Tan solo en los primeros dos años de la actual administración federal, han sido asesinados 10 presidentes municipales, 19 ex alcaldes y un ex gobernador. En 2021 ya han muerto de forma violenta un primer edil, un regidor y fue secuestrado un ex alcalde que buscaría nuevamente la presidencia municipal en Mezquitic, Jalisco. Será un año muy complicado en materia de inseguridad y violencia por las elecciones, asegura el consultor jurídico Jorge Huerta Partida. Impedir la infiltración de la delincuencia organizada será una de las asignaturas de cara a los comicios del 6 de junio
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Álvaro Madera López es el nombre del ex alcalde de Mezquitic, municipio de la zona Norte de Jalisco, que desapareció el 4 de febrero de 2021 tras acudir a Huejuquilla El Alto a una reunión política, pues tenía la intención de volver a ser alcalde y en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaba anotado como único aspirante a ser el candidato por la primera regiduría. Hasta el momento no se conoce su paradero y su familia teme lo peor.
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El miedo de que pueda tratarse de un secuestro y sea privado de la vida es fundado. En México, durante la actual administración federal, desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, han sido asesinados 54 funcionarios municipales y un ex gobernador. Del recuento se sabe que 10 de las víctimas eran presidentes municipales en funciones y 19 ex alcaldes, además de nueve regidores, siete directores de dependencias, tres síndicos y seis funcionarios de relevantes cargos.
La familia de Álvaro no desea que a su pariente le pase lo que a otros ex primeros ediles de su entidad o al ex gobernador jalisciense Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, cuyo homicidio tiñó de rojo a la entidad federativa en la segunda quincena de diciembre de 2020. Y lo que es peor, que los crímenes no se resuelven en su totalidad y solo se registran avances por parte de las autoridades persecutoras del delito, para después dejar las carpetas de investigación archivadas.
El actual 2021, año electoral, no inició bien en ese rubro. El 2 de febrero, en un estacionamiento cerca del Palacio Municipal de Tecate fue asesinado el regidor Alfonso Zacarías Rodríguez, tras haber acompañado a la alcaldesa Zulema Adams en un acto de entrega de cobijas y apoyos sociales en la zona de La Rumorosa, límite entre Tecate y Mexicali. Un sujeto se le acercó cuando se dirigía a pagar y le disparó por lo menos en cuatro ocasiones con un arma de fuego.
Dos días después, en la colonia Juchi en Chahuites, Oaxaca, fue victimado a tiros el presidente municipal en funciones, Leobardo Ramos Lázaro, quien circulaba a bordo de su camioneta particular por una de las calles y fue alcanzado por tres individuos que viajaban en una motocicleta; uno de ellos le disparó con una pistola en repetidas ocasiones, para después escapar.
Ambos sucesos se convirtieron en los primeros del año, pero podrían no ser los últimos, pues el factor electoral convierte a 2021 en una anualidad que será muy complicada, a decir del jurista Jorge Huerta Partida, quien advierte que independientemente de los conflictos personales que pudiesen tener los funcionarios designados por elección popular y sus subalternos, está visto en hechos que candidatos, servidores públicos de alto nivel y políticos que han ocupado ese tipo de cargos, son dirigidos por la delincuencia.
“Lamentablemente son conocidos los casos de arreglos entre funcionarios con la delincuencia, y debemos tener mucho cuidado porque muchas familias y la ciudadanía andan en la calle, y pareciera que no hay Estado de Derecho en México”, apuntó Huerta, para quien no es un secreto la vinculación entre políticos y los financiadores de sus campañas que derivan en el compromiso de retribuir a los benefactores a través de decisiones de Estado.
Para el maestro en Derecho, se debe impedir que existan cuentas por saldar entre políticos de todos niveles y personas que le inyectan dinero al proceso electoral, entre quienes figuran empresarios, artistas, deportistas e individuos de dudosa reputación y anónima identidad: “La contienda queda en riesgo cuando los grupos de la delincuencia organizada interfieren, eliminan candidatos, apoyan económicamente a otros, se infiltran en municipios, corrompen el proceso o desincentivan la participación popular. Mucho ojo con eso”.
ALCALDES ASESINADOS
México ya vivió el periodo electoral más sangriento de la historia contemporánea cuando, previo a los comicios de 2018, fueron asesinados 48 precandidatos y candidatos, pero también otras decenas de funcionarios estatales, municipales, diputados y dirigentes de partidos políticos. Por desgracia, para algunos de los actores que salieron victoriosos de las elecciones, al iniciar su mandato les llegó la hora, y a otros al terminar con sus funciones.
En los sexenios federales anteriores, hubo 49 alcaldes y ex alcaldes asesinados bajo la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), mientras que en el periodo de Enrique Pena Nieto (2012-2018) fueron 85 los presidentes y ex presidentes municipales abatidos por la delincuencia. En poco más de dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ya son 29 los primeros ediles y ex ediles privados de la vida, si no es que, con el caso de Álvaro Madera, la cifra incremente a 30.
La danza de la muerte comenzó el 10 de diciembre de 2018, cuando en Juárez, Coahuila, fue privada de la libertad y seis días después encontrada sin vida, la alcaldesa Olga Gabriela Kobel Lara (PRI), inhumada clandestinamente con impactos de bala. El crimen se atribuyó a un contratista con el que la víctima mantenía una relación laboral y afectiva.
El primer día de 2019, luego de asumir su cargo como presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago (Morena) fue asesinado a balazos junto con el síndico Perfecto Hernández.
