De los 14 regidores de Cabildo, nueve no transparentan el dinero que reciben para gestión social, cuando cualquier ciudadano podría acceder a esa información. Cada edil maneja de 30 mil a 200 mil pesos trimestrales, recurso llamado gestión social que se presta para actos de corrupción
De acuerdo con lo publicado en la Plataforma de Transparencia del Ayuntamiento de Ensenada, el regidor Diego Alejandro Lara Arregui, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, es el que menos productividad ha reflejado en sus resultados.
Publicidad
ZETA llevó a cabo un análisis de lo que cualquier ciudadano puede encontrar de sus representantes en el Cabildo, conforme al Artículo 81 de la Ley de Transparencia gubernamental.
El trabajo de los regidores radica en la elaboración de puntos de acuerdo para la creación de reglamentos municipales o modificación de los existentes, además de promover medidas para incrementar la recaudación; sin embargo, la productividad es baja en estos rubros.
De los 14 regidores del Cabildo de Ensenada, nueve no transparentan el dinero que reciben para gestión social: Diego Alejandro Arregui, Carmen Lidia Salazar Guerra, Joaquín Alonso Moreno Valenzuela, Raúl Vera Rodríguez, Adolfo Núñez Benítez, Miguel Orea Santiago, Yolanda Navarro Caballero y Dora Leticia Rosa Ochoa; Carmen Elizabeth solo tiene registrado un gasto.
Publicidad
Cada regidor recibe un sueldo bruto de 42 mil 700 pesos mensuales -de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia- y un presupuesto adicional de 30 mil a 200 mil pesos trimestrales.
El Artículo 25 del reglamento interior del Ayuntamiento de Ensenada, dicta sus funciones: observar y cumplir los acuerdos que apruebe el Ayuntamiento, estar en las sesiones de Cabildo, estar en las reuniones de su comisión, ser respetuosos en las mismas, confidencialidad cuando sea necesario, evitar los conflictos de interés, presentar declaración patrimonial y resolver problemas de los ciudadanos; por lo que aquellos que no asistieron a una sesión de Cabildo, debieron reflejar un descuento en su nómina, pese a presentar un justificante acorde con el reglamento.
ARREMETEN CONTRA REGIDORES
Unas horas antes de Nochebuena, los regidores del municipio de Ensenada aprobaron en la Comisión de Desarrollo Urbano y en sesión de Cabildo, el cambio de uso de suelo de “habitacional” a “industrial de bajo riesgo” a la empresa Litoral de Baja California, S de PR de RL, con domicilio en Calle Triunfo de la colonia Vista al Mar, Delegación El Sauzal.
La situación causó descontento entre la comunidad de El Sauzal, que desde hace años mantiene una protesta por la operación de empresas dedicadas a mover contenedores y de consorcios internacionales que procesan productos marinos, los cuales generan malos olores en la entrada a la ciudad por la Carretera Escénica.
Durante la sesión de Cabildo del 23 de diciembre, el coordinador de la Comisión, Diego Lara Arregui, leyó la solicitud que fue presentada por la ciudadana Lorena Cesma.
En medio de una polémica se entregó la autorización a la empresa que funcionará como “una planta para preservar langosta” en un terreno de 5 mil metros. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de Baja California, costó 8 millones 625 mil pesos y fue adquirido en 2019.
El 9 de noviembre de 2020, en el expediente ES-500-962, el director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Héctor Villalobos Buelna, notificó a la empresa la imposibilidad de aprobar la solicitud.
La solicitud es para realizar la actividad de planta con tanque para preservar langosta viva, sin embargo, en ese momento la respuesta fue que, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial, en 2009 establece que “la zona del sector El Sauzal, subsector S.2. donde se localiza el inmueble referido con Uso de Suelo Habitacional, es incompatible con la actividad pretendida”.
DEBEN CUMPLIR LA LEY
Como lo marca el reglamento interno, los regidores tienen obligación de asistir a las sesiones de Cabildo, y sobre todo a transparentar el dinero público que reciben, asegura la coordinadora de la Comisión de Transparencia, Brenda Valenzuela.
El fundamento jurídico que obliga a los ediles a presentar informes trimestrales de desempeño, se encuentra en el Artículo 81 fracción XLVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Valenzuela considera de suma importancia generar mecanismos para transparentar y garantizar el acceso a cualquier información de carácter pública, “es necesario que cualquier representante popular ponga a disposición el desempeño legislativo y de gestión social que realiza cada trimestre, puesto que el espacio que se ostenta, es precisamente de representación de la ciudadanía”.
Con lo anterior se puede conocer más sobre la productividad de los regidores, a fin de exigir mayor desempeño y conocer el manejo y gasto de los recursos públicos que administran.
“Aquel compañero regidor que es omiso al compartir los informes trimestrales de desempeño legislativo y gestión social, que establecen las leyes en materia de Transparencia, es lamentable porque existe la obligación jurídica, y la obligación moral de informar a sus representados”, aseveró Armando León Ptacnik, quien formó parte del Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información.
Por lo tanto, se debe cumplir con la protesta de decir la verdad y cumplir con la Constitución.
GESTIÓN SOCIAL SE PRESTA A CORRUPCIÓN
Para León Ptacnik, los apoyos económicos que manejan los regidores carecen de transparencia. El empresario, quien preside la Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), añadió que tradicionalmente los regidores han manejado ese recurso para gestión con opacidad.
“Tienen obligación de transparentar ese recurso no solo ellos, sino todos los funcionarios públicos, porque lo gastan sin comprobantes y tal parece que es una forma de comprar el voto en el pleno del Cabildo”, calificó.
Con el propósito de dar formalidad a la gestión social, adelantó la posibilidad de presentar una iniciativa a nombre del centro empresarial para reglamentar perfectamente el uso de esos recursos, “debemos evitar que los regidores lo manejen, sino una dependencia o el Poder Ejecutivo responsable de distribuir el dinero; es la única forma de acabar con el manejo que pareciera para beneficio personal y está en total opacidad”.
Para concluir, Armando León reiteró su desacuerdo con la repartición del recurso denominado gestión social, el cual, desde su perspectiva, se presta para actos de corrupción.
