FGR no acusaría a Rosario Robles; se acogería a criterio de oportunidad

Destacadas BCS miércoles, 10 febrero, 2021 1:31 PM

Ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la agente del Ministerio Público Federal, Mónica Martell Olguín, expresó que están en posibilidad de dar por concluido el proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue contra María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La FGR decidió negociar con la ex funcionaria federal -a través de un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad- una salida anticipada a su caso, motivo por el cual decidió no acusarla formalmente por el delito de uso indebido del servicio público, al ser presuntamente omisa de un desvío dentro de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social suscribieron convenios y contratos con la SEDESOL y SEDATU, por un total de 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos.

Ante ello, Villar Ceballos emplazó al Ministerio Público a entregar en un lapso no mayor a cinco días un planteamiento para que sea la propia FGR la que busque de manera directa a Robles Berlanga, para que continúen con el diálogo y alcancen una salida anticipada del asunto. El juez citó a las partes para el próximo 26 de febrero, a la celebración de una nueva audiencia, donde la FGR dará a conocer los acuerdos alcanzados con la ex funcionaria federal.

Estaba previsto que dentro de la audiencia que se realizó a través de videoconferencia este mismo día -y duró un poco más de una hora-, la FGR acusara formalmente a la ex titular de la SEDESOL y SEDATU federal, lo que al final no sucedió.

Desde el pasado 23 de noviembre del 2020, Robles Berlanga ofreció convertirse en testigo protegido de la FGR. La funcionaria federal se encuentra bajo proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado de supuestamente haber sido omisa ante los presuntos desvíos de sus subordinados en la llamada “Estafa Maestra”, por más de 5 mil millones de pesos.

El pasado 2 de noviembre, Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de SEDESOL) y de SEDATU, durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, en el Gobierno de Peña Nieto- ofreció convertirse en testigo protegido de la FGR.

Para así “revelar el papel del ex Presidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa, Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del [Partido Revolucionario Institucional] PRI”, en la llamada “Estafa Maestra”, según lo informó este lunes 2 de noviembre, el diario Reforma, basado en fuentes del Gobierno Federal.

Mismas que “confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal”.

“En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos”, señaló el rotativo.

“También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la ‘Estafa Maestra’, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.

Zebadúa también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la SEDATU y la SEDESOL fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado”, abundó el Reforma.

Asimismo, el ex oficial mayor de la SEDATU y la SEDESOL Federal también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, las instituciones antes mencionadas, suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos.

Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos, recordó el Reforma.

“El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan. Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado”, detalló el rotativo.

El 4 de agosto del 2020 se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de María del Rosario Robles Berlanga y de Emilio Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de la SEDESOL y SEDATU, durante el Gobierno de Peña Nieto.

Una semana antes, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mismo que podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

El 26 de octubre del 2019, la ex titular de SEDESOL y SEDATU, acusó a la FGR, mantenerla como rehén debido a que, según aseguró, no ha aceptado colaborar. A través de una carta escrita a mano, la ex funcionaria federal señaló que no optará por recurrir a lo que llamó la “falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.

“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén -porque no he querido colaborar- para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, afirmó Robles Berlanga.

La ex titular de la SEDESOL y la SEDATU Federal agregó que tiene información de la misma Fiscalía General de la República, que ofrecen impunidad a otros implicado en la llamada “Estafa Maestra”, a cambio de declarar “lo que ellos necesitan”.

Asimismo, Robles Berlanga destacó que la FGR pretende darle su libertad a cambio de que “señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad”.

El 23 de septiembre del 2019, Robles Berlanga se declaró formalmente inocente del presunto delito que le imputó la FGR, institución a la que acusó de presionarla para que repare las presuntas omisiones por haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 025 centavos, en la llamada “Estafa Maestra”.

En la respuesta oficial a la acusación formal que realizó en su contra la FGR el 26 de agosto del 2019, Robles Berlanga indicó que la petición de parte de la Fiscalía que se le condene el pago de la reparación del daño por dicha cantidad “es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso”.

“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, agregó Robles Berlanga.

La respuesta fue entregada a Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, a quien la ex funcionaria federal solicitó cite a declarar a 15 testigos, entre ellos, al ex oficial mayor de la SEDESOL, Zebadúa González, además de Juan Carlos Lastiri Quiroz, ex Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, y, a David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Asimismo, dentro de la carpeta judicial 314/2019, Robles Berlanga pidió al juez federal citar a declarar a Alberto Javier Sánchez Rojas, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Vicente Agustín Mercado Zúñiga, Jaime Aranda Castillo, Javier Ortiz Moreno, Emilio Zebadúa, Javier Guerrero García, Víctor Manuel Tapia Castañeda, Armando Saldaña Flores, José Antonio Orozco Martínez, y a Marcos Salvador Ibarra Infante.

