“No vamos a lograr ningún nivel de inmunidad colectiva en 2021”, advirtió el 11 de enero Soumya Swaminathan, científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud.
El mundo debe tener “expectativas realistas” respecto a los tiempos de producción y distribución masiva de vacunas, advirtió esta semana Kirill Dmitriev, director ejecutivo del fondo que produce la vacuna Sputnik V, al canal estadounidense CNBC.
AstraZeneca y Pfizer/BioNTech, prometieron, cada una, producciones anuales durante 2021, que van de mil 500 millones a 2 mil 300 millones de dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus, y no eran suficientes. Luego, durante el mes de enero, informaron que los envíos de inoculaciones comprometidas serían menores desde un 60 hasta un 30%, de acuerdo con las quejas y denuncias de los países de la Unión Europea.
O a cuentagotas, como han llegado a México. En diciembre de 2020, la administración de Andrés Manuel López Obrador anunció que un millón 420 mil 575 dosis de vacuna de Pfizer, llegaría al país a finales de enero, pero la realidad es que, al miércoles 27 de enero, el Gobierno Federal informó que se habían aplicado 656 mil 044 vacunas, aunque solo se había beneficiado a 624 mil 730 mexicanos -no todos combatientes directos de COVID-, de los cuales únicamente 31 mil 314 habían completado las dos dosis que se requieren para la inmunización.
Concluye el mes de enero y no han terminado de proteger al Sector Salud que atiende la pandemia, como ejemplo Baja California, donde no llegaron las 30 mil dosis que pidió para el personal de salud. En enero solo llegó el 42% ciento de lo solicitado, vacunaron a 12 mil 675 elementos, y 17 mil 325 empleados quedaron en espera.
Los más de 12 mil vacunados tienen pendiente la segunda dosis, originalmente debían recibirla 21 días después de la primera, pero ante los retrasos de las farmacéuticas, hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) amplió el término a 48 días, de acuerdo con “evidencia científica”.
Se desconoce el contenido de los acuerdos de pre compra, porque el gobierno los ocultó-reservó por cinco años, con el pretexto de no afectar los procesos de negociación con las farmacéuticas. En octubre de 2020, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que, aunque no es fijo, el contrato con Pfizer incluiría entre 15.5 y 34.4 millones de dosis entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021; a AstraZeneca le compraría 77.4 millones de dosis entre marzo y agosto de 2021.
Además, el Gobierno Federal acordó con CanSino Biologics la compra de 35 millones de vacunas entre diciembre 2020 y septiembre 2021, biológico que no cuenta aún con la conclusión de la Fase III, y, por lo tanto, sin certificación de la OMS. Y para obtener el visto bueno local del Comité de Moléculas Nuevas de México de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tomarán en cuenta los resultados de 15 mil mexicanos que se prestaron de voluntarios para el estudio clínico de fase III.
De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, con estos contratos y las dosis adquiridas con el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX), se protegería a entre 81.4 y 90.9 millones de mexicanos… pero siempre no.
En la desesperación y frente a la urgencia, la misma Cofepris trabaja en la aprobación local de otras dos vacunas que aún no tienen certificación internacional: la vacuna alemana Curevac, que también se está probando en miles de mexicanos en Querétaro, Guadalajara y Monterrey, como parte del estudio de la fase III; y la Sputnik V, de la que ya dijo el Presidente López Obrador que se recibirán 24 millones de dosis; 200 mil la próxima semana.
Esto, a pesar que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell-Ramírez, afirmara en agosto de 2020 que “no se puede utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de Fase III, no se puede, no se debe, por razones éticas de bioseguridad”. Mismo funcionario que rechazó la vacuna Moderna, aprobada por la OMS, por considerarla cara.
Para alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño, la OMS ha manifestado la necesidad de vacunar al 60 o 70% de la población. De acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esto significa que del total de 126 millones 014 mil 044 residentes en el país, se deben inocular a 76.5 o 88.2 millones de mexicanos; 2.2 o 2.6 millones de bajacalifornianos; y 1.1 o 1.3 millones de personas en Tijuana.
De acuerdo con el plan de distribución de la vacuna en México, entre febrero y abril inmunizarían a poco más de 15 millones de personas mayores de 60 años -medio millón reside en Baja California-, lo que significaría que en lugar de aplicar 5 mil vacunas diarias como ahora, inocularán a 169 mil personas de la tercera edad durante cada uno de esos 89 días, pero es obvio que no sucederá. Como tampoco vacunarán entre abril y mayo, a los más de 12.5 millones de mexicanos entre los 50 y 60 años.
Rebasado el Gobierno Federal, el lunes 25 de enero aprobó y publicó “las bases para que los gobiernos estatales -sin asignar recursos-, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, puedan coadyuvar en la vacunación contra la COVID-19”.
De entrada, la asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), el Gobierno de Nuevo León, así como los de Sinaloa y Oaxaca, manifestaron que se asociarán con empresarios de la región para comprar dosis para sus estados. Los de GOAN publicaron que AstraZeneca y Pfizer les informaron que no tendrán dosis disponibles hasta diciembre de 2021 o en 2022; mientras la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) y los neoleonenses aseguran que aún negocian con esas farmacéuticas y exploran otras en proceso de aprobación, a la vez que en Baja California Jaime Bonilla dice que analiza la compra de vacunas en Estados Unidos.
Total, que el calendario se recorre, porque para cumplirlo, las vacunas en el país necesitan aumentar de 5 a mil a 150 mil por día, y sin la certeza de las dosis, ni siquiera se tienen nuevas fechas.
Ante ese panorama, las autoridades locales, no descartan una tercera ola de COVID-19 en Baja California, pues con 40 mil 423 casos confirmados, 6 mil 610 defunciones y mil 551 casos sospechosos al 28 de enero, el Semáforo de Alerta Sanitaria está en Rojo, pero la movilidad continúa como si estuviera en Verde, los negocios siguen abiertos, el Gobierno del Estado no aplica restricciones y rechaza los controles y sanciones impuestas por los ayuntamientos.
