Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ligó este miércoles 13 de enero, a Genaro García Luna con los contratos de penales privados en México y acusó que se deben 190 mil millones de pesos de los mismos.
“Hay un monto pendiente por pagar en años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos que corresponderá hasta 2032 y en otros hasta 2036 y 2037. Así se hace un costo total proyectado a 20 años de 266 mil 300 millones de pesos”, indicó la funcionaria federal.
“La firma de estos convenios dieron lugar en la época del presidente de la República, Felipe Calderón, cuando el secretario de Seguridad era Genaro García Luna”, agregó Rodríguez Velázquez.
Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se busca un acuerdo con los proveedores de servicios en los penales privados o de lo contrario amagó con cancelar los contratos.
“Decirles que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna, pero, he dado instrucciones al Consejero Jurídico para que se actúe en dos vertientes”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente. Y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública”, dijo el presidente.
“Se va hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, abundó López Obrador.
El pasado 13 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto entregó 10 contratos por más de 402 millones de dólares a la empresa Nunvav Inc., “que ha sido señalada como pieza clave para la triangulación de recursos en el caso García Luna”.
Según la institución federal, durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2017, el Gobierno de México otorgó nueve contratos a dicha compañía, por una cantidad de 390 millones de dólares, con fondos de la partida de Seguridad Pública y Nacional, y uno más por 270 millones de pesos, a través del presupuesto tradicional.
A través de un comunicado, la SHCP detalló que existe un contrato por un total de 19 millones 848 mil dólares, con una vigencia anual entre el 27 de julio de 2012 y el 27 de julio de 2013, que presenta adeudos vigentes de pago por 5 millones 954 mil 400 dólares, es decir, 30 por ciento del monto total.
“El objeto del contrato se estableció para: suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Federal, CPS 12 Guanajuato [ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera Laguna de Guadalupe, en el municipio de Ocampo]”, agregó la SHCP.
“Derivado de la revisión de la documentación de este contrato, que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Administración (DGA) del área de Prevención y Readaptación Social (RPS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se encontraron potenciales irregularidades en la administración del contrato y procedimientos de pago”, abundó la Secretaría
“En la DGA no existe evidencia de los trabajos realizados y ya pagados al proveedor. En el contrato y su anexo técnico no se especifican los componentes del sistema integral, ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas. En minuta incompleta se exponen diversas razones que impedían concluir los trabajos durante la vigencia del contrato; sin embargo, no existe convenio modificatorio”, detalló la SHCP.
“Como apoyo de la factura que se adeuda por 5 millones 954 mil 400 dólares, de fecha 15 de octubre de 2019, el proveedor anexa como soporte documental, la capacitación proporcionada el 28 de noviembre de 2019, con duración de una hora y treinta y siete minutos, a tres participantes que no laboran ni han laborado en la PRS. No existe evidencia documental de la liberación del sistema y puesta en marcha”, indicó.
Por último, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, en la actualidad, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) están revisando información de diversos contratos celebrados con la empresa Nunvav Inc.
Ese mismo 12 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que dos días antes de que concluyera el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, éste entregó un contrato por 19 millones de dólares a una empresa ligada a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, para “cursos” que sólo tres personas los recibieron.
“Ayer me decía el Secretario de Hacienda [y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez], y yo siempre digo lo que pienso porque mi pecho no es bodega, de un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el Gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, de un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares”, señaló el mandatario nacional.
Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño detalló que el Gobierno Federal todavía debe casi seis millones de dólares por este contrato. “Y lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron tres personas. ¿Saben cuánto tiempo tardaron con el curso de capacitación para tres personas? Una hora y media”, añadió.
“Una empresa. Entonces está la factura y nos están pidiendo que paguemos, pues vamos a presentar denuncia. Yo me enteré ayer. Es una empresa ligada al señor García Luna. Hoy les damos ya toda la información. Imagínense que ahora que vamos a evaluar los 109 fideicomisos lo que vamos a encontrar”, comentó López Obrador.
El pasado 28 de diciembre, César de Castro, abogado de Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, dijo en un documento enviado a la Corte del Distrito Este de Nueva York, que su cliente “no es ‘El Chapo’”, haciendo referencia al capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera.
Ello porque el litigante solicitó a la Corte ubicada en Brooklyn que los testigos que se presenten contra su cliente sean públicos, esto debido a que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron que sean protegidas sus identidades, porque temen que el ex funcionario federal mexicano o sus asociados puedan atentar contra sus vidas.
“El señor García Luna no es ‘El Chapo’. Él no representa ningún riesgo a la seguridad de los testigos”, dice un fragmento de la carta, difundida en la red social Twitter por el periodista Keegan Hamilton, de Vice News.
