El Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California, es un sitio turístico que interesa en el ámbito nacional y también en el internacional. Las visitas a los viñedos son obligadas cuando se está en esas coordenadas del país, y previo a la pandemia, entre los meses de julio y septiembre, se vestían de fiesta para la celebración de la Vendimia, cuando recibían decenas de miles de turistas.
Ni qué decir de sus bellos escenarios cuyas vides, cerros y atardeceres, son testigos de bodas, conciertos, cenas… fiestas de todo tipo, amén de la vasta oferta gastronómica del Valle, cuyas tierras albergan restaurantes catalogados como los mejores de México y el mundo, por especializadas revistas y agrupaciones gastronómicas del orbe.
Pero el Valle ahora está siendo invadido no por turistas, sino por narcotraficantes.
Ensenada tiene sierra y puerto, dos de los más atractivos puntos de movilidad para los criminales. La droga llega por mar o se produce en la sierra, y se distribuye por esos intrincados caminos de terracería al resto de Baja California y hasta la frontera con Estados Unidos para su trasiego a aquel país.
Actualmente ese municipio es uno de los más violentos de Baja California, porque dos cárteles, el de Sinaloa y el Arellano Félix, se pelean el territorio costeño y el hermoso Valle. ¿Quién los persigue? Nadie. Ninguna autoridad. Los criminales organizados viven y se desarrollan impunes gracias a la incapacidad del Estado mexicano para enfrentarlos, combatirlos y detenerlos.
La Guardia Nacional, esa corporación supuestamente civil, pero con mando militar y tropa militar -y lo han expresado de manera reiterada- no cuenta con un área de inteligencia o de combate al narcotráfico. Lo suyo es la proximidad con la sociedad, apoyarlos, ayudarlos, pero nada de perseguir delincuentes.
Al haber fusionado a la Policía Federal con la Guardia Nacional (militar), los departamentos antinarcóticos están desactivados, y si desarrollan inteligencia, esta no ha llegado ni al campo de batalla ni a la estrategia nacional contra el narcotráfico (en caso de que exista), pues la política del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es aquella de abrazos, no balazos, la cual, es evidente, la agradecen los criminales que crecen, se desarrollan e impunemente se apropian de sitios antes impensados, como los turísticos.
Lo que sucede en el Valle de Guadalupe, el destino vinícola por excelencia en México, no es privativo de Baja California. Así fue tomado hace unos cuatro años por criminales, y con mayor intensidad, Cancún, destino de playa.
Resulta grave que, ante la desatención gubernamental, estén condenando a los destinos turísticos a una sangrienta actividad, y aunado a la pandemia por COVID-19, puede afectar gravemente su desarrollo y crecimiento.
Hace unos días, en la carretera que conecta los municipios sonorenses de Caborca con San Luis Río Colorado, municipio vecino de la Capital bajacaliforniana, Mexicali, se instaló un retén criminal. Delincuentes de una célula de Los Salazar, los mismos narcotraficantes señalados de participar en el homicidio de la periodista Miroslava Breach en 2017.
Durante horas, impunemente se apoderaron de la carretera federal y atentaron contra cientos de automovilistas que por ahí transitaban. En un momento dado, refirieron testigos, había una hilera de más de 300 metros de largo de carros enfilados para ser revisados por los narcotraficantes que los amedrentaban con armas largas. Lo mismo encañonaban a hombres que despojaban de sus vestiduras a niños y mujeres. Robaban equipaje, celulares, dinero… lo que se les antojara.
Durante dos horas vulneraron a la sociedad. Únicamente a autobuses de pasajeros y tráileres de cargamento de mercancías (o droga) no molestaron los asaltantes de la carretera sonorense. Hirieron a un militar que en solitario pretendió repeler la agresión criminal, y a un hombre que se resistió a ser despojado de sus pertenencias, le dieron con un culatazo en la cara.
Los agentes federales tardaron dos horas y media en llegar al lugar. Los narcotraficantes ya se habían retirado con lo robado, y solo quedaba la población afectada, soportando fríos a la intemperie porque a algunos, aparte de robarles la ropa, les desposeyeron de su automóvil.
Ni la Guardia Nacional, ni elementos de la Fiscalía General de la República o alguna autoridad del Estado de Sonora, gobernado por la priista Claudia Pavlovich, hicieron algo por proteger a la población y aprehender a los narcotraficantes. Nada. Les dieron total impunidad para delinquir.
Lo grave de este asunto es que es evidentemente, ante tanta impunidad producto de una ineficiente labor por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Seguridad o sus Fuerzas Armadas, y una incapacidad de la Fiscalía General de la República para poner un alto a los cárteles de la droga, los narcotraficantes están tomando carreteras y sitios turísticos como el Valle de Guadalupe.
Los gritos de auxilio por parte de la sociedad no los escucha gobierno alguno en México.
Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó los dos estados en mención, Sonora y Baja California, pero en ninguno tuvo reuniones de estrategias de trabajo para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. A pesar que en la fronteriza entidad que gobierna su amigo Jaime Bonilla, se hizo acompañar de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y del almirante a cargo de la Marina. Pero nada.
El Presidente viaja para cortar listones, ocultarse de la sociedad que le demanda acciones y no para presentar resultados o trabajar en la problemática específica de cada entidad federativa.
Esta situación de desatención al investigar las redes de los cárteles de la droga, de la procuración de justicia, termina en dotar de mayor impunidad a los criminales, que poco a poco, otra vez, a fuerza de sangre y plomo, se apoderan de territorios, carreteras y ciudades, con gobiernos al margen de una realidad violenta y trepidante.