El 23 de abril, en el poblado Cortijo Viejo, municipio de Coeneo, Michoacán, se localizó el cadáver del alcalde de Nahuatzen, David Otlica Avilés (PRD), quien horas antes fue extraído violentamente de su casa por un grupo armado. Un día después, fue ejecutada la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Maricela Vallejo Orea (Morena), cuando circulaba en su automotor acompañada de su esposo por la carretera Zongolica-Orizaba, en las inmediaciones de la comunidad Atlanca. Un comando armado a bordo de otros vehículos dio alcance a la pareja y les dispararon.
La alcaldesa de San José Estancia Grande, en Oaxaca, Carmela Parral Santos (PRD) fue localizada sin vida el 16 de agosto de 2019, con impactos de bala dentro de una camioneta, junto con el del delegado de la Zona Costa de Protección Civil, Hugo Castellanos, sobre una carretera en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. El 29 de octubre, fue asesinado el presidente municipal de Valle de Chalco, Estado de México, Francisco Tenorio (Morena), por un sujeto al que le dio un “raite” y le disparó a la cabeza. El agresor fue detenido.
Ese año cerró con el homicidio del alcalde de San Felipe Jalapa de Díaz, Arturo García Velásquez (Morena), y el síndico Javier Terrero el 23 de diciembre. Un comando armado irrumpió en el DIF, donde se realizaba un convivio navideño y mató al edil que dos meses antes estuvo preso, acusado de delincuencia organizada y otros delitos que no le fueron probados.
Durante 2020, la violencia decreció contra los presidentes municipales, sin embargo, dos no escaparon de ella. Uno fue Carlos Ignacio Beltrán Bencomo (PRD), alcalde de Temósachic, Chihuahua, cuyo cadáver fue localizado el 28 de septiembre a un costado de la carretera en una región serrana, tras ser levantado por sujetos armados. El 11 de noviembre, la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín (PRD), fue hallada sin vida en el municipio de Medellín de Bravo; murió a manos de un comando.
Otro crimen relevante, aunque no se trataba de un funcionario municipal, fue el del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (PRI), quien la madrugada del 18 de diciembre del año próximo pasado, fue atacado a balazos al interior del bar Distrito/5 en Puerto Vallarta por dos sujetos (un hombre y una mujer) que se le aproximaron por la espalda cuando se dirigía al baño y le dispararon a corta distancia. A la fecha, el crimen no se ha aclarado y solo se ha detenido a trabajadores del bar por borrar indicios.
El más reciente de los homicidios de políticos de primer nivel, es el registrado el jueves 4 de febrero en agravio del alcalde reelecto de Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro (Morena), al que sujetos motorizados le dispararon cuando viajaba en su camioneta por calles del poblado. Ramos era señalado por sus detractores de haber matado un año antes a Modesto Valencia, líder del Frente Democrático Pro Defensa del Pueblo, quien le había denunciado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto enriquecimiento ilícito estando al frente del Ayuntamiento de Chahuites.
SIN INVESTIGACIÓN
El maestro Jorge Huerta Partida, abogado penalista destacado y quien ha figurado como coadyuvante en asuntos donde la víctima es ex funcionario municipal, destaca que son dos los factores por los cuales las autoridades no revelan los resultados de las investigaciones de este tipo de crímenes, entre los que se cuentan ejecuciones y levantones. Uno es la incapacidad de los agentes del Ministerio Público y sus superiores que fueron impuestos por compadrazgos políticos y no por su perfil; y otro, por falta de voluntad, pues a algunas figuras de autoridad no les interesa esclarecer los hechos.
En el primero de los supuestos, el litigante señala que muchos servidores públicos en las fiscalías “no reúnen los perfiles adecuados para desempeñar esas funciones, inclusive, resulta que mucho tiempo después se da a conocer a la luz pública que ni siquiera aprobaron los Exámenes de Control y Confianza, y aun así los dejan en sus cargos”.
En cuanto a la falta de interés de investigar, “hay cuestiones políticas de muchos intereses con altos funcionarios inmiscuidos en ellos, que también llegan a tener vínculos con la delincuencia organizada; tenemos un caso muy claro, el del exgobernador de Jalisco, maestro Aristóteles Sandoval, que curiosamente las personas detenidas, lo están por cuestiones de encubrimiento, por haber limpiado la escena del crimen, pero resulta que a ellos les dieron instrucciones para hacerlo. Imagínense nada más, en vez de enfocarse a ver el móvil real, cuál fue la causa y quiénes los autores intelectuales, las autoridades tratan de desviar la atención con la detención de personas, que estoy de acuerdo, cometieron acciones ilícitas, pero estamos hablando de que se pusieron a limpiar el lugar de los hechos por órdenes de sus patrones”, asegura el entrevistado.
Luego de lamentar que el Estado de Derecho no exista en nuestro país, Huerta Partida argumentó que la delincuencia rebasó totalmente a las autoridades, dando sesgos políticos a la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia. “Esos aspectos son situaciones muy delicadas y que tienen a la ciudadanía asustada todo el tiempo, que no queremos salir de nuestras casas, con grandes medidas de seguridad que hemos tomado, equipos de video vigilancia, alarmas, mallados, armas que tenemos registradas en nuestros domicilios. Ya no salimos a determinadas horas de la noche, porque la calle está tomada por la delincuencia, y las autoridades totalmente rebasadas”.
Por último, exhortó a las autoridades electorales, a las instituciones gubernamentales y a la sociedad, a vigilar el proceso de precandidaturas y candidaturas, así como los comicios del próximo 6 de junio, para evitar la infiltración de políticos que sean patrocinados por la delincuencia organizada o sumisos a las exigencias de los cárteles, para evitar los clásicos gobiernos que no ven y no oyen, y por lo tanto no actúan y protegen las acciones de criminales.
