La apuesta de la Secretaría de Economía es revivir un programa para verificar vehículos, que asegura, será diferente al impuesto por gobiernos panistas. Sin embargo, su costo y resultados están supeditados al número de verificaciones que se hagan y al uso de gas natural
Desde la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California se alista un “nuevo” Programa de Verificación Ambiental, previsto para iniciar el próximo verano para vehículos públicos y privados de uso intensivo, y en una segunda etapa se obligará a verificar al resto de automóviles privados antes de que concluya el mandato de Jaime Bonilla Valdez, en noviembre de 2021.
Fuentes consultadas por ZETA refieren que la dependencia -encabezada por Mario Escobedo Carignan- se inclinará por darle la concesión por 15 años a Worldwide Environmental Products (WEP), empresa estadounidense que proporcionará el software con el que se harán las verificaciones ambientales.
Aún se discute si el gobierno estatal pondrá los sitios y su acondicionamiento físico, presumiblemente en lugares distintos a los que operaban los verificentros concesionados por los gobiernos panistas anteriores; o si también los sometería a adjudicación directa y/o licitación. Tarea que recae en la Secretaría General de Gobierno de Amador Rodríguez Lozano.
Lo que parece claro es que aun cuando el Programa de Verificación Ambiental podría implicar desembolsar al menos 120 millones de pesos al año para los bajacalifornianos, la disminución de la contaminación ambiental en el Estado no será por su aplicación, dado que “un programa de verificación vehicular exitoso puede mejorar la calidad de aire por el orden del 30%, pero el parque vehicular que no está emplacado (autos chocolate), es el más viejo, el más contaminante”, y aún no hay forma para obligarlos a la verificación.
Considerando que en años anteriores alrededor de 400 mil vehículos (que tenían las mejores condiciones mecánicas) se sometieron a la verificación, y de ese total 20% fue rechazado, en el mejor de los casos el margen de mejora de calidad del aire del programa de verificación es ese 20%, porque serían los automóviles que hagan reparaciones mecánicas para contaminar menos y pasar la prueba.
En palabras de José Carmelo Zavala Álvarez, subsecretario de Desarrollo Económico, “donde pensamos que podemos mejorar la calidad del aire es en empujar el gas natural en transporte público”.
El nuevo Programa de Verificación Ambiental plantea que el parque vehicular de uso intensivo (transporte público, de carga, flotillas empresariales y de personal, así como el parque vehicular gubernamental) tendrá que verificar dos veces al año, pero quedarán exentas aquellas unidades que sean eléctricas o se conviertan a gas natural.
El negocio del gas natural vehicular podría florecer en Baja California, luego de que, a mediados de febrero, el presidente municipal Arturo González Cruz pida licencia como alcalde, ya que el primer edil “no ha dejado operar” a la única estación de carga de gas natural vehicular en la entidad, ubicada en fraccionamiento El Florido en Tijuana, y en la que la empresa Enco GNV habría invertido alrededor de 10 millones de pesos.
Es decir, es factible que sin González Cruz se instalen más estaciones de carga del gas natural vehicular que puedan surtir la demanda de vehículos que se conviertan en híbridos (gasolina-gas natural /diésel-gas natural). En Mexicali y Rosarito también hay proyectos de estación de gas natural vehicular.
JALISCO, UN MAL EJEMPLO
A decir de Zavala Álvarez, en el diseño del nuevo Programa de Verificación Ambiental de Baja California “se ha visto acompañado” por los secretarios de Medio Ambiente de Ciudad de México y de Jalisco, Marina Robles y Sergio Graf Montero, respectivamente, para saber cómo les ha ido en la historia y cómo han modificado y modernizado sus programas.
Precisamente en la entidad federativa por Enrique Alfaro Ramírez, la empresa californiana WEP obtuvo la licitación pública internacional LPI01/2019 para suministrar, calibrar y dar mantenimiento al programa de cómputo de control y operación de pruebas de verificación vehicular. Tras el fallo, la empresa sueca Opus Inspection interpuso una demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al considerar que el proceso de licitación tuvo irregularidades, según el medio local Informador.mx
En marzo de 2020, dicho medio de comunicación detalló que la demanda de nulidad señala que el otorgamiento de la concesión a Worldwide Environmental Products incumple con las bases de licitación del gobierno jalisciense de tener un software de control activo en al menos tres programas de verificación vehicular, ya que WEP “solo presentó semblanzas de sus programas y cartas de recomendación de autoridades de Fiyi, Estados Unidos e Irlanda del Norte”, y por ende, no cumplía con la trayectoria requerida.
