Cumplir el capricho del gobernador Jaime Bonilla Valdez de expropiar las instalaciones, áreas verdes y campo de golf del club deportivo privado de Tijuana, costaría al erario más de 970 millones de pesos. Además, coinciden abogados, el proceso entre litigios y amparos podría llevar años, de lo que el mandatario no dispone, ya que su administración concluye en unos meses
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Expropiar el Club Campestre de Tijuana, es una acción para la que se requieren dos cosas que el gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, no tiene: tiempo y dinero.
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El primero, porque su gestión como titular del Poder Ejecutivo estatal, está a meses de concluir, y por otra parte, el periodo legal por el que pasará su intento por expropiar el Campestre podría tomar más de un año, entre amparos y diversas diligencias legales en las que tendrán que intervenir más dependencias de gobierno, de acuerdo con el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco.
El segundo obstáculo que el mandatario no ha explicado cómo lo resolverá, es el dinero. La Ley de Expropiación para el Estado de Baja California, establece que se debe pagar una indemnización equivalente al valor comercial fijado por las autoridades y no podrá ser inferior a su valor fiscal.
Son aproximadamente 970 millones de pesos que deberá pagar el gobierno de Bonilla Valdez a los actuales dueños del club, lo equivalente al 52% del presupuesto de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para 2021, como ejemplo comparativo.
Dejando de lado los aspectos políticos y presupuestarios que implicaría dicha acción del Ejecutivo estatal, pretender realizar una “expropiación” también enciende las alarmas de los empresarios, quienes expresaron a ZETA su preocupación porque genera incertidumbre en la inversión extranjera, una de las principales industrias generadoras de empleos formales en la ciudad.
La puntuación del gobernador fue expuesta por él mismo en su videoconferencia a través de Facebook Live el lunes 25 de enero. Bonilla declaró que ante las denuncias contra el Club Campestre por falta de pago del agua e Impuesto Predial, él giró la instrucción al secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, para que analice las formas de “recuperar los pulmones de Tijuana”.
“Les quiero dar una noticia, a raíz de este tema de cómo ha llevado al Campestre este señor (Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana), no pagar el Predial, el agua e ignorar sus responsabilidades, le estoy dando indicaciones al secretario de Gobierno que vea la posibilidad de expropiar el Campestre para uso público”, dijo el mandatario.
Esta medida atiende al beneficio de los ciudadanos de Tijuana, ya que los gobiernos pasados vendieron los parques y se enriquecieron con ello.
“Los gobiernos anteriores destajaron, destruyeron y vendieron los parques, el Parque Morelos es un ejemplo, más de 400 hectáreas ahora son 80 hectáreas, lo demás se convirtió en maquiladoras y centros comerciales. Se enriquecieron con eso los gobiernos de la derecha.”, declaró Bonilla ese día.
Posteriormente, el 26 de enero, Amador Rodríguez Lozano salió en un video difundido en medios electrónicos, asegurando que “la expropiación del Club Campestre de Tijuana será perfectamente legal y sí va a proceder”.
Argumentó que la necesidad de dicho espacio es para sanar la demanda social de los tijuanenses que piden más áreas verdes, “es una necesidad que nuestra ciudad tenga un centro cultural de la mayor envergadura, que nuestros jóvenes y niños tengan lugares donde puedan hacer deporte, hacer cultura o simplemente sentarse a jugar ajedrez, oír música clásica, etc.”.
Y reiteró que la expropiación del club “no es un acto arbitrario, no es un capricho del gobernador, y yo creo que esta expropiación va a ser definitiva y difícilmente va a ser anulada, porque está pensada en beneficio de toda la ciudadanía”.
BONILLA, SIN TIEMPO PARA EXPROPIAR CLUB CAMPESTRE: ABOGADOS
Para distintos abogados consultados por ZETA, como el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, no quedan claras las causas de utilidad pública por las que el gobernador pretende hacer uso de esta facultad constitucional, ya que el pueblo debe reclamar el bien inmueble y ese tipo de manifestaciones no se han presentado.
El especialista explicó que para poder expropiar un espacio como el Club Campestre de Tijuana, se requiere de un procedimiento detallado, conforme lo establecen la Ley de Expropiación para el Gobierno de Baja California, con la intervención de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Además, tiene que demostrar y explicar que efectivamente se trata de una “utilidad pública, a través de un proceso en el que él tenga los recursos suficientes para invertir, y, aparte, sea un reclamo de la sociedad.
“El gobernador debe tener un fundamento, que sea un reclamo de la sociedad, un reclamo reiterado; pero si solo se trata de un capricho, porque este bien es de un particular con el que hay alguna diferencia y solo está fundamentando que es para áreas verdes, pues ya entra otra situación”, comentó Beltrán Verduzco.
Respecto al tiempo que implicaría llevar el proceso legal para la eventual expropiación de los casi 832 mil metros cuadrados del Club Campestre, el abogado subrayó que no le alcanzará el tiempo de gobierno a Bonilla Valdez para tener una resolución frente a tribunales federales.
“Aquí se requiere mucho de la agilidad que le den, por supuesto, son procedimientos que tardan, porque no es expropiar por expropiar. Tiene que indemnizar a particulares, propietarios, se les tiene que pagar. Estos procedimientos no tardan dos o tres meses, tardan mucho más tiempo. Puede iniciar, pero no le alcanzaría su tiempo y, más allá de que exista alguna inconformidad y se presenten amparos, a veces no alcanzan ni los seis años cuando hay inconformidad”, apuntó el abogado.
