La tarde del miércoles 13 de enero, las y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron por unanimidad la resolución que finaliza los conflictos que han tenido los poderes Ejecutivo y Legislativo de Baja California Sur en el último año
El año pasado, el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, interpuso el recurso de queja 3/2020, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 84/2020. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del Poder Ejecutivo con cinco votos.
El recurso de queja fue promovido por el mandatario, con fundamento en una violación al provisto al 29 de mayo del año anterior, mediante el cual se concedió al Poder Ejecutivo la suspensión de actos impugnados.
“Se ordena al Congreso del Estado de Baja California Sur, dejar insubsistentes los actos que dieron lugar a este recurso en términos de lo dispuesto en esta resolución. Asimismo, no hay lugar a determinar responsabilidad alguna en contra de las autoridades denunciadas”, se leyó en la sesión virtual de la Corte, transmitida en redes sociales el 13 de enero.
Asimismo, existían otros dos recursos de queja interpuestos por la fracción de mayoría del Congreso del Estado, conformada por Morena y Partido del Trabajo (PT), resueltos por la SCJN ese día. Se trata de los recursos de queja 1/2020 y 2/2020, derivados del incidente de suspensión de la controversia constitucional 63/2020 y 64/2020. Las y los magistrados desecharon estos procedimientos, exponiéndolos como “procedentes, pero infundados”.
Con esta resolución, el Congreso del Estado tendrá que regresar todo al mes de marzo de 2020, cuando inició el conflicto entre las y los legisladores de mayoría y oposición.
Según el mandatario, el Congreso del Estado debe cumplir cabalmente con el incidente de suspensión, por lo que deberá reponer la sesión ordinaria del 17 de marzo de 2020, a partir del momento en que fue suspendida; y enfatizó que todo lo actuado por el Poder Legislativo posterior al 17 de marzo, no tiene efectos jurídicos.
“Amigas y amigos: les comparto que la Segunda Sala de la @SCJN resolvió por unanimidad el Recurso de Queja 003/2020, declarándolo procedente y fundado. Este Recurso lo promovimos dentro de la Controversia Constitucional 84/2020 derivado del incumplimiento del @BcsCongreso del incidente de suspensión ordenado por el Ministro Instructor”, informó Mendoza Davis vía redes sociales.
“en su resolutivo, los ministros de la segunda sala ordenan al @BcsCongreso dejar insubsistentes todos los actos que dieron lugar al recurso de queja 003/2000 en los términos establecidos en la resolución”, fue otra de sus publicaciones.
DE REGRESO AL 17 DE MARZO DE 2020
Pero ¿qué fue lo que sucedió en esa sesión del 17 de marzo, que ocasionó un año de litigios entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de BCS?
Daniela Rubio, diputada por el Partido Humanista, explicó que la problemática legal inició ese día, cuando, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva, suspendió la sesión.
Recordó que ese 17 de marzo, el Comité de Seguridad en Salud encabezado por el subsecretario federal Hugo López-Gatell Ramírez, emitió recomendaciones sobre las medidas para prevenir que trascenderían hasta hoy, derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.
Una de las medidas era evitar las aglomeraciones, además de que la SCJN, el Senado y otros órganos decidieron suspender sesiones presenciales por la crisis sanitaria.
“Yo suspendí porque el aforo del recinto tiene capacidad de 88 personas, había más de 200 porque desde afuera se veía la manifestación de los transportistas que venían del Ayuntamiento de Los Cabos”, comentó Rubio.
“Querían que se cumpliera con el cambio del auditor y de la cuenta del Congreso, cuando sabemos que estos cambios no los habían hecho con la mayoría calificada. No cumplieron con el número que solicita la Ley Reglamentaria, trajeron a los transportistas en una forma de presión”, agregó.
Derivado de esta situación, suspendió la sesión con fundamento en que ya había casos de contagio en Los Cabos, “sin embargo, al yo suspender, toma la mayoría la decisión de nombrar otra diputada como presidenta, cuestión que no existe en la Ley Reglamentaria, salvo que pudieran destituirme con un procedimiento que no hubo”.
En esta “destitución” de Daniela Rubio, la mayoría procedió a nombrar a la diputada por el PT, Mercedes Maciel, como presidenta de la Mesa Directiva.
Según Rubio, con dos presidentas en funciones, una apoyada por la oposición y otra por la mayoría, el Poder Ejecutivo no tenía certeza jurídica sobre lo que sucedía dentro del Legislativo. Es por ello que el gobernador recurrió a la controversia constitucional 84/2020, para que la SCJN solucionara el problema legal del Congreso.
