Emma Coronel se entregó a EU; quiere ser testigo protegido: VICE; Lichtman pide a AMLO mismo trato que a Cienfuegos

Foto: Tomada de Internet / Google Imágenes
Destacados jueves, 25 febrero, 2021 6:06 PM

Emma Coronel Aispuro, esposa del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, no fue arrestada, sino que se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 22 de febrero, para buscar ser testigo colaborador o protegido del Departamento de Justicia de EE.UU.

Así lo informó este jueves 25 de febrero, el medio digital estadounidense VICE News, mismo que señaló que Coronel Aispuro buscaría un acuerdo de cooperación con la justicia estadounidense y obtener así una sentencia reducida.

VICE News intentó contactar al abogado de la esposa de “El Chapo”, Jeffrey Lichtman, respecto a la presunta entrega voluntaria, pero este se negó a dar respuesta. Tampoco respondieron el Departamento de Justicia estadounidense, ni el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Según el medio digital, Coronel podría proporcionar información a las autoridades estadounidenses, de los hijos de su esposo: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como de Joaquín y Ovidio Guzmán López.

Los hijos de “El Chapo” supuestamente quedaron al frente del Cártel de Sinaloa y son buscados por las autoridades de EE.UU.. Además, siempre según VICE News, Coronel Aispuro podría contar con información “fundamental” de las operaciones del grupo delictivo que dirigía su marido.

ABOGADO PIDE EL MISMO TRATO QUE AL GENERAL CIENFUEGOS

Jeffrey Lichtman, el abogado de Coronel Aispuro, llamó este jueves 25 de febrero al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a intervenir en el caso de su clienta.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, el litigante lanzó una pregunta al mandatario mexicano: “¿Cuándo recibimos el trato de Cienfuegos? Lo espero”, cuestionó Lichtman.

Ello en referencia a la detención en Estados Unidos y posterior liberación del General de División en Retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En su declaración rendida ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 9 de enero, Cienfuegos Zepeda cuestionó que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingles) haya dado crédito a los mensajes intervenidos a presuntos delincuentes, porque estos “rayan en la estupidez”.

El ex mando militar declaró ante la FGR que es falso que él haya ordenado o prohibido que se realizaran operaciones contra miembros del Cártel H-2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, como lo sostenía la DEA y lo que motivó su detención en Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre.

El pasado 15 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió el expediente del caso del ex titular de la SEDENA). Un día antes, Cienfuegos Zepeda fue exonerado por la FGR, de vínculos con el narcotráfico y su caso quedó archivado.

A través de un comunicado, la FGR informó que el mando militar nunca tuvo conversaciones por chat ni vínculos con miembros del Cártel H-2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, como lo sostenía la DEA y lo que motivó su detención en Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre.

“Sobre el caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda, la FGR reitera lo ya informado el pasado jueves 14 de enero, en el sentido de que el procedimiento que se llevó en secreto, en los Estados Unidos de Norteamérica, durante siete años, finalmente las autoridades del Gobierno y del Poder Judicial de ese país, retiraron los cargos en su contra. Devolviéndole su libertad y regresándolo a territorio mexicano”, agregó la FGR en un comunicado.

Ese mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que la SRE daría a conocer el expediente completo del caso, por ser un asunto trascendente y porque de ello depende el prestigio de México.

Tras la publicación completa del expediente del caso de Cienfuegos Zepeda -integrado por la DEA , el cual consta de 751 páginas y tiene la leyenda “distribuido por orden judicial y no distribuir”-, las autoridades de Estados Unidos acusaron al Gobierno mexicano de violar el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre ambas naciones.

“Publicar dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos, y pone en duda si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México”, advirtió el Departamento de Justicia de EE.UU.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos hace notar que los materiales dados a conocer a México hoy, muestran que el caso contra el general Cienfuegos, no fue, de hecho, fabricado. Esos materiales también muestran que la información recolectada contra el general Cienfuegos fue recolectada legalmente en los Estados Unidos”, agregó el Gobierno estadounidense.

Antes, en una carta dirigida al canciller Ebrard Casaubón y firmada el 29 de octubre de 2020, Timothy J.Shea, administrador interino de la DEA, afirma que “entre tanto que Cienfuegos Zepeda ha sido acusado en los Estados Unidos por unos delitos relacionados con narcotráfico, él nunca fue el objetivo central de una investigación de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos”.

Sin embargo, en su comunicado, la FGR afirmó haber realizado “todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, y concluyó que Cienfuegos Zepeda “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”, y que tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos para protegerlos o ayudarlos.

“También es de referirse que los mensajes interceptados o extraídos de aparatos telefónicos por parte de autoridades estadounidenses habían sido realizados desde teléfonos BlackBerry, ya que sólo esos aparatos pueden permitir el sistema de comunicación comúnmente conocido como PIN y en el caso resulta que no hay dato de prueba alguno que permite establecer que haya tenido y utilizado aparatos de esa naturaleza y marca como lo informó la propia Secretaría de la Defensa Nacional”, señaló la FGR.

“Súmese a lo anterior que aún y cuando la autoridad estadounidense dijo haber iniciado su investigación en 2013 y pudo interceptar comunicaciones, extraer información de aparatos telefónicos por un período comprendido de 2015 a 2017 y no obstante que dentro de los investigados están un Secretario de la Defensa Nacional en funciones nunca puso en conocimiento en su término tales hechos de la autoridad mexicana”, insistió la Fiscalía mexicana.

