre Fuerzas Armadas y civiles. Y solo en enero de 2021, 37 elementos de seguridad fueron abatidos por fuerzas criminales y del narcotráfico. En total, 526 oficiales han perdido la vida en el país donde el Gobierno Federal no ha definido una estrategia precisa, clara e integral de combate a la delincuencia organizada.
Durante enero de 2021, más elementos de seguridad fueron asesinados que días tiene el año. Un recuento de ZETA muestra que los crímenes contra agentes de la Ley, sucedieron así:
* Chihuahua, 6
* Guanajuato, 5
* Estado de México, 4
* Veracruz, 4
* Ciudad de México, 4
* Baja California, 2
* Colima, 2
* Jalisco, 1
* Nuevo León, 1
* Zacatecas, 1
* Puebla, 1
* Morelos, 1
* Tabasco, 1
* Michoacán, 1
* Baja California Sur, 1.
Y aunque todavía no se cuenta con la estadística de diciembre 2020, se estima que ese año tendrá en registros aproximadamente de 35 mil homicidios que rebasarían los 34 mil 582 perpetrados en 2019, año que impuso un récord en ese sentido. Las víctimas, unas inmiscuidas en actividades criminales, muchas otras inocentes, pero también funcionarios como el juez federal Uriel Villegas, la diputada federal Anel Bueno, ambos en el Estado de Colima y el ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en Puerto Vallarta.
Enero de 2021 también tuvo un violento inicio. Durante el primer mes del año se registraron, de acuerdo con la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, 2 mil 397 muertes violentas, 21 más que los 2 mil 376 homicidios dolosos contabilizados en el año anterior. El primer mes del tercer año de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, inició incrementando el número de asesinatos.
Nada más de inicio, el 7 de enero fueron asesinadas nueve personas a balazos durante un velorio en Celaya, Guanajuato. El sábado 23, se registró el hallazgo de 19 migrantes asesinados y carbonizados a bordo de tres camionetas en Camargo, Tamaulipas, en límites con Nuevo León. Al menos 13 de las víctimas eran guatemaltecas.
El día 29, en Ixhuatán, Chiapas, fueron ejecutadas otras seis personas; el 3 de febrero en Guadalajara, la Guardia Nacional abatió a cuatro presuntos sicarios, y en Baja California, fue asesinado el regidor Alfonso Zacarías en Tecate.
Apenas el jueves 4 de febrero fue victimado el presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro, cuando viajaba en su camioneta particular, en calles de la colonia Juchi del mismo municipio. Tres desconocidos a bordo de una motocicleta en movimiento le dispararon en repetidas ocasiones.
En el rubro de la localización y captura de los presuntos enemigos de la sociedad por pertenecer a algún cártel o grupo de maleantes, que no es prioridad para la actual administración, según se ha expresado en múltiples ocasiones, en 2020 fueron detenidos José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, presunto líder de Guerreros Unidos; y José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, supuesto mandamás del autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima, como los principales logros de las autoridades.
También se destacó la extradición -voluntaria- desde España del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, para ser juzgado en México por dos casos relevantes de corrupción en sexenios anteriores, y la reciente extradición desde el mismo país de Alonso Ancira Elizondo, principal accionista de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), para que responda por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado del caso Agro Nitrogenados.
Asimismo, se logró la detención de al menos 17 presuntos participantes en la masacre de Bavispe, Sonora a finales de 2019, en agravio de las familias Miller, Langford y LeBarón, aunque el móvil del multiasesinato no ha quedado del todo claro para la opinión pública.
El 3 de febrero reciente fue cumplimentada una orden de aprehensión en Acapulco contra del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en agravio de la periodista Lydia Cacho.
En contraparte, si bien fue obsequiada por un juez, la orden de aprehensión dictada contra Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la ex Procuraduría General de la República (PGR), no se ha podido cumplimentar. Se le acusa de haber falseado la verdad del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en 2014.
La incapacidad de las policías también permitió que delincuentes hallaran primero al líder del grupo delictivo de Los Ántrax, Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax” y lo asesinaran en el Estado de Sinaloa. Y el caso que más resquemor ha causado, por la impunidad que se genera, fue la liberación en Estados Unidos del General Diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, quien se supone fue enviado al país para ser investigado y procesado en México. Sin embargo, fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR), y, de hecho, por la Presidencia de López Obrador.
Mención aparte merece el sector de las prisiones en el país, que estatales o federales, han dado de qué hablar, desde riñas, motines y homicidios generados por el esquema del autogobierno de agrupaciones criminales que el gobierno aseguró que iba a combatir. Lo único que ha efectuado la autoridad federal es el cierre de tres de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) y su desincorporación del Sistema Penitenciario Nacional.
