La diputada del Partido del Trabajo (PT), Mercedes Maciel Ortiz, presentó una iniciativa con la que busca detener y sancionar las terapias de conversión de personas de la comunidad LGBT+ en Baja California Sur.
Se trata de un proyecto de decreto para reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y adiciona un artículo al Código Penal del Estado. Asegura que con esto se prohibirá el sometimiento de personas a cualquier forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos por motivo de su orientación sexual o de su identidad de género.
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“Es de primordial importancia mencionar que una realidad social, polémica, que divide sectores de la población y que confronta ideologías religiosas y políticas, es la aceptación de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, que no son aceptados por la sociedad dominante, prevaleciendo el rechazo”, expuso.
Advirtió que el libre desarrollo de personalidad y la dignidad humana conmina a tratar a nuestros semejantes por lo que hacen y no por lo que son (por sus propiedades y circunstancias accidentales, como el sexo o raza).
Al exponer los motivos de su iniciativa, Maciel Ortiz recalcó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfatiza que las terapias de conversión representan tortura para las personas que pertenecen a la comunidad LGBT+.
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Recordó que la ONU solicitó a todos los países el cese de la aplicación de estas terapias, puesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud y la American Psychological Association determinan que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana.
“La violencia y discriminación generada en las terapias de conversión, transgreden derechos humanos fundamentales y dañan a la persona; no son éticas y carecen de fundamento científico, y lamentablemente en muchos casos son los padres, tutores, amigos u otro factor de influencia sobre el ser humano, que no tiene voluntad propia y es obligado a tomar dichas terapias de conversión. Quienes buscan personalmente tomarlas, lo hacen impulsados por el rechazo familiar o social”, expresó.
Con esta propuesta, la legisladora pretende reformar las fracciones XXIX y XXX, y adiciona la fracción XXXI, todas del Artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como agrega un Artículo 205 bis al Código Penal.
En respuesta, los colectivos y asociaciones de la comunidad LGBT+ se manifestaron a favor e, incluso, aplaudieron la iniciativa en el Congreso del Estado.
No obstante, líderes de las agrupaciones como La Paz es Diversa señalaron a través de redes sociales que la propuesta necesita modificaciones -que presentarán en breve-, así como la participación de personas LGBT+ antes de que sea sometida a votación por las y los diputados de la XV Legislatura.
Por este motivo, solicitaron a la diputada del PT la apertura para dialogar con el objetivo de enriquecer la reforma.