En la misiva, el abogado de García Luna señala que el ex funcionario federal mexicano es “un preso modelo”, que no ha incurrido en alguna infracción durante su encierro y que sólo ha sostenido comunicación con su familia.
A la par, señaló que “el sufrimiento [de García Luna] es de un nivel mucho más alto que cualquiera sufrido por el Sr. Guzmán Loera”, ex líder del Cártel de Sinaloa, condenado y preso en Estados Unidos.
El pasado 2 de diciembre, los fiscales neoyorquinos solicitaron al juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna, para así proteger la identidad de los testigos.
“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, indicaron entonces los fiscales.
“Estamos seguros de que ninguna de sus comunicaciones dará lugar a la conclusión de que García Luna representa cualquier tipo de amenaza a la seguridad de los testigos o de cualquier otra persona”, insistió De Castro en la misiva.
En una carta dirigida al juez Cogan, firmada por el fiscal federal Seth DuCharme, también se solicita que los documentos se mantengan como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.
“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la misiva.
El texto añade que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.
Dentro de los documentos que se solicita se mantengan reservados están comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.
La petición, según abundaron los fiscales federales de EE.UU., permitiría “proteger a testigos potenciales, sus familias y la integridad de las investigaciones”, contra García Luna.
La misiva añade que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.
El pasado 6 de diciembre, Martha Bárcena Coqui, embajadora de México ante los Estados Unidos, solicitó en una nota formal ante el Departamento de Estado de EE.UU., la extradición de García Luna.
Funcionarios de la FGR indicaron que una juez federal del Estado de México otorgó la orden de captura, debido a que el ex funcionario no demostró el origen de 27 millones de pesos que fueron utilizados para la compra de bienes inmuebles en México.
Un día después, el 7 de diciembre, García Luna compareció ante el juez Brian M. Cogan, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos. Durante la breve audiencia, se fijó una nueva fecha de audiencia para el próximo 17 de febrero de 2021.
Mientras que César de Castro, abogado del ex funcionario federal mexicano, se quejó ante el juez estadounidense, que desde el pasado 20 de octubre y hasta este día, no había hablado con su cliente, y que hasta tres veces se le cancelaron reuniones con García Luna sin explicación.
El ex titular de la SSP Federal mexicana está en prisión preventiva desde hace un año en el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Brooklyn, donde ahora se encuentra aislado debido al aumento de casos de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) en el lugar.
Ante dicha situación, De Castro solicitó un aplazamiento de 60 días para poder ver las pruebas en contra de su cliente. El abogado solicitó tener acceso a la evidencia, mientras que los fiscales Michael Robotti y Ryan Harris, reconocieron que desconocían esa situación y aceptaron comenzar una coordinación con la defensa y el personal que tiene a García Luna en custodia.
El fiscal Seth DuCharme mencionó que cuentan con 955 mil páginas de evidencia, la mayoría proveniente de una exploración a dispositivos electrónicos, fotos y videos de García Luna, y también cuenta con una cantidad “voluminosa” de comunicaciones interceptadas.
Además, informó que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York espera las respuestas de varias solicitudes de evidencia que hizo a gobiernos extranjeros, a través del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.
El pasado 7 de octubre, el ex titular de la SSP Federal se declaró inocente de los cinco cargos que le imputó el juez Brian M. Cogan, durante una audiencia llevada a cabo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos.
De forma remota, García Luna escuchó la lectura de los los cinco nuevos cargos de la acusación ampliada, que se agregó al caso el pasado mes de julio, mismos que indican que el ex funcionario federal mexicano participó en envíos de droga a EE.UU.
“La acusación señala que usted era el jefe de varios cómplices y ganó una fortuna gracias a estos envíos”, le dijo Cogan a García Luna, quien se declaró no culpable de los cinco cargos, entre ellos por supuestamente recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, para permitir el tráfico de drogas y falsedad de declaraciones.
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó el pasado 29 de septiembre, un paquete de evidencia contra García Luna, que incluye comunicaciones interceptadas, videos y documentos de las autoridades mexicanas.
El pasado 30 de julio, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusó a Ramón Eduardo Pequeño García y a Luis Cárdenas Palomino, ex Coordinador de la División de Inteligencia para la Prevención del Delito y ex titular de la División de Seguridad Regional, ambos de la Policía Federal (PF), respectivamente, por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Según lo informó el periodista Alan Feuer, ambos ex funcionarios federales, junto a Genaro García Luna, estuvieron implicados en el asesinato de un informante colombiano de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), “hace más de una década”, según “ha testificado un renegado del cártel”.
“El informante estaba dando información a las autoridades estadounidenses sobre los envíos de cocaína controlados por Arturo Beltrán Leyva, el antiguo socio de Guzmán en Sinaloa […] Sergio Villarreal Barragán [alias ‘El Grande’], afirma que García Luna recibió el nombre del informante de un oficial corrupto de la PF en Bogotá [Colombia]”, indicó Feuer en su cuenta de la red social Twitter.
