Realmente quienes están alrededor del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, creen a ciegas todo lo que expresa. Un discurso suyo se convierte en realidad en el mejor de los casos… y en Ley, en el peor.
¿Por qué quiere el titular del Poder Ejecutivo federal, desaparecer a órganos autónomos como en INAI, INEGI y algunos reguladores? Porque ya no hay corrupción, dice tajante y sus huestes le creen. Si el Presidente dice que ya no hay corrupción, ya no la hay. Así de tajo se acaba en México, por lo menos en el discurso el más lacerante de sus fenómenos.
La realidad es otra. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción que realizan Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México está en la posición 124 de 180 naciones evaluadas, pero, además, en 2020, estuvo en el último lugar de 37, entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En una medición anterior, México ocupó la posición 130, lo que indica que a la fecha el país es poquito menos corrupto, pero sigue siendo corrupto. Un descenso de seis posiciones, ubica la República Mexicana en el rango de los países más corruptos, y lejos de las diez primeras posiciones entre las naciones menos corruptas.
El reporte de Transparencia Mexicana develó que, mayormente, “un alto nivel de corrupción suele estar asociado a un bajo nivel de cobertura sanitaria universal, mayor mortalidad infantil y materna y más muertes de cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias y cardiovasculares”.
Además, reseñaron que la percepción de corrupción se acentuaba cuando no había sanciones a los casos ventilados en la opinión pública de corrupción, como el de la “Estafa Maestra”, por ejemplo. Hechos notorios de actos ilícitos, develados por periodistas de investigación, con mucha exposición mediática, pero poco resultado procesal.
Por ello, entre las recomendaciones para que México deje de ser uno de los países más corruptos del mundo, siempre ha estado el ejercicio del Estado de Derecho, la necesidad de que la Fiscalía General de la República dé certeza en la procuración de justicia, la urgencia de dotar con más herramientas para la oportuna intervención de la Auditoría Superior de la Federación, y por supuesto, el fortalecimiento de institutos que combaten la corrupción y garantizar el acceso a la información como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Pero en el México lopezobradoriano, estos organismos salen sobrando, porque a pesar de la estadística mundial, de los resonados casos nacionales y locales, aun en los gobiernos de Morena, están los moches en la administración de Jaime Bonilla Valdez en Baja California como prueba. Si el Presidente dice que ya no es un gobierno corrupto, ya no lo es para quienes enarbolan la bandera de una Cuarta Transformación que en el día a día, poco transforma y mucho transgrede.
Esta semana, en ZETA publicamos una entrevista con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en la que se dice comprometido con la desaparición de los órganos autónomos y reguladores. Su justificación es tan increíble, como de fantasía: “Bajo el modelo neoliberal, la lógica era que el Estado era por naturaleza corrupto. Al aceptar que el Estado era corrupto, no podías confiarle la función regulatoria, entonces, tenías que crear entes autónomos para garantizar que pudieran regular a los mercados cuidando el interés general, pero finalmente esos autónomos, se demostró que también eran capturados por intereses privados. Entonces, en el gobierno de la Cuarta Transformación, donde combates la corrupción, donde pretendes erradicar la corrupción, sí puedes concebir que el Estado pueda hacer su tarea regulatoria cuidando siempre el interés general, donde prevalezca el interés de las mayorías”.
Continuó: “En el gobierno de la Cuarta Transformación ya no se asume que el Estado es fundamentalmente corrupto, al contrario. El Estado sí puede ejercer su función regulatoria porque ahora sí busca el interés general no de unos cuantos; ya no es un gobierno que se dedica a saquear al país, o donde solamente unos cuantos mandan en contra de las mayorías… Todos los días se combate, todos los días el Presidente lucha por erradicar la corrupción, y tampoco puedes garantizar la existencia de organismos autónomos que no fueran cooptados por intereses privados”.
Es decir, vivimos en un país en el cual los ciudadanos se quejan de la corrupción en las policías, en las dependencias de gobierno, donde el acceso a la justicia no está garantizado para todos, pero sí reservado para uno cuantos. Donde empresas pequeñas, medianas, deben pagar sobornos para poder existir. Donde gobernantes, incluidos los de Morena, piden moches para hacer negocios con privados, pero a la simple retórica presidencial, todo eso queda borrado.
Un país en el que el director de la Comisión Federal de Electricidad y su hijo se hacen ricos. El primero acumulando una fortuna en bienes y raíces, y el segundo, estableciendo convenios de servicios con el Estado, y los dos terminan exonerados por el mismo gobierno que los emplea, después de haber sido exhibidos por la prensa.
Un país donde la salud no está garantizada para todos, pero si se paga por debajo de la mesa, se puede tener acceso. Un país que ocupa la posición 124 como los más corruptos, de 180 analizados.
Pero también un país de fantasía, donde la sola palabra del Presidente, erradica una práctica ilícita del sistema político mexicano, y con solo esa justificación, pretende desaparecer órganos que garantizar a la sociedad una supervisión sobre las acciones de gobierno, como la Auditoría Superior de la Federación o el acceso a la información como el Instituto de Transparencia.
Entregados a su líder máximo, en el Poder Legislativo mexicano están listos para desaparecer a estos organismos, producto de la denuncia de la sociedad civil a la que parecen tanto aborrecer. De seguir así, inevitablemente entraremos en un Estado todopoderoso y centralista, que será juez y parte, a la vista de todos. Considerémonos advertidos.
