La lucha de policías, peritos, ministerios públicos y personal penitenciario por obtener derechos mutualistas no ha concluido. La promesa del gobierno era que para 2021 comenzarían a gozar de los beneficios de la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado, pero no todas las autoridades municipales y estatales han respondido al llamado, pues las carencias e irregularidades prevalecen, como el hecho de recibir descuentos salariales inesperados, retención de compensaciones y una serie de necesidades para la mínima operación. Actualmente miles de policías trabajan “bajo protesta”
Descuentos al salario, retenciones inesperadas, hasta peticiones para el pago de sus propios exámenes antidopaje y la reducción de dinero para comisiones y ayudantías, son parte de las quejas que inconforman a elementos de las corporaciones municipales, de la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), policías estatales y Custodia Penitenciaria de Baja California; además de peritos, ministerios públicos y otros entes encargados de la atención de la prevención y procuración de justicia de esta entidad federativa.
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La lucha por que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos reconocieran las necesidades de seguridad social de las corporaciones policíacas comenzó hace más de tres años, pero en la última etapa se ha convocado a acciones más enérgicas, como la inédita manifestación en la explanada exterior del Centro de Gobierno en Mexicali el 23 de noviembre de 2020.
La petición de los líderes de las 13 agrupaciones de policías de Baja California, es que se lleven a cabo reformas legales que garanticen un retiro digno y mejores condiciones mutualistas para protegerse ellos y a sus familias.
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Tras aprobarse el recurso económico y las modificaciones legales, además de publicarse una nueva Ley de Seguridad Pública del Estado, parecía que la lucha había concluido, pero a más de un mes de iniciado 2021, la situación se encuentra en un impasse en el que les han sido retenidos recursos sin explicación, además de recortes en otros rubros.
Desde hace dos semanas, grupos de policías han convocado a manifestaciones simbólicas y mediáticas -incluso un reducido sector que no pertenece a las asociaciones hasta a paros laborales- con el objetivo de ejercer presión hacia el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, y el titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, Salvador Morales Riubí, para que rindan una explicación. Nadie les ha respondido.
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LAS PETICIONES
Luego de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado, los policías de Baja California comenzaron a trabajar en torno a la reglamentación de cada ente gubernamental para ofrecer los beneficios mutualistas de seguridad social.
Mientras en algunos municipios como Mexicali y Ensenada, las mesas de trabajo se plantearon de forma casi inmediata, en Tecate, Tijuana e instituciones como la propia Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sistema Penitenciario, el tema pasó inadvertido.
En diciembre, el Congreso del Estado autorizó una partida al Poder Ejecutivo por 400 millones de pesos para dispersar a la FGE y a los diversos municipios, con el objetivo de que se emprendieran los fondos de aportaciones mutualistas para las corporaciones policíacas.
La nueva Ley establece un plazo de 90 días para presentar la reglamentación, pero a la mitad del tiempo, algunas instituciones ni siquiera han iniciado las mesas de trabajo para definir un esquema de trabajo.
Entre los principales inconformes, se encuentran los cuerpos de seguridad de la FGE, del Sistema Penitenciario y la Policía Municipal de Tijuana, incluso están convocando a una manifestación para el 18 de febrero en el Monumento al Policía Caído.
Aquí algunas de las exigencias de la Confederación de Asociaciones de Policías de Baja California, encabezada por Alejandro Monreal Noriega:
– Participar en la actualización del Reglamento de Servicio Profesional de las diferentes corporaciones.
– Conformar una comisión de vigilancia donde tengan representación y puedan observar el manejo del recurso.
– Una mesa de trabajo que dé solución a las necesidades básicas en la operatividad de los cuerpos de seguridad (mantenimiento de equipo, chalecos, armamento, entre otras cuestiones).
– Explicación en torno a los salarios reales de los miembros de algunas corporaciones, como la FGE, que han visto una inexplicable reducción de su sueldo.
Cuauhtémoc Pérez Regalado, uno de los agentes del Sistema Penitenciario más acosados por sus superiores, al grado de ser cambiado -sin ayudantía- de su comisión en el municipio de Tecate al Centro de Tratamiento para Adolescentes (CTA) desde que inició con las manifestaciones, comentó que en lo que respecta a su sector, el rezago es aún peor que el de las otras instituciones y no parece que los superiores le tomen importancia.
“Las necesidades son los compañeros con más de 30 años de servicio que no accederán a una pensión o que tienen accidentes de trabajo, sin pensión y los tienen bajo licencia médica a los afortunados, a los otros sin goce de sueldo, sin darles cómo deben tramitar su documentación, nomás les ponen trabas. Otra de las cosas muy serias que se puso, es que la vida de los compañeros se les ignoró, después de la manifestación, solo firmaron un documento y no les han dado ningún dinero ni llamada de qué va tu proceso (sic)”.
Agregó que los internos que tienen comisión en El Hongo, históricamente han recibido una ayudantía para poder desplazarse desde Tecate, Tijuana o Mexicali. Sin embargo, este año se modificó el esquema y ahora solo se les entregan comisiones, lo que representa un pago menor y se retrasa en cubrirse.
Además, no se les ha otorgado el equipamiento necesario para cubrir las necesidades mínimas del servicio, e incluso que existe un déficit importante de custodios en los penales de la entidad, lo cual representa un riesgo para el personal.