“Pequeño y Palomino ayudaron a darle el nombre a Beltrán Leyva. El informante fue secuestrado y torturado. Después de confesar que trabajaba para la DEA, fue asesinado”, agregó en una serie de tuits el periodista, corresponsal en Nueva York del diario The New York Times.
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó también a García Luna, por el delito de empresa criminal continua por colaboración con el Cártel de Sinaloa, y presentó tres cargos de importación de cocaína y conspiración internacional contra Pequeño García y Cárdenas Palomino.
La Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York actualizó la acusación presentada originalmente contra García Luna el pasado 4 de diciembre, que solo incluía tres cargos de narcotráfico y uno de falsedad en declaraciones.
En consecuencia, se solicitó a la Corte para el Distrito Este de Nueva York ordenar la aprehensión de Pequeño García y Cárdenas Palomino, a quienes la Fiscalía caracterizó como “fugitivos” en un boletín de prensa.
Para sustentar la acusación de empresa criminal contra García Luna, los fiscales neoyorquinos mencionaron seis cargamentos masivos de cocaína asegurados en Estados Unidos entre 2002 y 2008, que sumaron 50 toneladas.
En ese periodo, García Luna fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y a partir de diciembre del 2006, titular de la SSP Federal mexicana.
“Entre 2002 y 2007, García Luna presuntamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50 mil kilos de cocaína. Además, los acusados colocaron a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa”, señala el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU.
Antes, el 27 de julio, los fiscales neoyorquinos y César de Castro, abogado del ex funcionario federal mexicano, dijeron estar experimentando problemas para reunirse con posibles testigos para el juicio de García Luna, en las diversas cárceles estadounidenses, debido a la crisis sanitaria que experimenta EE.UU.
El pasado viernes 24 de julio, la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York entregó a los abogados defensores de García Luna, un paquete de pruebas que usará para el eventual juicio contra el ex funcionario federal mexicano, entre ellas, cocaína y heroína decomisada en el periodo comprendido entre el 2002 al 2009.
Las pruebas contra el ex titular de la SSP Federal mexicana, incluyen 43.8 kilos de cocaína decomisados en Brooklyn el 24 de mayo de 2002, cuando García Luna era Coordinador General de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Además, serán presentados 20 kilos de cocaína asegurados en el Buque Gatun, cerca de la costa de Panamá, en marzo del 2007, que fueron parte de un decomiso de 21 toneladas del narcótico en dicha embarcación, apenas días después de que el Gobierno mexicano encontró 205 millones de dólares en efectivo en la casa del empresario Zhenli Ye Gon, en Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México.
Asimismo la Fiscalía neoyorquina -que depende del Departamento de Justicia estadounidense- también exhibirá ante la Corte del Distrito Este de Nueva York -donde se realizará el juicio contra García Luna- 22 kilos de cocaína y 4 kilos de heroína asegurados en Palisades, Nueva Jersey, en julio del 2009.
La defensa de García Luna, que encabeza el abogado César de Castro, también recibió al menos 60 mil páginas de documentos que no son públicos, como parte del procedimiento conocido como descubrimiento probatorio contra el ex funcionario federal mexicano.
Los documentos incluyen transcripciones de comunicaciones interceptadas, registros financieros, bancarios y de negocios, expedientes aportados por el Gobierno de México, así como declaraciones rendidas por el propio García Luna, quien fue detenido el 10 diciembre del 2019 en Dallas, Texas.
“El Gobierno llamará a declarar durante el juicio a expertos sobre análisis forense de drogas, los métodos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional, y sobre traducción de español a inglés”, agregó la Fiscalía neoyorquina, que aún no dio acceso a la defensa a la identidad, conclusiones e historial profesional de dichos expertos.
En abril y mayo pasado, la Fiscalía de Nueva York ya había entregado otros documentos a la defensa, referentes a la vida que García Luna llevaba en Florida, a donde se mudó tras su salida del Gobierno Federal mexicano a finales de 2012, así como otras comunicaciones interceptadas.
Además, el pasado 1 de junio, los Fiscales del Distrito Este de Nueva York entregaron a los abogados de García Luna, pruebas contra el ex funcionario federal mexicano, que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.
En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses, los fiscales neoyorquinos dijeron que entregaron las pruebas a los litigantes, además de que pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa de García Luna.
Según lo informó la agencia estadounidense The Associated Press (AP), en ambas cartas, los Fiscales neoyorquinos dijeron, también, que entregaban a los abogados de defensores de García Luna, transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpos de seguridad y declaraciones del ex funcionario federal mexicano.