Para Jaime Aldrete, presidente de Talleres Mecánicos en Guadalajara, la experiencia jalisciense no debería considerarse un buen ejemplo, ya que “el gobierno ha manejado el programa de verificación ambiental de forma opaca, irregular y dirigida sobre todo a inversionistas extranjeros”.
Actualmente solo funcionan cuatro de 208 líneas de verificación, pese a que la licitación del nuevo programa se hizo desde enero de 2019. Dijo que sigue en construcción el 60% de las líneas concesionadas a empresas extranjeras, entre las que se encuentra Dekramericas, S de RL de CV, filial de la empresa Dekra Services Inc., con sede en California.
En entrevista telefónica con ZETA, Aldrete acusó que el gobierno jalisciense “dejó un monopolio, que es el proveedor de la tecnología, que es la empresa americana WEP, para todos los centros de verificación. (Esta) No te vende el equipo, te lo da en comodato, pero son socios al 60% del verificentro y el otro 40% es para el inversionista privado (que pone los verificentros)”.
La empresa tenía que cumplir varios requisitos, como comprobar ante la autoridad que sus equipos estuvieran avalados por el Centro Nacional de Metrología (Cenam) y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) “pero aún no están certificados y aun así ganaron”, señaló el entrevistado.
El costo de la verificación en aquella entidad del Occidente del país es de 500 pesos, “ese dinero lo depositas a la cuenta del proveedor de la tecnología y tienes derecho a dos pruebas. Si repruebas esas dos pruebas, vuelves a pagar otros 500 pesos”, explicó el titular de Talleres Mecánicos.
Agregó que se modificó la Ley de Vialidad para establecer un calendario y, quien no verifique en su mes correspondiente, “se hace acreedor a una multa de mil 200 pesos como mínimo”.
BC, CON UN PROGRAMA SIMILAR
José Carmelo Zavala Álvarez, subsecretario de Desarrollo Económico, dijo que 16 de las 18 concesiones de verificentros que otorgaron los gobiernos pasados caducaron en 2020, y la actual administración determinó ya no renovarlas.
Estimó que en el nuevo Programa de Verificación Ambiental habría alrededor de nueve verificentros “con instalaciones mucho más modestas” que las de los centros anteriores, las cuales contarían con tecnología “más confiable” para hacer la verificación en “unos cuantos minutos”, además de una inspección física.
Aún no se define dónde serán ubicados, pero se prevé que en vez de otorgar un holograma a quienes pasen la verificación, el sistema dará una etiqueta con los datos del vehículo y un Código QR que podría ser exhibido.
El programa de verificación se haría con base en un calendario que podría considerar la terminación numérica de las placas, algo que ya se había intentado en el Estado.
En opinión de Zavala Álvarez, la diferencia entre el nuevo programa y el anterior, radica en que ahora sí habrá una inspección y vigilancia de que todos los carros que circulen en Baja California cumplan con la verificación ambiental, so pena de pagar una multa aproximada a mil 200 pesos.
Para ello, el Gobierno del Estado signaría acuerdos con los ayuntamientos para que la Policía Municipal efectúe la inspección con el beneficio de quedarse con los ingresos por las multas impuestas.
Otro candado que hará efectiva la verificación, es que sin este trámite los automovilistas no podrán sacar ni refrendar sus placas, algo que también se había considerado en el programa anterior, pero que no se logró, ya que Recaudación de Rentas no aceptó, con el argumento de que hacerlo así, impactaría negativamente sus metas.
A pregunta de ZETA respecto a cómo harán para abatir la corrupción, Zavala respondió:
“Creo que siempre debe haber la amenaza de la infracción, y debe ser la sanción espectacular para que tenga un efecto inhibidor y apostar más a la cultura”.
Si solo se apuesta a “inspección y vigilancia, necesitas ser la mitad de la población policía y la otra mitad población, pero se te vuelve tan costoso y absurdo que no hay recurso”, agregó.
