Guillermo Rivera, el abogado
La pandemia ocasionada por la propagación de la COVID-19 a nivel mundial, ha mostrado las deficiencias de los gobiernos, de las políticas públicas y las carencias de un modelo económico que se desplomó en el momento más complicado de la humanidad en la época reciente.
Baja California no está exento de estas complicaciones y deja claro que la inoperancia gubernamental ante un problema más allá de lo político-partidista, ha obligado a que organismos de la sociedad civil, empresas y entes altruistas, suplan la falta de capacidad del Estado para resolver las problemáticas sociales vigentes.
Uno de los esfuerzos más interesantes durante el periodo de pandemia es el que realizó -y sigue realizando- el despacho De la Peña-Rivera, fundado hace 35 años por Leonel De la Peña Gaboya, pero que en 2020 ha tenido al abogado Guillermo Eugenio Rivera Millán, al frente del prestigioso despacho, que a raíz del cierre de Juzgados -y con ello una suspensión temporal de la justicia-, optaron por cambiar sus prioridades y ofrecer trabajos pro-bono a personas de diversos sectores, principalmente vulnerables, con lo que consiguieron amparos que beneficiaron enormemente a muchas familias.
El despacho De la Peña-Rivera se unió al colectivo Justicia COVID, ente con presencia en los 32 estados de la República por medio de 65 grupos de abogados, con el objetivo de proteger y apoyar a personas cuyos derechos fundamentales fueron violados por la suspensión de actividades originadas por la COVID-19.
El colectivo ha brindado 864 asesorías y ayudado a 3 mil 110 personas, de los cuales solo el equipo de Guillermo Rivera ha tramitado 58 demandas ante la justicia federal y un gran número de atenciones personalizadas.
En entrevista en su despacho, Guillermo Rivera Millán comentó que durante estos meses han brindado apoyos a personas de todo tipo y han enfrentado casos diversos, desde obligar al Estado a proporcionar material educativo y acceso a las tecnologías a personas vulnerables para que reciban clases virtuales, hasta lograr que el Sector Salud proporcione equipo total a médicos y enfermeros durante el ejercicio de sus funciones.
También han obligado a que los hospitales encuentren mecanismos para brindar acceso a la salud a pacientes COVID y a personas que requieren cirugías u otro tipo de tratamientos urgentes, los cuales fueron rechazados o suspendidos a causa de la pandemia.
“Los abogados hacemos nuestro trabajo social, una vinculación con la ciudadanía. Que a los abogados no nos vean bajo una óptica mercantilista o no nos tengan confianza.
Nos da un reencuentro con la ciudadanía”, refirió el abogado, quien asegura que han tenido que modificar muchas acciones y encontrar nuevos esquemas jurídicos para brindar beneficios a la ciudadanía.
“Hubo algo novedoso en el sentido que ha habido simpatía con el Poder Judicial, porque todos somos personas y tenemos familiares que nos hemos tocado con el COVID, ellos han sido un gran motor para que esto funcione, a raíz de que el aparato gubernamental funcionara lento”, expuso.
Su prioridad ha sido responder cuando las políticas públicas y el Estado en general fracasan, procurando la protección de la justicia federal y reconociendo que los derechos humanos no deben ser violentados bajo el argumento de una enfermedad.
“Los amparos no sustituyen políticas públicas”, aseguró el jurista, quien aseveró que estas victorias también han favorecido para entender los errores sistémicos en los aparatos gubernamentales.
Rivera Millán recordó varios casos en los que se logró tener éxito, como en un asilo de ancianos donde se generó un brote de COVID-19, en el caso de dos periodistas que se ampararon ante las restricciones de acceso a la información dentro del Poder Judicial, o incluso el apoyo del mínimo vital a pescadores de Ensenada que quedaron desamparados por no pertenecer a una cooperativa.
Sin embargo, reconoce que el caso más difícil fue el de un niño originario de Guadalajara, a quien por la pandemia no se le otorgaron 10 unidades de sangre que requería para su tratamiento.
“Logramos la suspensión. No le querían dar al menos 10 unidades de sangre y ya vimos después que tenía cáncer y más cosas, aparte de las unidades, logramos que le dieran las unidades, pero en ese inter falleció el niño. Y bueno, lo que nos queda más en la memoria son en este tipo de casos, pues si hubiéramos llegado una semana antes, habríamos sido la diferencia. Los casos positivos es el objetivo, qué bueno que se puedan salvar vidas, que se materialicen sus derechos”, sentenció.
El despacho De la Peña-Rivera cuenta con un equipo de 20 personas, la mayoría de ellos abogados que han enfocado sus esfuerzos en brindar seguridad social y jurídica a las personas durante esta pandemia, labor que continuarán mientras se sigan cometiendo abusos bajo el argumento de la COVID-19. Por estas razones, el abogado Guillermo Rivera Millán es, para ZETA, Personaje Destacado 2020.
