Omar Hamid García Harfuch recibía 200 mil dólares mensuales de parte del cártel de los Guerreros Unidos, para que los dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero, donde el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México (SSC-CDMX), fungía como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).
Así lo refirió a la Fiscalía General de la República (FGR), un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos -a cuya declaración tuvo acceso el diario Reforma-, y cuyas revelaciones han llevado, al actual Gobierno Federal, a la detención del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Martínez Crespo, quien sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1, fue señalado por “Juan” como operador de la detención de los normalistas, quien, siempre según el testimonio, incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital.
“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, señaló “Juan”, en una declaración dada el 10 de febrero del 2020.
“Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los [de] Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, aseguró el declarante, cuya identidad está reservada.
Como testigo protegido, “Juan” otorgó muchos detalles respecto a cómo ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas y, según su dicho, fueron muertas y desaparecidas al menos 30 personas más, presuntos sicarios de un grupo contrario a Guerreros Unidos.
Según el rotativo, la relevancia de su testimonio es que ha dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que él ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su implicación en el caso.
Juan indicó que el ahora titular de la SSC-CDMX estaba “bien conectado” con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), de 1964 a 1970.
El testigo protegido refirió, también, que la nómina de Guerreros Unidos incluía a los Batallones 27 y 41 de Infantería, a cuyos militares pagaban de 60 mil a 120 mil pesos, según el rango, aunque señaló que había un general que recibía hasta 5 millones de pesos.
Otros funcionarios que señaló “Juan” son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco Cabrera, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la entonces Procurador General de Justicia (PGJ) guerrerense, respectivamente, en el Gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quienes supuestamente recibían 50 mil dólares mensuales.
Asimismo, el testigo protegido señaló que el mejor pagado de los militares era un general, aunque sólo identificó a un coronel, mando de uno de los batallones, como receptor de los sobornos por protección, que incluía transportar en vehículos militares tanto droga, como armas, para Guerreros Unidos.
“La Policía estatal, la Policía de Caminos, la Federal Ministerial, la Municipal ya estaba controlada por ser del municipio donde operaba el grupo”, afirmó “Juan”, quien abundó que el hombre de Guerreros Unidos que estaba encargado de pagar la nómina a militares y elementos de diversas corporaciones era Jesús Pérez Lagunas, “El Güero Mugres”, asesinado el 28 marzo del 2018, en Tonatico, Estado de México.
“Juan” indicó que dicho personaje hablaba mucho de un general de apellido Saavedra, al que describe como una persona “vieja”, de ceja poblada negra, cabello entre cano, entre 1.70 o 1.74 metros de estatura, “robusto, nariz boluda, tez clara”.
“Se pagaba mensualmente según el rango, era lo que variaba, un teniente andaba entre 60 a 80 mil pesos, un capitán andaba en 120 mil pesos, mientras que un General ya es cosa seria lo que se le da, pues va de 4 a 5 millones, dinero que se da mensual por parte de Jesús Pérez Lagunas ‘El Güero Mugres'”, mencionó.
“‘El Güero Mugres’ lo recolectaba entre los miembros del grupo Guerreros Unidos y él se encargaba de hacerlo llegar a quien se debía entregar, la cooperación se hacía y luego se iba a entregar, se sabía que el dinero se les entregaba porque esa gente se le mandaba el recurso, se le preguntaba si había llegado y cuánto le llegaba”, agregó “Juan”.
El testigo protegido afirmó que un coronel de apellido Nieto es quien recibía el pago de la nómina para el 41 Batallón de Infantería. Con respecto al 28 Batallón, “Juan” no especificó quién era el que cobraba a los traficantes.
En más de una respuesta al interrogatorio de la FGR, el testigo protegido aseguró que su vida está en riesgo y que por ello prefiere no abundar en detalles y nombres de militares implicados.
Cuando había un policía que no pasaba los exámenes de control de confianza, el grupo criminal pagaba 2 mil dólares adicionales para que no fuera dado de baja de la corporación, agrega el testimonio.
Este pago al jefe de Seguridad Pública se hacía llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, “La Canperra”, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
“El secretario de Seguridad Pública, Teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez y el Fiscal Iñaky Blanco Cabrera, dado que estaban en la nómina de Guerreros Unidos, el encargado de entregarle al Teniente era Felipe Flores, se mandaban 50 mil dólares mensuales y a Iñaky le entregaba Gabriel, alias ‘El Pelón’, también se le mandaban 50 mil dólares mensuales”, declaró “Juan”.
A los mandos de la Policía estatal les daban 80 mil pesos cada mes; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos. Asimismo, el testigo protegido dijo que el jefe de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, recibía cada mes 250 mil pesos y sus agentes 20 mil pesos.
“Juan” también aseveró que los Guerreros Unidos pagaban 40 mil pesos al mes a los agentes de la PF adscritos en Iguala y Taxco. En el caso del primer municipio, gastaban 600 mil mensuales por todos los federales adscritos.
Sin embargo, el testigo protegido deslindó a un elemento de apellido Dorantes, de los pagos que hacía Guerreros Unidos a la PF. Es al único que refirió que no aceptaba dinero, aunque sabía que sus colegas eran sobornados.
Con relación a la subsede de la FGR y la Policía Federal Ministerial (PFM), “Juan” también señaló que estas cobraban una renta a los criminales, pero el testigo protegido no especificó nombres ni cantidades.