RETENCIONES IRREGULARES
Uno de los principales motivos por los que se agravó la postura de algunas corporaciones de seguridad, sobre todo de la GESI, se debe a la retención de una parte de su compensación y del recurso para el fondo de pensiones.
ZETA conversó con algunos agentes de la GESI, quienes dijeron desconocer los motivos del cobro que representaba una parte importante de su sueldo, lo cual coincide con lo expresado por Pérez Regalado, quien refirió que las retenciones rondaron de los 300 a 600 pesos por pago a integrantes del Sistema Penitenciario.
En entrevista, el fiscal Hiram Sánchez Zamora, explicó sobre la primera inconformidad que a raíz de que concluyó el proceso de separación de la FGE con el Poder Ejecutivo y volverlo un ente independiente, algunos procesos financieros tuvieron que detenerse.
Concretamente, aseguró que -anteriormente- la compensación era un recurso que previo a su depósito en las cuentas de los trabajadores, tenía que hacerse de conocimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de una transacción.
Sin embargo, como la nueva personalidad adquirida por la FGE se sometió a una revisión, tuvo que firmar un convenio con la institución federal, lo que tardó algunas semanas en regularizar el flujo de efectivo.
De acuerdo con el fiscal, retuvieron un millón 351 mil 465 pesos y un millón 260 mil 735 pesos del primero y segundo pago de la compensación, pero se comprometió a que en el transcurso de esta semana volvería a la normalidad.
Respecto al fondo de pensiones, Sánchez Zamora declaró que estas retenciones corresponden al 14% del salario de cada uno de los funcionarios de la FGE, lo que representa un total de 2 millones 084 mil 504.41 y 2 millones 493 mil 290.03 pesos en los pagos de las dos catorcenas.
Cuestionado respecto a si pueden realizar este tipo de descuentos sin contar con una reglamentación que lo sostenga, afirmó que sí, debido a que es la medida prevista por policías y la FGE, ya que corresponde a las retenciones establecidas en el reglamento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja California (Issstecali).
El fiscal aseveró que el dinero está asegurado en cuentas bancarias y forma parte del proceso de creación del fondo de pensiones. Sin embargo, reconoce que les ha hecho falta socializar el tema para brindar seguridad a los agentes, “les hemos dicho de esta reforma de esa nueva Ley de Seguridad Pública donde se contempla este fondo y lo que hemos hecho es informarles a todos de su salario, qué es lo que aporta la FGE de lo que aportará el Gobierno del Estado”, refirió.
El fondo se conforma del 3% del salario que ya se retenía a los trabajadores para brindar servicios del Issstecali, al que ahora se suma el 14% también de su salario. Esto será complementado con el 20% que erogará el Poder Ejecutivo.
Alejandro Monreal Noriega aceptó que existen ciertas dudas debido a que no se sabe específicamente a qué “base salarial” se realiza esta retención, toda vez que siempre ha existido incertidumbre en el sueldo de los agentes estatales, lo que ha sido uno de los reclamos más señalados en sus peticiones.
El también ex director de la Policía Municipal comentó que los agentes de la GESI encuentran una grave preocupación que no se les ha explicado. Y es que de apegarse a la Ley del Issstecali en la materia, podrían perder su antigüedad, situación que nadie les ha aclarado, por lo que la Confederación de Policías exige el diseño de un esquema para los policías que tienen mayor edad o más de 10 años cumplidos en la corporación, y no empiecen a cotizar desde el día de la publicación.
Sánchez Zamora coincidió en la solicitud de cuerpos policíacos en torno a que desean formar parte de la comisión de vigilancia que garantice el flujo del dinero, a lo que mostró su respaldo, pero existen algunas cuestiones que aún se analizan tanto con los agentes como con el propio Issstecali para establecer si definirán un nuevo reglamento o se someterán al que ya existe.
Sin embargo, estos no son los únicos descuentos que generan dudas dentro de la GESI. ZETA solicitó información en torno a otras situaciones y dudas sobre sus salarios y los respectivos descuentos. En un documento expresaron que desde 2019 comenzaron a documentar descuentos vía nómina para el pago de aseguradoras como MetLife, Argos, Axxa e incluso Infonavit y de préstamos bancarios. Sin embargo, estos no fueron reflejados en los diversos proveedores, ocasionando que algunas aseguradoras dejaran de ofrecerles cobertura, y en otros casos, fueron incluidos en el Buró de Crédito por impago.
También se les disminuyó un recurso para transporte, apoyo identificado como “canasta básica”, se retiró un bono de Bienestar y hay incertidumbre en algunas bonificaciones que habitualmente se entregaban, se han retrasado.
El próximo 18 de febrero, policías municipales de Tijuana, encabezados por Noé Ramírez Ibarra, presidente de la Asociación de Policías de aquel municipio, llevarán a cabo una manifestación simbólica en el Monumento al Policía Caído, donde están convocando a todos los agentes, independientemente si están en servicio. La intención es visibilizar la problemática de la corporación que exige abrir las mesas de diálogo para realizar el reglamento correspondiente antes de cumplir los 90 días establecidos en la Ley de Seguridad Pública del Estado.
