FGR detiene a ex mando de la PF relacionado a desaparición de 43 de Ayotzinapa

Foto: Tomada de Internet / Google Imágenes
Destacados domingo, 24 enero, 2021 1:36 PM

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Luis Antonio Dorantes Macías, ex titular de la estación de la Policía Federal (PF) en la ciudad de Iguala, Guerrero, posiblemente relacionado con la desaparición en el 2014 de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

“Esta persona, probablemente tuvo conocimiento de la detención de estudiantes normalistas, negando posteriormente su detención, posible destino y paradero”, explicó la FGR, cuya Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa -que dirige el fiscal Omar Gómez Trejo -obtuvo en septiembre pasado, un auto de formal prisión contra el ex funcionario federal, acusado de desaparición forzada agravada.

“La Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel Federal, dieron cumplimiento a la misma el 18 de enero de 2021”, agregó la FGR respecto a Dorantes Macías, quien días después de la desaparición de los 43 normalistas, presentó su renuncia.

Apenas el pasado 21 de enero, se conoció que Omar Hamid García Harfuch recibía 200 mil dólares mensuales de parte del cártel de los Guerreros Unidos, para que los dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero, donde el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México (SSC-CDMX), fungía como coordinador de Seguridad Regional de la PF.

Así lo refirió a la FGR, un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos -a cuya declaración tuvo acceso el diario Reforma-, y cuyas revelaciones han llevado, al actual Gobierno Federal, a la detención del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Martínez Crespo, quien sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1, fue señalado por “Juan” como operador de la detención de los normalistas, quien, siempre según el testimonio, incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital.

“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, señaló “Juan”, en una declaración dada el 10 de febrero del 2020.

“Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los [de] Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, aseguró el declarante, cuya identidad está reservada.

Como testigo protegido, “Juan” otorgó muchos detalles respecto a cómo ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas y, según su dicho, fueron muertas y desaparecidas al menos 30 personas más, presuntos sicarios de un grupo contrario a Guerreros Unidos.

Según el rotativo, la relevancia de su testimonio es que ha dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que él ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su implicación en el caso.

Juan indicó que el ahora titular de la SSC-CDMX estaba “bien conectado” con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), de 1964 a 1970.

El testigo protegido refirió, también, que la nómina de Guerreros Unidos incluía a los Batallones 27 y 41 de Infantería, a cuyos militares pagaban de 60 mil a 120 mil pesos, según el rango, aunque señaló que había un general que recibía hasta 5 millones de pesos.

Otros funcionarios que señaló “Juan” son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco Cabrera, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la entonces Procurador General de Justicia (PGJ) guerrerense, respectivamente, en el Gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quienes supuestamente recibían 50 mil dólares mensuales.

Asimismo, el testigo protegido señaló que el mejor pagado de los militares era un general, aunque sólo identificó a un coronel, mando de uno de los batallones, como receptor de los sobornos por protección, que incluía transportar en vehículos militares tanto droga, como armas, para Guerreros Unidos.

“La Policía estatal, la Policía de Caminos, la Federal Ministerial, la Municipal ya estaba controlada por ser del municipio donde operaba el grupo”, afirmó “Juan”, quien abundó que el hombre de Guerreros Unidos que estaba encargado de pagar la nómina a militares y elementos de diversas corporaciones era Jesús Pérez Lagunas, “El Güero Mugres”, asesinado el 28 marzo del 2018, en Tonatico, Estado de México.

“Juan” indicó que dicho personaje hablaba mucho de un general de apellido Saavedra, al que describe como una persona “vieja”, de ceja poblada negra, cabello entre cano, entre 1.70 o 1.74 metros de estatura, “robusto, nariz boluda, tez clara”.

“Se pagaba mensualmente según el rango, era lo que variaba, un teniente andaba entre 60 a 80 mil pesos, un capitán andaba en 120 mil pesos, mientras que un General ya es cosa seria lo que se le da, pues va de 4 a 5 millones, dinero que se da mensual por parte de Jesús Pérez Lagunas ‘El Güero Mugres’”, mencionó.

“‘El Güero Mugres’ lo recolectaba entre los miembros del grupo Guerreros Unidos y él se encargaba de hacerlo llegar a quien se debía entregar, la cooperación se hacía y luego se iba a entregar, se sabía que el dinero se les entregaba porque esa gente se le mandaba el recurso, se le preguntaba si había llegado y cuánto le llegaba”, agregó “Juan”.

El testigo protegido afirmó que un coronel de apellido Nieto es quien recibía el pago de la nómina para el 41 Batallón de Infantería. Con respecto al 28 Batallón, “Juan” no especificó quién era el que cobraba a los traficantes.

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