“Por lo que hace a la PFM , sé que participó, pero no conozco a sus elementos porque el encargado de negociar y pagarles la nómina era el licenciado Ángel Víctor Esquivel, que es una persona que en ese tiempo tenía un problema en una pierna, por lo que rengueaba, sin recordar de qué pie”, dijo “Juan” en el interrogatorio.
GARCÍA HARFUCH LO NIEGA
Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy “testigo protegido”, publicadas por @reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma. No tengo nada que ocultar.
— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 21, 2021
La mañana del 26 de junio del 2020, el titular de la SSC-CDMX sufrió un atentado en su contra, en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Monte Blanco, de la colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, mismo en el cual murieron tres personas y cinco más resultaron lesionadas.
El titular de la SSC-CDMX pidió ayuda a dos mandos de la corporación: Jorge Hirschberg Salazar, coordinador General de la Policía Metropolitana (“Sérpico”) y a Rogelio Ramón Hipólito, Coordinador general de Áreas Técnico Operativas de la Subsecretaría de Operación Policial (“Ocelotl”).
En un audio de 48 segundos de duración, presentado por el periodista Ciro Gómez Leyva en el noticiero nocturno de Imagen Noticias, se escucha al titular de la SSC-CDMX cuando es trasladado en un ambulancia, para ser llevado hacia un helipuerto de la la colonia Virreyes, ubicado en la calle Montes Urales, aproximadamente un kilómetro de distancia donde ocurrió el atentado.
En el trayecto, García Harfuch informó que había sufrido un “atentado grave”, por lo que pidió a “Ocelotl” un despliegue de patrullas en la zona y a “Sérpico” que llegara al helipuerto mientras coordinaba el traslado del helicóptero del agrupamiento Cóndores, para que el titular de la SSC-CDMX fuera trasladado a un hospital de la zona sur de la capital de la República.
Tras recibir tres impactos de bala en un brazo, hombro y rodilla, además de tener varias lesiones por esquirlas durante el atentado, García Harfuch fue ingresado en un hospital. Ese mismo día lo operaron y cuatro días después tuvo que volver al quirófano, en continuidad a una de las lesiones que sufrió, según se informó en su momento.
“Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”, escribió el funcionario capitalino en su cuenta de la red social Twitter, ese mismo día.
Dos semanas después, el 6 de julio, el titular de la SSC-CDMX anunció en un tuit: “Fui dado de alta del hospital, agradezco profundamente las muestras de solidaridad y apoyo recibido. En pocos días regresaré a trabajar con la mayor determinación para continuar con la construcción de la mejor Policía de México y combatir a la delincuencia que tanto daño nos hace”.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México reiteró el 28 de julio del 2020, que los responsables del ataque en su contra, registrado el pasado 26 de junio, fue organizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Al participar en la videoconferencia encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el funcionario capitalino indicó que esta aseveración se basa en las investigaciones previas que se han realizado en la SSC-CDMX desde agosto del 2019.
García Harfuch comentó que la del CJNG no es la única amenaza de un ataque en su contra que ha recibido, y que las ha habido desde que fue director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), y, también, desde que perteneció a la Policía Federal.
¿QUIÉN ES GARCÍA HARFUCH?
García Harfuch fue director -desde el 9 noviembre del 2016 hasta el 1 de junio de 2019- de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), fungió antes como comisario general y jefe de la División de Investigación de la Policía Federal (PF).
El 15 de junio del 2019 fue nombrado como jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) y coordinador de Inteligencia del Gabinete de Seguridad de la capital de la República.
Es hijo de la actriz María Harfuch Hidalgo (mejor conocida como María Sorté), misma a la que transportó en un avión privado de la PF, durante las inundaciones acontecidas en Acapulco, Guerrero, tras el paso de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, en septiembre del 2013, tal como lo informaron diversos medios en aquel momento.
En enero de ese mismo año, la PF tuvo que aclarar que García Harfuch, hijo del extitular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Javier García Paniagua, fue investigado, junto con once agentes federales más, por el gobierno estadounidense como parte de un procedimiento protocolario para poder asistir a “un curso avanzado para combatir pandillas”, en El Salvador.
El semanario Proceso había dado a conocer que a través del cable 142144Z, fechado el 9 de diciembre de 2009, emitido por la embajada de Estados Unidos en México y dirigido al secretario de Estado, se solicitó una investigación de los antecedentes de los 12 agentes federales mexicanos, misma que fue realizada por la Narcotics Affair Secttion (NAS), según con un cable revelado por la organización Wikileaks.
Asimismo, el medio digital La Silla Rota aseguró que García Harfuch ha tenido “un crecimiento acelerado” dentro de la administración pública federal, ya que en sólo ocho años y sin experiencia previa en temas de seguridad, pasó de la gerencia en una empresa constructora a convertirse en el titular de la Dirección de la Investigación de la Policía Federal, uno de los máximos cargos dentro la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El 1 de septiembre de 2008, García Harfuch ingresó a la PF como jefe departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito. Su único antecedente laboral era el cargo de gerente en la Red Inmobiliaria del Ángel S.A. de C.V. con funciones de “supervisión de obra”, de junio de 2003 a junio de 2008, según se indica en su declaración patrimonial del 2007.
En ese entonces, el titular de la AIC reportó que tenía estudios truncos en la licenciatura de Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac México Sur, con una constancia de cuatro cuatrisemestres.
Fue designado suboficial en Cuernavaca, Morelos, y en enero de 2013 inspector general de la Policía Federal en Guerrero. Después lo designaron titular de la División de Inteligencia de la PF, con un salario mensual de 130 mil 992 pesos, según el mismo medio digital.