La ex funcionaria federal ofreció como medio de prueba las testimoniales de Juan Francisco Martínez Lavin, quien se desempeñó como enlace entre la Sedesol y la ASF; así como los de Aldo Pavón Segura, quien prestaba sus servicios para la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), un órgano descentralizado de la SEDATU, y quien fuera designado de manera provisional para atender las determinaciones y los pliegos de observaciones indicados por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2016.

Por otra parte, la ex titular de la SEDATU y SEDESOL Federal negó de manera categórica las acusaciones de la FGR, porque dijo que se apartan de la verdad y pretenden atribuirle la responsabilidad de hechos en los que nunca ha participado, ante lo que ofreció dictámenes periciales en materia de administración pública y contable tratar de desvirtuar la acusación de la Fiscalía.

“Siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal”, afirmó Robles Berlanga en su respuesta

“[…] como tampoco lo hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de emitir el resultado de las auditorías forenses, tampoco lo hizo al momento de presentar los pliegos de observaciones a la cuenta pública, ni al momento de presentar los dictámenes técnicos”, detalló la ex funcionaria federal.

Robles Berlanga destacó que la acusación de la FGR es meramente de carácter político, y no jurídico, “lo cual consideró completamente injusto, pues los procesos penales no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos ni tampoco para cobrar afrentas del pasado, tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, ni doblegar voluntades”.

“Hacerlo de esta forma ciudadano juez de enjuiciamiento, se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional, pues en palabras del propio Fiscal General de la República [Alejandro Gertz Manero], se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el estado, dejando entrever que para obtener mi libertad ´debo delatar a otros funcionarios”, puntualizó.

El 25 de agosto del 2019, la FGR presentó al Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, por escrito, su acusación contra Robles Berlanga, en la que solicita imponerle una pena de 21 años de prisión por el delito imputado.

Según el documento presentado por la FGR al juez Villar Ceballos, citado por el diario Reforma, 7 años corresponden por la comisión del ilícito en la SEDATU, 7 años en la SEDESOL y otros 7 años por tratarse de un delito continuado, que constituye un característica que agrava la pena privativa de libertad.

Por otra parte, el diario El Universal informó que en la acusación que presentó la FGR, la institución subrayó que la ex funcionaria federal cometió con “dolo” el ejercicio indebido del servicio público, y por ello, la Fiscalía solicitó que Robles Berlanga pague el total del dinero que fue desviado en la llamada “Estafa Maestra”, a manera de reparación del daño.

La FGR también solicitó que se le imponga una multa por 3 millones 561 mil 300 pesos. Además, para respaldar estas acusaciones, la Fiscalía ofreció el testimonio de 56 servidores y ex servidores públicos para que rindan declaración en contra Robles Berlanga, por el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

Dichos testimonios provienen de actuales trabajadores, o quienes estuvieron durante la gestión de Robles Berlanga; así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de la SEDESOL, de la SEDATU; además de policías federales y ministeriales. Los fiscales ofrecen, además, una prueba pericial en materia de contabilidad, para respaldar los dos hechos en los que la FGR basa todo el proceso contra la ex funcionaria del Gobierno de Peña Nieto.

ROSARIO ROBLES NO TIENE A QUIÉN DELATAR: ABOGADO

Tras darse a conocer que la FGR solicitó la pena máxima para Robles Berlanga, su abogado defensor, Epigmenio Mendieta Valdés, señaló que el criterio de oportunidad no es considerado por la ex funcionaria federal, que ha asegurado en repetidas ocasiones que no tiene a quién delatar.

Asimismo, Robles Berlanga aseguró que tampoco cuenta con videos o recursos económicos de algún delito para cubrir el daño solicitado por la FGR. “Ella no tuvo conocimiento, como lo establece el tipo [penal] de que podría resultar gravemente afectados supuestamente el patrimonio de la Federación”, indicó el litigante.

Por otro lado, Mendieta Valdés señaló que la reparación del daño no procede, porque la ex funcionaria federal no está formalmente acusada por la FGR, de quedarse con dinero del erario o favorecerse de los recursos desviados en la llamada “Estafa Maestra”, por lo que indicó que la acusación es desproporcionada y “es muestra de la justicia selectiva que el Estado lleva contra Robles Berlanga”.

“Están pidiendo la pena máxima por un delito que ni siquiera cometió porque ella no tenía facultades para impedir la firma de convenios con universidades. Se trata de un delito que ya estaría prescrito, y en el que en todo caso, la responsabilidad es de Emilio Zebadua [González], que era el oficial mayor”, insistió el litigante.

El 12 de agosto del 2020, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR explicó que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), está realizando una oferta de cooperación en busca de acogerse al llamado criterio de oportunidad, mientras que Robles Berlanga no lo ha hecho.

El fiscal fue cuestionado sobre el trato “diferenciado” que se le está dando a Robles Berlanga y a Lozoya Austin, a lo que el Gertz Manero señaló que no son cosas iguales, ya que al ex director general de PEMEX se le acusa de un quebranto por 400 millones de pesos, mientras que a la ex titular de la SEDESOL y SEDATU, por 15 mil millones de pesos.