En este contexto de inseguridad y violencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal estuvo acéfala durante tres meses desde el 30 de octubre, cuando el ex titular, Alfonso Durazo Montaño, renunció para ir por la candidatura de Morena al Gobierno de Sonora, y el Presidente nombró a Rosa Icela Rodríguez, quien no tomó posesión del cargo hasta el 30 de diciembre, luego de una larga convalecencia por COVID-19.
INSEGURIDAD PAREJA
En todo este panorama resulta fundamental el funcionamiento de la Guardia Nacional, la gran apuesta de la actual administración gubernamental, cuyo esquema no se ha completado ni en recursos materiales ni humanos, dedicándose a patrullar en carreteras y ciudades sin una aparente estrategia y exponiéndose a enfrentamientos con miembros de organizaciones criminales, o cometer excesos o abusos, como ya se le han atribuido algunos.
El año 2020 inició con varias balaceras en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuyo saldo de cuatro fallecidos, integrantes del Cártel del Noreste, ameritó que el Consulado de los Estados Unidos en esa ciudad emitiera una alerta de seguridad a sus ciudadanos para que se abstuvieran de ingresar a México por esa frontera. Los tiroteos se han replicado por toda la geografía de la República por la disputa de territorios que tienen los cárteles de la droga.
En el mismo año, fueron asesinados 489 elementos de seguridad, de ellos 262 policías municipales, 203 estatales y 24 federales (once pertenecientes a la Guardia Nacional), para un promedio de 1.45 oficiales muertos por día.
Ninguna categoría está exenta de perder la vida, pues policías de proximidad, viales, ministeriales y penitenciarios fueron alcanzados por las balas enemigas o algún arma o método. Nuevamente Guanajuato fue líder en ese aspecto, al ser asesinados 81 agentes en su territorio, a los que se les suman los 37 oficiales asesinados en el primer mes de 2021.
La pandemia de COVID-19 trajo relativa calma en el país al resguardar a millones de mexicanos en sus domicilios, pues, aunque los homicidios dolosos no disminuyeron ostensiblemente, sí se anunció una baja en la comisión de delitos patrimoniales como robo a personas, a casa habitación, negocios y vehículos. La situación fue aprovechada en marzo y abril por grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y familiares del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, para repartir despensas sobre todo en municipios de Jalisco y así desacreditar a sus autoridades, que en ninguna ocasión intervinieron, a pesar de que los “benefactores” portaban armas de fuego.
Notorio fue también que en medio de la pandemia, el 16 de mayo de 2020, dentro de una camioneta abandonada en Culiacán, se localizaron los cadáveres de varios individuos ejecutados. Uno de ellos correspondía al de José Rodrigo Aréchiga “El Chino Ántrax”, presunto líder de la célula criminal Los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa en Sonora. El 3 de junio fue hallado en una fosa clandestina, en Colima, el cuerpo de la diputada de Morena, Anel Bueno Sánchez, quien fue privada de la libertad el 29 de abril anterior en Tamala, municipio de Ixtlahuacán, mientras realizaba acciones de desinfección por el coronavirus.
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Uno de los crímenes que más impacto a la sociedad civil y a la esfera gubernamental fue el del Juez de Distrito, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa Verónica Barajas, ocurrido el 16 de junio de 2020 en la Capital de Colima. Sicarios del CJNG asesinaron al impartidor de justicia en su casa frente a sus dos menores hijos. Igual que en el caso de la diputada, solo hubo una persona detenida.
En el mismo mes, el día 26, se registró el atentado en contra del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por parte de un comando armado del referido grupo criminal. El funcionario resultó herido y más de 20 sujetos fueron detenidos.
Elementos de la Guardia Nacional se inmiscuyeron en otro problema el 6 de septiembre, cuando se les ordenó que respaldaran a personal de la Comisión Nacional del Agua en La Boquilla, en Chihuahua, para abrir las compuertas de la presa. Un enfrentamiento con comuneros motivó la detención de tres personas, que por la noche eran trasladadas a la Capital. Como los manifestantes seguían a las unidades oficiales, los guardias les dispararon, matando a la activista Jessica Estrella Silva e hiriendo a su esposo Jaime Torres. Se investigó a 17 uniformados, pero no se reveló el resultado de las investigaciones.