DE EXPROPIAR EL CAMPESTRE, GOBERNADOR DEBERÁ PAGAR INDEMNIZACIÓN MILLONARIA
De acuerdo con el abogado empresarial Roberto Quijano Luna, para una expropiación se deben tomar en cuenta dos cosas: la causa de utilidad pública y el pago de indemnización. La primera se determina en un procedimiento administrativo, en cambio, el pago de indemnización se puede calcular y establecer el valor a pagar.
El Artículo 12 de la Ley de Expropiación para el Estado de Baja California, refiere que la indemnización a pagar será equivalente al valor comercial que exige la autoridad y en ningún caso puede ser inferior al valor fiscal. “Para calcular eso necesitas dos cosas: la extensión del terreno y el valor por metro cuadrado”, precisó Quijano Luna.
El Club Campestre se encuentra en la colonia Aviación, con un valor de 4 mil 026.35 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, la Tabla de Valores Unitarios tiene otra zona homogénea titulada Campo de Golf, con un valor de mil 173.58 pesos por metro cuadrado.
Si se toma en cuenta solo el costo de la zona homogénea y se multiplica por su extensión de 832 mil 020.6 metros cuadrados, da como resultado que el gobierno de Jaime Bonilla tendría que pagar 976 millones 442 mil 735.7 pesos de indemnización, más lo equivalente al costo de lo construido de la casa club y sus activos.
Si se compara este costo con los presupuestos que se asignaron para las distintas chequeras del gobierno estatal, se puede determinar que pagar la indemnización por expropiar el Club Campestre de Tijuana es equivalente a poco más de la mitad del presupuesto asignado a la UABC (mil 865 millones 595 mil 917 pesos).
También representa casi ocho veces más el presupuesto de la Secretaría de Cultura (189 millones 242 mil 405.47 pesos). Es más, la indemnización por el Campestre equivale a 2300% del presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, que es de 42 millones 157 mil 056 pesos.
HAY PARQUES Y TERRENOS SUFICIENTES PARA MÁS ÁREAS VERDES, SOLO LES FALTA MANTENIMIENTO DEL ESTADO: ABOGADO
Rafael Maurizio Cruzmanjarrez, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados para Baja California, calificó de aberrante la intención de Jaime Bonilla por expropiar el Club Campestre, dado que el argumento del Ejecutivo estatal sobre la necesidad de más espacios para parques en la ciudad, se antepone a la falta de atención a los ya existentes por los dos niveles de gobierno.
“El Gobierno del Estado cuenta con polígonos extensos y de mayor factibilidad para áreas verdes y parques, que fueron donados por la Iniciativa Privada para ese rubro, la gran mayoría en la Zona Este”, dijo.
Las áreas destinadas como pulmón de la ciudad hoy más que nunca se encuentran abandonadas, casos como este son:
Parque México en Playas de Tijuana.
Parque Cuauhtémoc, Zona Río.
Parque 18 de Marzo, Colonia Morelos.
Parque Agua Caliente, donde se encuentra la réplica de la Torre de Agua Caliente.
Parques de Hacienda Agua Caliente y Jardines de Agua Caliente.
Parque de las Californias.
Parque Teniente Guerrero.
Parques de la Amistad y Del Centenario en Otay.
Parque de los Grandes Lagos, “entre otros en toda la ciudad, sin la atención debida”, apuntó el abogado.
EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CAMPESTRE DE TIJUANA Y AGC
El club privado fue creado el 10 de septiembre de 1948 por el militar y político Abelardo L. Rodríguez, gobernador del territorio de Baja California de 1923 a 1930, Presidente de la República de 1932 a 1934, y gobernador de Sonora de 1943 a 1948.
Durante los 72 años de existencia del Club Campestre y sus 18 hoyos, Luis Arturo González Cruz, actual alcalde de Tijuana, lo ha presidido por tres ocasiones; la primera de 1993 a 1994, su segundo periodo fue de 2008 a 2015 y el tercero de 2016 a 2019.
El club fue presidido entre 2015 y 2016 por Rosendo Ruiz Hernández, hermano del fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández.
En el área privada de Asociados, además del Campo de Golf, el Club Social y Deportivo Campestre cuenta con canchas de tenis, gimnasio, racquetbol, frontenis, alberca interior de 25 metros, alberca exterior, baños, salones recreativos y un salón llamado Agua Caliente, en el que se llevan a cabo eventos como graduaciones, conciertos, bodas, bailes y conferencias.
La supuesta deuda de agua y el beneficio en el pago de Impuesto Predial
De acuerdo con registros catastrales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), el 29 de diciembre de 2020, Club Social y Deportivo Campestre pagó una factura por 237 mil 867.65 pesos (IVA incluido) y actualmente cuenta con una factura que vence hasta el 2 de febrero, por 238 mil 354.28 pesos (IVA Incluido).
De acuerdo con la titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, el Club Campestre adeudaba a la CESPT más de 5 millones de pesos por el uso del agua residencial para regar sus campos.
Por medio de la empresa Fisamex, subcontratada para que realizara la tarea de fiscalizar los adeudos de agua a la Comisión, los encargados del Campestre liquidaron el adeudo que tenían por la dotación de agua residual el 8 de diciembre del año pasado.
Respecto al pago de Impuesto Predial, tanto autoridades del Ayuntamiento como del Campestre, aseguraron que nunca se debió ni hubo un atraso en el pago de este tributo por parte del club.
En una revisión efectuada por ZETA, se pudo identificar que, en el último recibo de factura por concepto de Predial, el club social deberá pagar antes del 31 de enero la cantidad de 783 mil 943 pesos, sin que se muestre algún adeudo.
