La Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Baja California, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) le requirió al Ayuntamiento de Tijuana el pago de un crédito fiscal por 540 millones 416 mil 983.75 pesos, adeudo heredado de la administración municipal del priista Jorge Astiazarán Orcí.
Por esta razón, el actual alcalde Arturo González Cruz, solicitó al Cabildo la autorización para contratar un despacho externo con experiencia en situaciones fiscales para representar al Ayuntamiento de Tijuana ante el SAT, en un proceso administrativo con el objetivo de resolver el adeudo.
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De acuerdo con el antecedente, la administración de Astiazarán Orcí no cubrió el pago de 207 millones 313 mil 861.16 pesos por el concepto de retención de impuesto sobre la renta de los salarios, correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2016. Con el ajuste de impuestos y recargos, la deuda asciende a más de 540 millones de pesos.
Durante la sesión de Cabildo también se expuso que este adeudo se notificó a la anterior administración, la del panista Juan Manuel Gastelum Buenrostro, pero esta autoridad no procedió ni a pagar ni a buscar una solución, “heredándole” la responsabilidad a la actual administración.
La primera visita domiciliaria por parte del SAT se registró el 11 de abril de 2019, bajo la orden número VRM4100010/19 del oficio 500-10-00-03-02-2019-457, cuya acta parcial planteó al ayuntamiento diversos hechos y omisiones para su aclaración. Fue el 16 de julio que se levantó la última acta parcial de la orden de visita domiciliaria, el 26 de agosto de este mismo año el SAT presentó un escrito ante la Sindicatura Procuradora en el que se le solicitó su comparecencia sobre este tema.
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María del Carmen Espinoza Ochoa aportó durante la sesión de cabildo de este 29 de diciembre, que el área a su cargo ya cuenta con una investigación en curso, para determinar las responsabilidades tanto de ex funcionarios municipales de los dos Ayuntamientos anteriores y del presente Ayuntamiento también.
Por unanimidad, incluyendo el voto a favor de Espinoza Ochoa, el Cabildo de Tijuana autorizó esta contratación, que deberá ser supervisada por el tesorero municipal Víctor Manuel Cerda Romero, por lo menos el tiempo que le toque a la actual administración, en caso de que el proceso administrativo sea más de un año.
La última notificación se recibió el pasado 3 de noviembre y daba un periodo de 30 días hábiles para que el Ayuntamiento de Tijuana entregara una respuesta, plazo que vence el próximo 6 de enero de 2021.