“El Ejecutivo no tenía la certeza jurídica de qué sucedía, ya que recibía información firmada por dos presidentas. Les guste o no a la mayoría, el Poder Ejecutivo tiene el poder emitir las observaciones que considere necesarias”, expresó.
A pesar de las medidas cautelares que otorgó la Corte mientras se resolvía de fondo el conflicto, los ocho diputados de oposición fueron “destituidos” mediante un juicio político en agosto de 2020. No obstante, ordenó la restitución de las y los legisladores.
La diputada sostuvo que, al estar viciada de nulidad, ya que su remoción como presidente fue sin apego a la Ley, se debe realizar de nuevo la sesión del 17 de marzo y dejar sin efecto lo actuado posterior a ese día.
“El Congreso tendrá que retrotraer todo desde el 13 de enero de 2021 al 17 de marzo de 2020. Es casi un año que va a quedar sin efecto, pero cuando se cumpla esto, ya habrá certeza jurídica”, y aclaró que las y los 21 diputados aún no han sido notificados sobre la resolución de la SCJN, por lo que desconocen si la sesión debe reponerse hasta el inicio del periodo ordinario en marzo de este año o antes.
Además, si la mayoría espera a la resolución de fondo que puede tardar hasta octubre, se corre el riesgo de heredar este conflicto legal a la siguiente Legislatura y administración estatal.
“No es una situación personal, es Poder Legislativo contra Ejecutivo. No está perdido porque se defendió que perdure el Estado de Derecho, es un periodo perdido porque no se emitió producto legislativo, pero es una lucha que se gana contra la mayoría. No supieron ser mayoría, improvisaron y no observaron las leyes en la materia. Los juicios políticos que emprendieron en nuestra contra, nos hicieron perder como cuatro meses, ensañados en querer deshacerse de una minoría”, acusó Daniela Rubio.
SCJN NO INVALIDA TRABAJO LEGISLATIVO: MORENA-PT
En respuesta, el diputado líder de la fracción Morena-PT, Humberto Arce, confirmó lo ocurrido en la sesión del 17 de marzo; sin embargo, no concuerda con las razones por las cuales Daniela Rubio suspendió ese día.
Asimismo, asegura que la Corte no invalida todo lo actuado desde el 17 de marzo a la fecha, ya que ese no era el fondo de la controversia constitucional interpuesta por el gobernador.
“No reanudamos correctamente la sesión del 17 de marzo, sigue la incertidumbre de la presidenta de la Mesa. La Corte pide dejar sin efecto los actos que originaron la queja: la no correcta iniciación de la sesión. Debemos volver a repetirla, pero la Corte no invalida todo lo que se hizo este año. No es cierto, ese no es el fondo del asunto”, advirtió.
Los recursos de queja interpuestos por la mayoría se debieron a que la Secretaría de Finanzas no les estaba depositando el recurso en las nuevas cuentas aprobadas por el Congreso en medio del conflicto, y, sobre la suspensión del 17 de marzo, asegura que no acataron la instrucción de Rubio, debido a que no está por encima de la asamblea.
“No había casos registrados en el Estado y nuestros hijos todavía iban a la escuela. La suspensión fue un pretexto de la diputada para paralizar y para que su padrino, el gobernador, siguiera haciendo lo que quiere sin contrapeso”, señaló Arce.
“Le pedimos que pusiera a consideración, agarró la campana, se la lleva y se va… se va dejando Mesa Directiva y dejando quórum. Al haber quórum, la asamblea puede continuar y decidimos no suspender el periodo”, abundó.
En este contexto, insistió en que la SCJN falló a favor del recurso de reclamación 73/2020 que interpusieron, por considerar que la primera suspensión emitida por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, fue excesiva.
Sostuvo que acatarán las disposiciones de la Corte una vez que conozcan el resolutivo, ya que hasta el momento lo que se emitió por el máximo tribunal fue un adelanto de tres controversias.
“Los dos recursos donde resuelven las peticiones de los diputados y diputadas de Morena y PT, las declara fundadas, pero no motivadas, porque está planteando resolverlas como parte del fondo del asunto, el cual sigue pendiente”, apuntó el legislador.
Por último, Humberto Arce pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por “noticias falsas o incompletas”, esperando que lleguen pronto las resoluciones. “Los legisladores de Morena y PT solo buscamos el beneficio de la ciudadanía y eso se ha comprobado en el trabajo que se ha realizado en el Congreso”, recordando que Carlos Mendoza Davis no ha publicado 37 decretos aprobados incluso por unanimidad “que no están en litigio”.
