Los afectados acusan que durante la pandemia tuvieron inspecciones y revisiones constantes, algunos con la amenaza de clausura de sus clínicas y consultorios; otros recibieron solicitud de “cuotas” para seguir operando
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Por más de 20, años el doctor Cristo Rey Armenta atendió a la comunidad de la colonia La Morita, sin ningún problema y renovando los permisos correspondientes cada que era necesario, hasta el pasado 8 de septiembre de 2020 cuando personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgo Sanitario (Coepris) llegó al establecimiento para realizar una inspección de rutina.
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Al día siguiente, a través de un boletín de prensa, la dependencia sanitaria informó sobre la clausura de la clínica por presuntamente no contar con la licencia para transfusión de sangre para el quirófano que ahí operaba, por no contar con aviso de funcionamiento de la farmacia, tener medicamento caducado y tener material de uso exclusivo de la Secretaría de Salud.
“En la primera visita solo clausuraron la parte de abajo, el consultorio, la farmacia, el quirófano. Pusieron los sellos y a los días fuimos a solicitar que los removieran para que pudiéramos trabajar en la corrección de las irregularidades que nos señalaban, pero hasta la fecha no lo han permitido”, expresó el doctor responsable de la clínica.
A partir de la clausura, el médico ha interpuesto varios recursos legales para que la autoridad estatal le permita reabrir las puertas de la clínica debido a la necesidad de servicios médicos que tiene la comunidad. Sin embargo, ha sido víctima de abuso de autoridad e intento de extorsión por parte del comisionado David Gutiérrez Inzunza y parte del personal encargado.
Posterior a la primera visita y la suspensión que se realizó del primer nivel de su clínica, Armenta acudió en compañía de su abogado y administrador a las instalaciones de Coepris a presentar un escrito que se le había pedido para iniciar el trámite de la corrección de las supuestas irregularidades que se encontraron.
Una de sus propuestas de mejora fue eliminar el quirófano y limitar su servicio al consultorio médico que por años ha funcionado en atención de los vecinos de la colonia La Morita, para poder llevar a cabo esto requería que la autoridad reubicara los sellos que colocó en las puertas del inmueble.
El médico compartió con este Semanario, que en su visita a las oficinas de Coepris fue amedrentado por Gutiérrez Inzunza, quien le aseguró que por ningún motivo le iba a permitir la reapertura de la clínica y que lo mandaría investigar en todas las instancias locales que tenía a su disposición.
“Ahí fue donde empezó todo. Hemos ido a todas las instancias posibles (tanto estatales como federales) para interponer recursos y nunca resuelven a favor de nosotros, a pesar de las evidencias y constancias que presentamos”, expresó.
A las semanas, el doctor recibió la llamada de uno de los inspectores, identificado como Julio Omega Rodríguez Robles, quien lo citó en una plaza comercial de la zona para hablar y llegar a un acuerdo. El acuerdo era que debía pagarle una cantidad por 100 mil pesos para que le permitieran abrir las puertas y seguir operando. No aceptó.
Posteriormente ocurrió una segunda visita por parte del personal de Coepris, pero en esa ocasión fueron a colocar sellos en los consultorios que el médico renta en el segundo nivel de sus instalaciones.
“No revisaron nada. Solo colocaron sellos en todos los consultorios; solo les faltó clausurarnos el baño y la cocina”, detalló. Los consultorios eran rentados a profesionistas de la salud como psicólogos, dentistas y una cosmetóloga, que a pesar de presentar también escritos en los que explican que no formaban parte de la clínica, no se les ha permitido sacar sus pertenencias ni remover los sellos de las puertas.
Piden más de 100 mil pesos para no cerrar
El médico Cristo Rey Armenta interpuso una denuncia penal en contra del personal de Coepris, por los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada y coalición de servidores públicos; esto en el mes de noviembre, posterior a un segundo intento de extorsión por parte del personal de la dependencia estatal.
En entrevista con ZETA, admitió que en una ocasión aceptó entregarles el dinero que le pedían (mil 500 dólares) con tal de abrir de nuevo las puertas de la clínica y poder seguir laborando.
“En estos meses, muchos me han pedido que los atienda, por el motivo de la pandemia; les digo que no puedo porque está cerrado el consultorio y me dicen que los revise en su carro. Pero no puedo, no quisiera ponerlos en riesgo y mejor les recomiendo que busquen a otro médico”, compartió.
En los primeros meses de la clausura, permitían que una persona acudiera a limpiar el estacionamiento del lugar, para tratar de mantenerlo lo más limpio posible, hasta que notaron que diariamente un inspector pasa por la zona y si ve movimiento en la clínica, se acerca para averiguar si están en funciones.
“Hay una persona que vende comida aquí afuera, dice que el inspector se ha bajado de su vehículo para preguntarle si hay gente adentro. Por eso ya no hemos venido ni a limpiar, no queremos tener más problemas”, dijo.
Añadió que también tuvo que liquidar a su personal; en los primeros meses le fue posible continuar pagando sus sueldos, con la expectativa que el problema se podría resolver rápido, pero conforme han pasado los meses la cuestión económica se fue complicando.
Pero la clínica Cristo Rey sería apenas una de las decenas de víctimas de extorsión en la periferia de la ciudad. Otros, por temor y por necesidad han accedido a pagar las cantidades de dinero que les piden sin denunciar a las autoridades.
“Estamos pasando por una situación sanitaria difícil, era el peor momento para cerrar nuestras puertas y dejar a nuestros pacientes sin servicios de salud”, expresó otro de los afectados, que por cuestiones de seguridad optó por omitir su nombre.
Explicó que varias clínicas y consultorios particulares de colonias como La Morita, Mariano Matamoros, El Pípila y El Florido han recibido la visita de inspectores que se identifican como empleados de la Coepris, realizan una inspección y después de citarles una serie de irregularidades que supuestamente incumplen, les dicen que pueden seguir operando si pagan cantidades desde los 100 mil pesos para continuar abiertos.
“Lamentablemente, varios hemos aceptado. Hemos visto lo que pasó con la clínica Cristo Rey, que por no pagar no han podido abrir de nuevo”, argumentó.
También por el ejemplo que han visto en la clínica de La Morita, es que no se han animado a denunciar de manera formal; “no ha pasado nada, no hemos visto que se haya castigado a nadie, eso nos da más temor”, añadió.
Coepris lo niega
En una breve entrevista telefónica, el comisionado de la Coepris David Gutiérrez Inzunza negó que inspectores a su cargo estén extorsionando a médicos. Comentó que los establecimientos suspendidos y sancionados han funcionado de manera irregular por varios años, hasta que entró en funciones esta administración estatal, y recalcó que no se presta a continuar con las viejas prácticas sus antecesores.
En referencia al caso de la Clínica Cristo Rey, desmintió que se esté acosando a su propietario, admitió que atendió de manera personal al propietario y a los representantes que ha mandado posteriormente.
“Si alguien tiene una queja de este tipo, debe acudir a la Secretaria de la Función Pública y Honestidad, porque nosotros no vamos a tolerar estos actos. La política del señor gobernado es de cero tolerancia a la corrupción”, expresó el funcionario.
“Lamento mucho que el doctor Cristo Rey no haya acatado las observaciones, y me ha enviado a cinco personas sin la facultad jurídica para tratar este tema. Si dice que otros han sido extorsionados y por eso siguen operando, es falso, son pocas las clínicas que no han acatado las observaciones hechas por Coepris”, añadió el Comisionado.