Según el funcionario estatal, dependiendo del número de vehículos que verificarían -partiendo de una meta de un millón 100 mil en todo BC (dato que trae un sub registro, desde que inició el Programa de Verificación Vehicular hace diez años)-, la verificación costaría entre 300 y 500 pesos. Con este pago el automovilista tendría derecho a dos pruebas, por si a la primera no pasa la verificación.
Una ventana de oportunidad es que la Asociación de Talleres Mecánicos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) establezca un directorio de talleres mecánicos certificados a los que se pueda acudir si así lo desea el usuario que no haya pasado, en aras de que se hagan las reparaciones a los vehículos y dar certidumbre de que lo van a hacer bien y garanticen al cliente que pasará la verificación.
“Quiero ser optimista que para el verano (2021) vamos a tener un programa de verificación ambiental en una primera etapa”, enfocado a flotillas de uso intensivo, ya que este segmento genera hasta el 70% de los contaminantes de nuestras ciudades.
Aseguró que el 80% del gasto operativo de las flotillas es de gasolina y que si se cambiaran al gas natural vehicular sería la mitad. “Entonces lo hace atractivo económicamente y en emisiones si es contra diésel (el gas natural emite) 70% menos y si es contra gasolina 50% menos”, aseveró el subsecretario de Desarrollo Económico.
La investigadora Gabriela Muñoz Menéndez, directora del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte, coincidió que la mayor parte de la contaminación ambiental en Baja California la produce la fuente móvil (transporte) y el resto la industria, pero “es muy mala idea depender tanto de un material importado, porque en cualquier momento por tensiones geopolíticas hay desabasto y toda la cadena de suministro se va a interrumpir”, considera.
El gas natural genera alrededor de 320 gramos de dióxido de carbono (CO2) por cada kilogramo. Si bien es menos que lo que produce el combustóleo, el diésel y la gasolina, no es una energía limpia.
Por otro lado, la generación de gas natural está asociada a la fractura hidráulica o fracking, una técnica para perforar -mediante una inyección de agua, arena y sustancias químicas- la roca para extraer gas o petróleo de un pozo, lo cual, según señalamientos de diversas organizaciones ecologistas, afecta al medio ambiente.
Muñoz Menéndez se pronunció a favor de “apostar por fuentes nativas de energía, hay que hacer las reconversiones y la transición, considerando que no se dependa tanto de algo, para que nosotros tomemos las decisiones”, ya que el costo del gas natural podría incrementar una vez que más usuarios lo consuman en un mediano plazo.
De manera que, si se desea gas, se puede generar biogás con la basura, ya que más del 50% de los residuos en Tijuana es materia orgánica, “algo que ya sucede en otros estados del país, como Aguascalientes y Monterrey”, donde un porcentaje de su transporte público opera con ese biogás.
NECESARIO PLAN INTEGRAL PARA MEJORAR EL AMBIENTE
La académica de El Colegio de la Frontera Norte estima necesario que la implementación de un nuevo Programa de Verificación Ambiental sea transparente en cuanto a las concesiones, cómo se dan y cuáles son sus objetivos.
Además, dijo, debe impulsarse un programa de educación para la población para que tome conciencia de la importancia de que los automóviles tengan mantenimiento, no se caiga en el soborno en las verificaciones ambientales y así disminuir la contaminación.
Refirió dos estudios (uno en Europa y otro en Estados Unidos) en los que se encontró una relación entre una mayor mortalidad de COVID-19 y ciudades con una peor contaminación atmosférica, sobre todo material particulado a 2.5 micras y menor a estas.
De acuerdo con Javier Emmanuel Castillo Quiñones, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, hace falta un plan integral para atacar el problema de contaminación ambiental, ya que una fuente de contaminación importante son las quemas clandestinas de basura y plásticos que se llevan a cabo regularmente en la madrugada y aumentan los niveles de material particulado fino y carbono fino, que afectan directamente a la salud de la población.
“Los niveles de contaminantes hablando solamente de material particulado fino (PM) en la Zona Este de Tijuana son mucho más grandes inclusive que los que hemos medido de manera simultánea tanto en la Garita de San Ysidro como la de Otay”, destacó.
Cabe señalar que el Gobierno del Estado tiene una red de calidad del aire, en la que, de 14 estaciones, solo funcionan cinco. El secretario José Zavala Álvarez estima que para el próximo verano habrá diez operando, “pero apenas esa es la medición, no estamos haciendo nada por mejorar la calidad del aire”, advirtió.
