De aprobarse la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica -enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión-, la electricidad en México sería más cara y contaminante, estimó el analista en energía y economía Ramsés Pech.
La iniciativa preferente (que deberá ser discutida obligadamente por el Congreso federal) afectará las inversiones futuras, ya que se regresaría al “esquema viejo” del monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contratará por licitación, adjudicación directa o invitación restringida, suspendiéndose las subastas eléctricas.
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“Esto da una pequeña ventana para la corrupción, porque de las plantas instaladas que son alrededor de 87 mil Mega Watts, el 29% lo tienen los privados y 51% la CFE, pero el mayor peso de la generación de esa electricidad está en la convencional, con diésel y combustóleo, mientras que los privados están con energías limpias”, afirmó el especialista.
Si la paraestatal -dirigida por Manuel Bartlett- no tiene acceso al dinero ni a financiamiento, no podrá hacer en forma rápida la conversión de los combustibles fósiles por unos más limpios y económicos, lo que provocará un incremento en las tarifas eléctricas en el país. Máxime que la iniciativa presidencial -enviada el 1 de febrero de 2021- plantea fortalecer a la CFE, dándole prioridad.
Según la iniciativa, las centrales hidroeléctricas de la CFE serán despachadas en primer término, de acuerdo con los volúmenes definidos por el Comité Técnico de Operaciones Hidráulicas. En segundo lugar, se despacharán las centrales eléctricas de la paraestatal que utilicen energía nuclear, geotérmica, ciclos combinados y termoeléctricas.
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En tercero quedarán las energías eólica y solar, generadas por empresas particulares, y en el último, las centrales eléctricas de ciclos combinados que sean propiedad de particulares y el resto de los generadores con otras tecnologías.
Con ello, “la iniciativa le quita jerarquía al Centro Nacional de Energía (Cenace) en el mercado eléctrico”, al ser este, el organismo encargado de distribuir la electricidad adonde debe llegar en el territorio nacional, observó Pech a NEGOCIOZ.
Las empresas privadas que han invertido hasta 45 mil millones de dólares van a continuar siempre y cuando exista un buen acuerdo con el Cenace; sin embargo, la iniciativa pretende anular unilateralmente contratos que el gobierno tenga con el sector privado. Así, la CFE tendrá una mayor participación en el mercado del mediano y grandes consumidores, ya que según datos de Prodesen -publicados el lunes 1 de febrero-, la paraestatal está perdiendo mercado.
Tiene 88.1% de los usuarios domésticos, pero no el acceso al mercado de la mediana y grande industria, que representan el 68.1% del dinero que se gasta en electricidad.
Esto es, porque la mayoría de esos grandes consumidores están generando su propia electricidad y en otros casos los privados signan contratos bilaterales, en los que uno construye la planta y se hace un contrato con otro para poner la tarifa, pagando al Cenace lo que se necesita. Entonces, la estrategia presidencial consiste en tratar de recuperar el mercado de ese segmento de consumidores modificando los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53,101, 108 y 126 de la Ley de la Industria Eléctrica, explicó Ramsés Pech.
En opinión del entrevistado, la iniciativa se contrapone con el Tratado México Estados Unidos y Canadá (TMEC) en cuanto a la competencia y las regulaciones, puesto que la reforma obligará a la Comisión Reguladora de Energía a gestionar la cancelación de contratos de autoabastecimiento cuando se utilice la red de transmisión y no paguen los derechos. “Será una forma de forzarlos a pagar lo que corresponde por el uso de la red de transmisión”, indicó.
De avalarse la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, México tendría que pagar alrededor de 20 mil millones de dólares de indemnización, según cálculos de la Plataforma México Clima y Energía.
Una vez que se conoció la iniciativa presidencial -considerada ya una nueva expropiación y/o contrarreforma energética de la 4T-, el consenso es que la estrategia del gobierno mexicano va en contrasentido con la tendencia mundial, y es contraria a los acuerdos que el Estado mexicano suscribió para combatir el cambio climático.
El sector privado expresó su preocupación. Tanto el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtieron que las tarifas se incrementarán, pues el costo de CFE es cinco veces más alto que el de las empresas que la generan con energía solar o eólica.
Esta semana, la CFE “perdonó” la deuda por un monto cercano a 11 mil millones de pesos que mantenían 600 mil tabasqueños desde 1995, cuando el entonces candidato a la gubernatura (AMLO) los incitó a no pagar la luz como una forma de resistencia política pacífica.
