Severas omisiones jurídicas, inconsistencias y hasta afectaciones para propietarios de los ejidos que pertenecen a La Rumorosa, son algunas consecuencias de declarar a esa zona como Patrimonio Cultural de Baja California. Representantes de cuatro ejidos denunciaron que además de violar varias leyes, el Poder Ejecutivo no ha emitido una justificación clara para llevar a cabo este procedimiento, el cual vendría a perjudicar inversiones importantes en materia de energía eólica, previstas para el beneficio de cientos de familias y posesionarios de tierras
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El gobierno de Jaime Bonilla Valdez nos ha acostumbrado ya a las ocurrencias. El 20 de enero, en su transmisión en vivo realizada vía Facebook, el mandatario y el secretario de Cultura, Pedro Arath Ochoa Palacio, dieron a conocer el “encargo del gobernador” para nombrar a La Rumorosa un Patrimonio Cultural de Baja California.
En una breve exposición donde no proporcionó detalles, aseguró que se llevó a cabo todo el procedimiento jurídico correcto para brindarle este nombramiento simbólico que además genera una serie de responsabilidades para el Estado en materia de preservación.
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La promesa era que en días subsecuentes se expondría el tema con los representantes de los ejidos que se verían impactados con esta declaratoria, y para el 28 de enero se concretaría el proceso legal, lo cual no ocurrió.
La propuesta causó sorpresa en los representantes de cuatro ejidos que podrían ser afectados por esta medida, los cuales mostraron su inconformidad e interpusieron medios de impugnación contra la medida, toda vez que generaría afectaciones severas para sus intereses.
Además, denunciaron una serie de irregularidades y omisiones severas que violentan artículos constitucionales, leyes federales y locales, por lo que advierten que, de continuar con esta medida, se presentarán todos los recursos legales necesarios para impedirlo.
Entre las principales preocupaciones, se pondrían en riesgo importantes inversiones previstas y gestionadas para la explotación de energía eólica desde hace varios años, lo que genera ganancias mensuales para más de 400 familias y posesionarios que controlan arriba de 11 mil 500 hectáreas que comprenden el polígono del proyecto.
EL ANÁLISIS TÉCNICO
La declaración del secretario de Cultura, Pedro Arath Ochoa, no pasó desapercibida. Aquel 20 de enero, la propuesta circuló rápidamente por redes sociales debido a la gran afinidad que representa el paisaje inigualable de la extensión de la Sierra de Juárez.
Sin embargo, no fue acompañada de un trabajo estructurado por parte del Poder Ejecutivo.
ZETA tuvo acceso al expediente técnico que forma parte del dictamen que será presentado en próximos días ante el Consejo de Patrimonio Cultural, el cual consta de 26 páginas, de las cuales 14 son fotografías, otras son tablas y una más es una página prácticamente en blanco. El resto, son fragmentos de un libro del escritor Alberto Tapia Landeros y otros dos autores, quienes principalmente describen las características de la zona rocosa ubicada en el municipio de Tecate, una breve reseña histórica, el vínculo de los residentes de la zona con el paisaje peculiar y el orgullo que representa para los bajacalifornianos. Sus elogios proponen que dicha zona sea considerada Patrimonio de la Humanidad.
El expediente contempla la protección de más de 11 mil hectáreas de La Rumorosa, que comprende parte de los ejidos Jacumé, Emiliano Zapata (La Rosita), Cordillera Molina y Gustavo Aubanel Vallejo, además de algunos terrenos nacionales; dejando fuera las carreteras, casetas de cobro, zonas planas ideales para urbanización y los generadores de energía eólica.
El proyecto pretende incluir a La Rumorosa como una de las zonas protegidas debido a su belleza natural y cultural, y citan el Artículo 5 de la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California:
Artículo 5: Zonas protegidas: “Áreas geográficas unificadas que contengan una concentración de edificios, estructuras, sitios o elementos naturales con significado histórico, cultural y artístico, y cuya preservación sea de interés para los habitantes del Estado.
“c) Zonas de belleza natural y cultural: Los sitios o las regiones geográficas que contengan recursos humanos y culturales asociados con acontecimientos históricos o que posean relevancia por sus valores estéticos, plásticos o tradicionales. Además de la topografía, la flora y la fauna, estas zonas pueden incluir estanques, corrientes de agua, fuentes, veredas, escalones, muros, edificios, bancas y objetos escultóricos”.
Para ser nombrado Patrimonio Cultural de Baja California, el análisis técnico será incluido dentro de un expediente con opiniones de diversos sectores sociales, incluyendo alegatos por parte de los inconformes. Posteriormente se presentará la propuesta ante el Consejo de Patrimonio Cultural, comprendido por el gobernador, el director (o secretario) de Cultura, el secretario de Educación, el de Hacienda, de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Territorial (SIDURT), de Turismo, de Protección al Ambiente, un representante de cada Ayuntamiento, un representante de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), un representante de los colegios de ingenieros civiles y arquitectos, un diputado y un representante de alguna agrupación o sociedad civil dedicada a la preservación de este tipo de zonas protegidas.
Tras el análisis y votación, se define la declaratoria y se oficializa al anunciarse en el Periódico Oficial del Estado.
