El Congreso de Baja California aprobó este viernes 26 de febrero el dictamen 165 de la Comisión de Hacienda, relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral.
Con 21 votos a favor la XXIII Legislatura aprobó por unanimidad que al Instituto se le otorguen 407 millones de pesos, cifra presupuestaria correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
El 23 de febrero, el presidente del Consejo General del IEE BC, Luis Alberto Hernández Morales, y el secretario ejecutivo del órgano autónomo, Raúl Guzmán Gómez, comparecieron ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, para exponer que era de urgente necesidad ajustar el financiamiento aprobado el 22 de diciembre de 2020, consistente en 314 millones 656 mil 207 pesos.
Las funcionarios del IEE sostuvieron que el techo mínimo que estaban planteando era de 439 millones 746 mil 377 pesos y sostuvieron que era de importancia señalar que distaba mucho de los 469 millones que el Instituto ejerció en 2019.
En cuanto a las razones de pretender otorgarle sólo 314 millones, la Comisión de Hacienda había considerado necesario modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE “’para salvaguardar los criterios de austeridad y racionalidad del gasto público y el equilibrio presupuestal”.
Tras ello el órgano autónomo impugnó el dictamen respectivo y finalmente el Tribunal de Justicia Electoral del Estado resolvió el 11 de enero de 2021 dejar insubsistente el decreto mediante el que se aprobó el presupuesto original (de 314 millones) y la publicación realizada por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, en el Periódico Oficial del Estado, en lo relativo exclusivamente a la partida presupuestal destinada al IEE.
De ahí que el 23 de febrero Hernández Morales y Guzmán Gómez comparecieran ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por la diputada Julia Andrea González Quiroz.
Sobre el hecho de que el presupuesto se incrementó sólo a 407 millones de pesos, la Comisión arguyó se debió a que “fue la cantidad máxima autorizada por la Secretaría de Hacienda del Estado”, instancia a la que el órgano legislativo había recurrido en el ánimo de que brindara asesoría técnica y “emitiera opinión sobre la viabilidad financiera” requerida para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal (RI-11-2021), según quedó establecido en el dictamen 165.