El último de los desgraciados eventos de 2020, que muestra el tamaño de la inseguridad en el país, se registró la madrugada del 18 de diciembre en Puerto Vallarta, donde fue asesinado a balazos el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en el baño del restaurante bar Distrito/5. Al exterior del establecimiento ocurrió una balacera en la que resultó herido uno de los escoltas del ex mandatario tapatío, emanado del Partido revolucionario Institucional. Hasta ahora se ha detenido a 14 personas, 13 de ellas por el delito de encubrimiento al alterar la escena del crimen, y otra por el delito de cohecho, pero no han sido capturados los asesinos materiales, por quienes se ofrece recompensa de un millón de pesos.
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
En el tema de la investigación y persecución de los delitos por parte del Estado mexicano también hay claroscuros, varios de ellos generados de una misma acción, como sucedió con la detención del presunto líder del grupo Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, presunto líder de Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, al ser señalado de ordenar la muerte de los estudiantes. El caso tenía pifias de origen, desde la administración de la PGR en tiempos de Enrique Peña Nieto, situación que se tuvo que enmendar para que Casarrubias no quedara libre.
Otro asunto de mucha relevancia que ha dejado mucho que desear, es el arribo a México, el 16 de julio de 2020, del extraditado ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para que responda por diversas acusaciones fincadas en casos de corrupción antes y durante la gestión del ex Presidente Peña Nieto. Lozoya no ingresó a prisión, aduciendo la autoridad que el ex funcionario fue internado en un hospital particular debido a una anemia grave y problemas en el esófago, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.
No solo recuperó su salud, también su libertad, al acogerse al programa de testigo colaborador que le ofreció la FGR como criterio de oportunidad para que, de ser condenado, tenga una reducción en su sentencia, siempre y cuando su colaboración ayude eficazmente a las autoridades a detener y sentenciar a otros participantes de los mismos hechos que se le imputan, sobre todo si son jerárquicamente superiores a Lozoya.
El ex director de la empresa petrolera mexicana presentó una denuncia por escrito, señalando a ex presidentes, ex funcionarios y políticos de recibir y repartir sobornos tanto en el caso Odebrecht, como en la compra de la planta de Agro Nitrogenados, hechos por los que aún no actúa la FGR, quizá esperando que se acerquen las elecciones.
A Lozoya, dos jueces federales le vincularon a proceso penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), pero se encuentra libre con vigilancia electrónica. Comparecerá ante la autoridad judicial hasta el mes de marzo, en una audiencia donde el Juez de Control resolverá si acepta o no el criterio de oportunidad planteado y se le tenga oficialmente en el proceso como testigo colaborador de la FGR en los casos de corrupción en los que está involucrado. La audiencia intermedia del proceso podría celebrarse después del 7 de marzo, cuando concluye el plazo para la investigación complementaria.
A su hermana Gilda le fue dictada una orden de aprehensión por los mismos asuntos, pero a la fecha no ha sido detenida.
El 3 de febrero de 2021, involucrado en el caso de la compraventa a sobreprecio de la empresa Agro Nitrogenados, también llegó extraditado de España, Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México. Tan pronto arribó, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, donde se realizó la audiencia de imputación, la suspendió por una descompensación metabólica del imputado, presuntamente por una falta de oxigenación básica con aumento de presión arterial. Más tarde se reanudó.
Acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, Ancira estaría dispuesto a regresar al Gobierno Federal por lo menos 200 millones de dólares del supuesto sobreprecio que Pemex pagó a AHMSA.
Un buen golpe de la administración de López Obrador, quizá el mayor hasta el momento, es la detención del presunto huachicolero José Antonio Yépez “El Marro”, la madrugada del domingo 2 de agosto de 2020 en Guanajuato. Era considerado el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de hidrocarburos, secuestro y narcomenudeo en al menos ocho municipios de esa entidad. Además de capturarle, el Ejército y la Policía Estatal liberaron a una mujer que se hallaba privada de su libertad. El criminal fue enviado al penal de máxima seguridad Altiplano, en Almoloya de Juárez.
En contraparte, un asunto no ha sido resuelto a pesar de las promesas de las autoridades y sigue causando impunidad es el de la Normal de Ayotzinapa, a seis años de haber ocurrido. Apenas en septiembre reciente, con motivo del aniversario del infausto hecho, se aseguró que existen avances, pero siguen en la misma línea de investigación que como se tiene la averiguación previa iniciada por la PGR en tiempos de Peña Nieto, aunque enderezando las acusaciones que se tambalean y las que se han caído.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, lo dijo: “Se avanza en dos líneas: por un lado la identificación, detención y castigo de los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los estudiantes, entre los que se encuentran integrantes del Cártel Guerreros Unidos, policías municipales, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como en la identificación y detención de las autoridades y servidores públicos que por acción, omisión o complicidad, incurrieron en delitos vinculados con la desaparición forzada”.