EJIDATARIOS INCONFORMES VAN CONTRA DECLARATORIA
Tras darse a conocer la intención del gobernador Jaime Bonilla Valdez, un grupo de ejidatarios se movilizó para identificar las afectaciones o repercusiones que representaría una modificación en el esquema actual en el que prevalece La Rumorosa.
En entrevista con ZETA, representantes y abogados de los ejidos Jacumé, Emiliano Zapata, Cordillera Molina y Gustavo Aubanel Vallejo, externaron su inconformidad y compartieron que ya presentaron la primera impugnación ante este proyecto, argumentando que existen varias violaciones a la Constitución Federal y leyes tanto federales como locales.
Los abogados Alfredo Vizcarra Rivera, Álvaro Meza, Alejandro Pérez García y Adolfo Alvarado, respectivamente, coincidieron en que más de 400 familias y posesionarios de terrenos en La Rumorosa serán afectados por esta medida.
En sus alegatos fijados en el documento DPCP-01-2020, presentado por el abogado Alejandro Pérez García, representante de Cordillera Molina, expuso que todo el polígono que pretende “protegerse” es terreno ejidal, el cual se rige bajo un esquema federal, según lo establecido en el Artículo 27 constitucional.
“Un procedimiento estatal no puede comprender tierras de esta naturaleza. En ese momento en el que el ICBC tuvo conocimiento de ello, debió acordar su exclusión porque no tiene competencia; esta disposición constitucional es muy clara, son terrenos federales”, refirió el abogado, quien agregó que hasta la propia Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hizo referencia en este tema cuando se le solicitó un estudio técnico de la zona.
Álvaro Meza, abogado experto en materia rural, comentó que otro de los puntos débiles de la propuesta, es que las zonas consideradas de “belleza natural y cultural”, deben ir emparejados con el desarrollo humano, la relevancia histórica o cultural.
Aseguró que nadie duda de la belleza de la zona, pero sugirió que el Gobierno del Estado se está equivocando de esquema o de procedimiento, puesto que dicha zona no cuenta con estas características.
Zonas como Casa de Piedra o El Vallecito, donde se ubican las conocidas pinturas rupestres de la cultura Kumiai, bien podrían ser consideradas como tal, pero esto representa 500 u 800 metros, no así 11 mil 700 hectáreas, por lo que -considera- no está justificada la solicitud.
A su juicio, el Gobierno del Estado confunde la declaración de un Área Natural Protegida con la declaratoria de Patrimonio Cultural, pues su justificación encuadra más en un tema ecológico y de preservación del paisaje, la flora y la fauna, que de una intervención o actividad humana.
Sin embargo, declarar una zona protegida por sus características naturales, obliga al Estado a expropiar las tierras y, por ende, a ofrecer una indemnización.
Para dimensionar, una empresa de energía arrendó 120 metros en la punta de un cerro y paga 11 mil pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA) por metro cuadrado al mes.
El abogado Pérez García, aseguró que se violaron los procedimientos legales establecidos en la Ley de la Preservación del Patrimonio Cultural, debido a que no otorgaron una justificación técnica seria sobre la necesidad, interés o valor en declarar dicha zona como un área protegida, ya que en el expediente solo obran dos páginas de fundamentación.
LAS AFECTACIONES ECONÓMICAS
En marzo de 2020, cuando ya se manifestaban los primeros estragos de la pandemia ocasionada con el SARS-CoV-2 en la entidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video desde un mirador de La Rumorosa, donde arremetió contra las plantas generadoras de energía eólica instalados en la zona, las cuales -señala- dañan el inigualable paisaje montañoso de la extensión de la Sierra de Juárez.
No pasaron ni dos meses cuando el 5 de mayo se presentó la solicitud formal para declarar a La Rumorosa como Patrimonio Cultural del Estado.
Adolfo Alvarado, representante del Ejido Jacumé, expuso que el nombramiento vendría a afectar los proyectos de inversión que llevan siete años gestionándose en la zona de La Rumorosa.
“Estamos incluidos en el área donde ya está rentada, y nos dicen que tenemos una expansión, tenemos más trámite y nos afecta la declaratoria, como ejido tenemos que hacerle frente y pues obviamente para no caer en un problema legal de la empresa, a mí me afectas tres generadores, estás hablando tierra que tú me arrendaste”, detalló.
Ejidatarios no quisieron proporcionar detalles del monto que reciben por parte de las empresas de energía que tienen instalados los generadores, pero en el caso de uno, solo en su ejido 80 familias reciben dinero directo del arrendamiento, el cual sirve para su sustento.
De declararse zona protegida ya no podrían hacer uso libre de sus tierras, el gobierno tendría que autorizar cualquier construcción en la zona, ponderando la preservación del patrimonio. Esto se contempla en el Artículo 27 de la misma Ley, donde se indica que se requerirá un dictamen para otorgar cualquier permiso de construcción o actividad en la zona protegida.
ZETA solicitó durante varios días una entrevista con el secretario de Cultura, Pedro Arath Ochoa Palacio, y con el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, pero hasta el cierre de edición (jueves 4 de febrero), ninguno atendió la petición.