“[…] Pues de haberlo hecho podría haberse solicitado con éxito la información a las concesionarias mexicanas de telefonía celular y no ahora cuando hace información no es factible de obtener por los lapsos de tiempo limitado en que las concesionarias deben conforme la ley conservar ese tipo de información tal y como se desprende de los informes que rindieron esta autoridad en el curso de la investigación”, advirtió la FGR.

JUEZA ORDENA QUE EMMA CORONEL SIGA DETENIDA Y SIN DERECHO A FIANZA EN EE.UU.

El pasado 23 de febrero, la jueza federal Robin Meriweather, de la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, determinó que Coronel Aispuro siga detenida mientras avanza su proceso criminal, que la señala por su presunta participación en el narcotráfico internacional.

La magistrada indicó en la audiencia inicial de este día, que si Coronel Aispuro -quien compareció a través de una videoconferencia y usando un intérprete- es declarada culpable, enfrentaría una condena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, así como una multa de 10 millones de dólares.

“Está aquí por una denuncia penal para distribuir e importar a Estados Unidos, cocaína, heroína, metanfetamina, y mariguana”, dijo la jueza Meriweather, quien comentó que además existía el cargo por “ayudar e implicar”.

Tras ello a Coronel Aispuro se le leyeron las acusaciones. “Si fuera culpable”, le dijo la juez federal a la esposa de el Chapo, se haría acreedora a “un mínimo de 10 años de cárcel y hasta cadena perpetua. Se le impondría una multa igualmente de 10 millones de dólares”.

“Sus derechos son guardar silencio, ser representada por un abogado que ella decida o a uno de oficio, tiene derecho a un juicio y a no inculparse ella misma”, agregó la magistrada Meriweather.

Por su parte, el fiscal Antonhy Nardozzi comentó que “otra cosa relevante es que el caso ni siquiera ha sido presentado a un gran jurado, algo que se hará en los próximos días y por ese motivo es que tampoco existe una acusación formal en donde consten los cargos”.

Coronel Aispuro quedó en manos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y sin derecho a fianza, por lo que será enviada a la cárcel de la ciudad de Alexandria, en Virginia. La Fiscalía solicitó su detención permanente, alegando “riesgo de fuga”, ya que tiene acceso a bienes del cártel de Sinaloa y por el hecho de que tampoco “tiene a nadie cerca del área de Washington”.

“La acusada trabajó estrechamente con la organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa”, advirtió el fiscal Anthony Nardozzi, al solicitar en la Corte Federal que se le negara a Coronel Aispuro el derecho a salir libre pagando una fianza, agregando que existe riesgo de que el grupo delictivo le ayude a fugarse.

“Su esposo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, era el líder del Cártel de Sinaloa antes de ser extraditado y condenado en Estados Unidos […] Como se dice en la denuncia penal, se le acusa de conspiración para importar grandes cantidades de heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina, sabiendo que estas sustancias finalmente serían importadas a Estados Unidos”, agregó Nardozzi.

El fiscal subrayó que la esposa de Guzmán Loera “ayudó y fue cómplice de los objetivos del Cártel de Sinaloa”. Sin embargo, la abogada Mariel Colón Miró, adelantó que Coronel Aispuro se declararía inocente, lo cual no ocurrió este martes porque la defensa dijo no estar preparada para hacer una declaración.

Por su parte, Jeffrey Lichtman, defensor legal de Coronel Aispuro y también de “El Chapo”, dijo que presentará una solicitud para que su clienta pueda salir libre bajo fianza, aunque concedió que ella siga detenida de forma temporal, mientras se discute dicho asunto en otra audiencia.

Durante la audiencia inicial -que comenzó varios minutos tarde por problemas técnicos- de lectura de los derechos y las acusaciones contra la esposa del Chapo, ella afirmó que no padecía ninguna enfermedad, ni había tomado ningún medicamento que le impidiera comprender lo que se le decía. “Todo lo entendí muy bien”, respondió Coronel Aispuro en español.

“¿Jura, usted, contestar correctamente y con la verdad las preguntas que le hará la jueza? ¿Lo jura por Dios?”, le preguntó una secretaria de la Corte Federal. “Sí”, respondió Coronel Aispuro, levantando la mano derecha.

La ex reina de belleza, y madre de las dos hijas mellizas de Guzmán Loera, nacidas hace nueve años en los Estados Unidos, fue detenida el pasado 22 de febrero, en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en el estado de Virginia, cerca de la capital estadounidense.

“Según documentos judiciales, Coronel Aispuro -quien nació en California, EE.UU., en 1989-, está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos”, señaló el Departamento de Justicia de EE.UU., en un comunicado.

“Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán [Loera] en su escape de la prisión de El Altiplano, el 11 de julio de 2015, ubicada en Almoloya de Juárez, México”, indicó el mismo Departamento de Justicia estadounidense.

“Después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017”, agregó el Gobierno de EE.UU.

“Coronel Aispuro está acusada en una denuncia penal de un cargo de conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, mil kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los EE.UU.”, abundó el Departamento de Justicia.

“El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio. La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso”, indicó el comunicado.

“El subjefe interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso. Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia”, finalizó el Gobierno estadounidense.

Comentarios

Tipo de Cambio