Quizá su mejor justificación ante los familiares de los normalistas que presionan el esclarecimiento del hecho, son las órdenes de aprehensión dictadas desde marzo de 2020 en contra del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, acusado de falsear la verdad histórica del asunto, al grado de considerarle un montaje, sobre el que extrañamente se siguen construyendo las nuevas pesquisas.
Zerón se encuentra escondido en Israel, después de pasar un tiempo en Canadá. También resultó curioso que fuese Encinas, y no el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien refiriera las líneas que se siguen en la investigación.
REINSERCIÓN SOCIAL
La atención de las cárceles en México continúa con serias deficiencias, al ser el último de los ejes del sistema de justicia penal mexicano que les interesa a las autoridades, y a pesar de que en campaña, y en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, se aseguró que se recuperaría el control de los penales “de las mafias que se enseñorean en ellos, combatir la corrupción de las autoridades carcelarias, establecer un régimen de respeto a los derechos de los internos, separar a los imputados de los sentenciados, garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres y dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos (…)”.
El tiempo ha transcurrido y muy poco de ello se ha hecho. Tan solo en 2020 se registraron diversos motines, riñas colectivas, homicidios y evasiones de presos que demuestran la escasa atención del gobierno hacia el sistema penitenciario, que si bien en su mayoría los fenómenos de sobrepoblación, autogobierno y violencia se registran en prisiones estatales, no se cuenta con apoyo de autoridades federales para mejorar los entornos. La asistencia se limita a trasladar a algunos internos a penales federales.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 29 de enero de 2021, cuando tres personas privadas de libertad se fugaron del Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Los tres individuos, Víctor Félix Beltrán, Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro, pertenecían al Cártel de Sinaloa y enfrentaban procedimientos de extradición internacional, pues Estados Unidos los reclamaba para juzgarles en Cortes de Distrito. Debían estar en una cárcel federal, pero no se puso atención en ello.
Pero eso no quiere decir que en los penales a cargo del Gobierno Federal todo marchaba bien. Desde finales de 2019 el ambiente que se vivía en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 2 “Occidente”, en Puente Grande, Jalisco, era insostenible. El narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” se había apoderado de espacios y tenía en un puño a las autoridades carcelarias. El problema de sobresaltos y violencia se agudizó con la pandemia, cuando se suspendieron los ingresos de la visita familiar e íntima.
La noche del 3 de junio, cuando salía de sus labores como subdirector técnico del Cefereso 2, ubicado en el municipio de El Salto, Marcos Alberto Corona Baltazar, fue seguido en el carro oficial que conducía, y sicarios le dispararon desde otros automotores para asesinarle muy cerca de la carretera libre a Zapotlanejo. Esa fue la gota que derramó el vaso para que las autoridades, desde la Ciudad de México, voltearan los ojos hacia lo que ya sabían que estaba sucediendo.
El proyecto de deshacerse de la responsabilidad de los viejos Cefereso, los más antiguos del régimen, se materializó con, primero, un traslado masivo el 1 de julio del penal de máxima seguridad de Puente Grande a otros Cefereso, y después, el 28 de septiembre con el cierre y desincorporación definitiva de esa cárcel federal del Sistema Penitenciario Nacional, argumentando su incosteable sostenimiento económico y que las instalaciones no servían para los fines que plantea el actual modelo de la reinserción social.
La realidad es que con el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa se concesionaron desde la construcción de los Cefereso 11 al 18 como de la prestación de servicios en favor de la Iniciativa Privada, en ventajosos contratos para empresarios, que desde 2011 se encargan de estos penales federales bajo el esquema de Contrato de Prestación de Servicios (CPS), pagando al gobierno una millonaria cantidad de dinero por toda la capacidad de los centros penitenciarios, siendo que algunos ni siquiera tenían la mitad de su cupo.
Por ello, además de desincorporarse el Cefereso 2 en septiembre, también se cerró el Cefereso 6 Sureste en Huimanguillo, Tabasco el 21 de octubre, y el domingo 27 de diciembre se dio también la desocupación del Cefereso 9 Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, para enviar a la mayoría de los presos a los distintos Cefereso: 17 CPS Buenavista, Tomatlán, Michoacán; y 18 CPS Ramos Arizpe, Coahuila.
En 2021 ocurriría lo mismo con el Cefereso 1 Altiplano, Cefereso 4 Nayarit, Cefereso 5 Veracruz, Cefereso 7 Durango y Cefereso 8 Sinaloa, para que todos los internos se encuentren en las prisiones concesionadas y en las que ya están pagados sus alimentos, salarios de servidores públicos y demás servicios, desde que cada uno de esos centros fue inaugurado.