Una de las decisiones judiciales más criticadas es que para Lozoya Austin no se solicitó la prisión preventiva; mientras que para Robles Berlanga sí se solicitó, ello a pesar de que el delito por el que se le acusa no es grave, debido a que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, advirtió que había riesgo de fuga de la ex titular de la SEDESOL y de la SEDATU.

“Este individuo [Lozoya Austin] trae un aparato en la pierna que lo estamos monitoreando a tiempo real, es decir, si se lo quita o sale inmediatamente está ubicado, entregó su pasaporte, es decir, no hay manera de que se vaya. Y no solo no se va ir, sino que ha presentado una denuncia y ni modos de que haya presentado una denuncia para irse a la fuga, eso no tendría ningún sentido, entonces yo no le veo a eso ningún problema”, indicó Gertz Manero.

El titular de la FGR enfatizó que no hay criterio de oportunidad sin reparación del daño, por lo que indicó que la Fiscalía General de la República cuenta con la acreditación de los bienes para resarcir una buena parte del daño que se imputa a Lozoya Austin.

El fiscal también remarcó que el ex director general de PEMEX ha buscado cooperar con las autoridades en delitos de daño patrimonial por 400 millones de pesos, mientras que Robles Berlanga no lo ha hecho, a pesar de que los daños por la llamada “Estafa Maestra” suman más de 15 mil millones de pesos.

“Él [Lozoya Austin] lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte de las instituciones públicas de educación superior del país, por favor, por favor, es decir la jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado Mexicano para descubrir esa famosa ‘Estafa Maestra’”, señaló Gertz Manero.

“Que no solamente dañó con miles de millones de pesos sino con una conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales. Las instituciones de educación superior que hayan sido usadas para un fin de esa naturaleza y que tengamos 27 casos con decenas de personas procesadas y gente que ha huido ya teniendo o sentencias o toda clase de procedimientos probados”, agregó el fiscal.

Robles Berlanga se encuentra sujeta a prisión preventiva desde el 8 de agosto del 2019, en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. El pasado 13 de enero, la ex titular de la SEDATU y SEDESOL impugnó la resolución de prisión preventiva que le fue impuesta.

Su defensa interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal. Ello porque pesar de que el delito que se le imputó a la ex funcionaria federal no es considerado grave, el juez Delgadillo Padierna decidió imponer la medida de prisión preventiva porque el domicilio asentado por Robles Berlanga no coincidía con el de una licencia que había presentado en el Ministerio Público, y esto abría la posibilidad de una fuga.

José Alfonso Montalvo Martínez, magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, admitió el recurso y concedió la suspensión provisional únicamente para que la libertad de Robles Berlanga quede a disposición de dicho órgano jurisdiccional.

Pese a reconocer que en el proceso “se han cometido agravios”, el pasado 18 de diciembre la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, decidió mantener la medida cautelar dictada por el juez Delgadillo Padierna contra la ex funcionaria federal.

Dicha medida consta de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, que se mantiene vigente, mientras la defensa de Robles Berlanga y la FGR desahogan las pruebas de la investigación complementaria.

Por otra parte, el pasado 4 de enero, Mariana Moguel Robles, hija de Robles Berlanga, dio a conocer vía redes sociales que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) frenó la inhabilitación como funcionaria pública, sanción que aprobó en 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El TFJA argumentó que la resolución fue tomada debido a que la inhabilitación por 10 años que le impuso la SFP a Robles Berlanga dañaría su imagen personal y profesional, “creando con ello un perjuicio de difícil reparación” según se lee en el resolutivo.

Un día antes, el 3 de enero, a través de una carta publicada en su cuenta de la red social Twitter, y enviada al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, la ex funcionaria federal dijo que “hasta para fabricar delitos son malos”, debido a que aseguró, la dirección de la licencia para conducir no existe.

“Si la Fiscalía a su cargo demuestra que la supuesta fake licencia existe, yo me declaro culpable, pero si no, le pido que actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia y no venganza por consigna”, manifestó Robles Berlanga en su misiva.

La ex funcionaria federal exigió a Gertz Manero “que se procure justicia y no venganza por consigna”, argumentando que se ha emprendido una “guerra jurídica” contra su persona, en donde se le ha tratado “como una enemiga a la que hay que aniquilar”.

Robles Berlanga señaló que “es ridículo que se pida y decida privarme de la libertad con el argumento de que hay riesgo que evada la acción de la justicia sin presentar ninguna pruebas que lo demuestre, violando con ello el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías fundamentales”.

“Usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos y no me escondo, por eso me presenté al citatorio judicial, porque soy inocente”, recalcó la ex funcionaria federal, quien afirmó que no hay nada que acredite que se ha enriquecido al amparo del servicio público, “ese es mi mayor orgullo: lo poco que tengo es producto de mi trabajo”, dijo.

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