Muchos quizá recuerdan la infame conversación que en 2006 sostuvieron el entonces gobernador de Puebla, el priista Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif. Iniciaba el segundo dirigiéndose al primero como “Mi góber precioso”, y el ex mandatario continuó con un “No, tú eres el héroe de esta película, papá”.
Lo que siguió fue la amenaza a una periodista y activista, Lydia Cacho, cuando el gobernador refirió en la conversación en aquellos años filtrada a medios de comunicación: “Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, que aquí en Puebla se respeta la Ley, y aquí no hay impunidad, y que aquí a quien comete un delito se llama delincuente, entonces que no se quiera hacer la víctima y que no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje, a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode, entonces que se lleve también su coscorrón, y que aprendan otros cabrones y otras, que no vamos a permitir esas cosas”.
Lydia Cacho había escrito el libro “Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil”. En el mismo denunciaba una red de trata de menores, abuso sexual y pornografía infantil. Hasta la fecha, la también activista en el autoexilio, sostiene que el ex mandatario Marín utilizaba el poder político para proteger la red de pornografía infantil.
El personaje del “Góber Precioso” resultó no serlo. Mario Marín no es precioso en ningún sentido. Con la sospecha de la corrupción sobre sus hombros y el señalamiento de protector de una red de trata de menores, si acaso merecería el adjetivo de horrible. Estuvo prófugo de la justicia hasta el miércoles 3 de febrero de 2021, cuando la Fiscalía General de la República lo detuvo en Acapulco, Guerrero, donde en su huida se escondía en casa de un familiar.
Por lo pronto, el delito que pesa sobre Marín y por el cual le fue girada orden de aprehensión, es el de tortura en agravio de Lydia Cacho, a quien en aquel 2006 privaron de su libertad en Quintana Roo, para trasladarla a Puebla y enfrentar cargos de difamación y calumnias. Durante el trayecto, la activista fue torturada psicológicamente, también denunció que una vez llegando a la entidad poblana, fue fotografiada desnuda con policías judiciales como testigos de la humillación. Lydia fue puesta en libertad después de pagar una fianza, y posteriormente los cargos fueron desestimados. La periodista denunció entonces a sus secuestradores y torturadores. Quince años después, el ex gobernador fue detenido.
Kamel Nacif continúa prófugo de la justicia. Ya no tiene esa arenga festiva que hizo suya al amparo del poder político en Puebla, como otros, como Jean Succar Kuri, también señalado en la red de trata y pornografía infantil. Este último, por cierto, aprehendido en 2004. En un primer juicio le fue determinada una sentencia de 70 años que un Tribunal Unitario aumentó a 112, y que desde hace poco menos de un año se encuentra en revisión, suspendida, pero el hombre en la cárcel, precisamente en la misma prisión a la que fue trasladado Mario Marín en Quintana Roo.
A la par de Marín y Nacif, también se giró orden de aprehensión por el caso de tortura contra Lydia Cacho al ex director de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán. Al igual está prófugo, lo mismo que el libanés apodado en México “El Rey de la Mezclilla”, antes que cayera en desgracias por sus actos ilícitos.
La activista Lydia Cacho quiere ir más allá. Como testigo de su propio caso, autora del libro que detalla la red de trata de menores y pornografía infantil, inicia una nueva batalla para lograr que el ex gobernador y sus cómplices sean juzgados por esos delitos. En el preámbulo de la justicia en su caso, busca llevar justicia a otros.
En una entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui, retomada por la revista Proceso, Cacho expresó: “Entramos en una nueva etapa, en la que otra vez vamos a tener que estar encima de la justicia para que no terminen ganando ellos, comprando a la gente, amenazándola, acallándola. A los testigos ya no los pueden acallar, la testigo principal en este caso soy yo, la víctima directa de la tortura soy yo, que es la de toda la evidencia que la Ley necesitaba y reconoce, no tienen manera de decir que no (hay pruebas)”.
¿Habrá justicia en un país en que los delincuentes emanados de la política son tratados con condescendencia y privilegios? Eso lo sabremos en los siguientes días y semanas.
Se demostrará si realmente la Fiscalía General de la República actuó en estricto apego al Estado de Derecho procurando justicia, o si lo hizo por un tema político-electoral.
Político, porque se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuya manifestación en 2020 superó voluntades, gobiernos, represiones y actitudes omisas. Un caso como el de Lydia Cacho pone los ojos sobre la justicia en los atentados a las mujeres, lo cual podría ser en beneficio de las actuales autoridades, sea en órganos presuntamente autónomos como la FGR o el Gobierno de la República.
Electoral, porque estamos frente al proceso electivo más grande de la historia de México, y Mario Marín representa a ese PRI desgastado, todopoderoso, vivo ejemplo del cacicazgo político gubernamental que los llevó a la derrota, hasta convertirse en el último gobernador del partido tricolor en Puebla.
Ojalá y no. Ojalá y no sea como el caso Lozoya, o el de Altos Hornos, o el del General Cienfuegos. Ojalá y este caso sirva de precedente, aun 15 años después, para demostrar que la justicia en México es una realidad. Así se trate de un ex gobernador, en este caso, nada precioso.
