El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretende mandar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma administrativa para que organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, puedan ser absorbidos por dependencias federales, lo que implicaría un retroceso de más 20 años de esfuerzos de la sociedad civil organizada en contra de la corrupción y opacidad en el país
El lunes 11 de enero de 2021, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional en Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no son imprescindibles, porque ya existe el gobierno y este podría realizar dichas actividades a un menor costo; además de achacar que estos organismos “surgieron durante el periodo neoliberal”.
“Todos estos organismos que fueron creados para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, no son imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. ¿Por qué crearon todos estos organismos alternativos? Porque esto surgió durante el periodo neoliberal, para tener un gobierno afín”, señaló.
En la misma línea discursiva, el Presidente añadió que su administración, la “más transparente de la historia”, no requiere del INAI. “La transparencia es una regla de oro de la democracia, entonces, ¿para qué tener un aparato administrativo, costoso, si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace?”, planteó.
Y remató argumentando que las actividades que realizan organismos como el INAI, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), bien las puede hacer la Secretaría de la Función Pública: “¿Qué no puede un solo organismo hacerse cargo de atender las demandas de los ciudadanos para que se entregue información rápida, expedita, sin ninguna limitación? ¿Qué no lo puede hacer la Función Pública?”.
Consultados por ZETA, miembros de organizaciones civiles que han participado activamente en la transparencia de datos públicos comentaron que, de materializarse la intención del Presidente, se echarían abajo más de 20 años de esfuerzos de la sociedad organizada por la rendición de cuentas y el acceso a la información.
Además, aseguran que una institución gubernamental como la SFP no podría dar certeza y garantizar la transparencia, al ser juez y parte. Al ser parte del sistema gubernamental generaría conflicto de interés, por lo que abonaría a una mayor opacidad y mayores trabas en el acceso público a la información.
Óscar Mauricio Guerra Ford, ciudadano comisionado del INAI, comentó en un posicionamiento que antes de la existencia de la normatividad en materia de transparencia y acceso a información pública, “la opacidad gubernamental imperó en el país”.
“Durante muchos años fue imposible para la ciudadanía conocer información básica del gobierno y sus representantes, como son el salario de los funcionarios públicos, la justificación de sus determinaciones, los contratos suscritos y el manejo de los recursos públicos”, expresaría en el escrito divulgado el 13 de enero.
Además, refirió que el INAI es una institución que ha surgido para dar respuesta a una legítima demanda social de apertura de la información en manos del gobierno, generando que los ciudadanos tomen decisiones con mayor información en su poder sobre el ejercicio gubernamental.
Guerra Ford destacó la importancia de este organismo al garantizar el adecuado ejercicio del derecho de acceder a la información de los ciudadanos, “a través de las 1.7 millones de solicitudes presentadas en el periodo de autonomía de este instituto, que representan el 63% del total realizadas en 20 años de existencia normativa de este derecho a nivel federal y mediante la resolución de 32 mil recursos de revisión en la Federación, en los cuales, en el 75% de los casos, el resultado fue a favor del ciudadano”.
El INAI ha contribuido a facilitar y fomentar la participación ciudadana en el proceso de identificación de prácticas ilegales en el gobierno, y, a partir de ello, iniciar procesos de investigación y aplicación de sanciones por parte de las autoridades encargadas de combatir este tipo de conductas.
“El mayor dinamismo del derecho de acceso a la información también se ve reflejado a nivel nacional a partir de la reforma constitucional de 2014, ya que las solicitudes de información, antes de esta, llegaban a 400 mil anuales y posteriormente a la reforma, rebasan el millón en todo el país”, reconoció el comisionado.
Como organismo garante de la transparencia nacional, el INAI vigila que las instituciones gubernamentales cumplan debidamente con la publicación de la información que por Ley deben dar a conocer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que a la fecha, se ha convertido en un espacio dinámico con 4 mil millones de registros (cada uno equivale de 10 hasta 100 datos) , nutrida con la información cargada por 8 mil sujetos obligados a nivel nacional y 860 de la Federación, con mil 400 millones de registros.
El INAI también ha contribuido en la lucha en contra de la corrupción que impera en el país; México se ubica en la posición 130 de 180 naciones evaluadas por Transparencia Internacional; y uno de los logros más importantes del órgano garante, es su contribución a la prohibición establecida en el Artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para reservar aquella información relacionada con actos de corrupción.
Como ilícitos llevados a cabo por servidores públicos, incluyendo el ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos; pago y recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado y/o enriquecimiento ilícito; así como información relacionada con la violación a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Para conocer más de las aportaciones del INAI en la lucha anticorrupción, ZETA consultó a Darío Ramírez, director de Comunicación y Asuntos Internacionales de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quién aseguró que, de desaparecer la autonomía del organismo, llevaría a una mayor opacidad y desinformación respecto al actuar del poder político.
– ¿Cuáles serían las consecuencias de desaparecer al órgano garante o de limitar su autonomía al ser absorbido por la SFP?
“Hay varias cosas, obligaría a la desinformación de la sociedad mexicana, impediría la vigilancia de acciones de gobierno, sería un punto a favor de la opacidad y la impunidad; la impunidad se alimenta de desinformación y de opacidad, se politizarían las deducciones que en su naturaleza deben ser apartidistas. Creo que sería un tema muy serio en cuanto a la división de poderes y fortalecimiento de la ciudadanía, creo que se perdería eso”.
Ramírez resaltó que la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, plasmada en la Constitución y los ordenamientos legales, es un derecho adquirido por la ciudadanía, “sería un retroceso evidente llevarnos a los años 90, donde no se aseguraba el derecho a preguntarle al gobierno. Es muy importante reconocer que el derecho ha ido avanzando en términos de su uso e importancia, hoy el periodismo en México es uno de los más vibrantes en América Latina, y no se podría entender sin esta capacidad que ya tenemos, que ya usamos, que es preguntarles a los diferentes órganos de gobierno a través del acceso a la información, siendo garantizado por Ley; y si no cumplen, está el INAI para defender las solicitudes y para ser un juez”, abundó Darío Ramírez.
Ser juez y parte, como lo propone el Presidente al proponer que el gobierno sea su propio contrapeso, “evidentemente es una falacia, el derecho se ha ido expandiendo, cada vez más usuarios lo ejercen lo usan, está muy inserto después de 20 años en nuestra sociedad y creo que así se debe de quedar y fortalecer”, consideró.
El INAI ha sido factor importante para investigaciones periodísticas, mismas que han favorecido como efecto multiplicador para que una solicitud llegue a más de una persona y las respuestas repercutan entre un número mayor de población, destacando con ello su valor social como inhibidor de actos de corrupción y coadyuvante con mecanismos de detección y sanción de esta.
Como ejemplos está la investigación de la Casa Blanca del ex Presidente, Enrique Peña Nieto, publicada por Carmen Aristegui, la cual fue respaldada por veinte solicitudes de acceso a la información presentadas ante la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, la Presidencia de la República y el Estado Mayor Presidencial.
Otro ejemplo es la investigación realizada por el portal Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, titulada “La Estafa Maestra”, en la cual presentaron más de 500 solicitudes, de las que obtuvieron 73 convenios que sirvieron de sustento a la investigación.
Andrés Manuel López Obrador también ha recurrido a la Plataforma de Transparencia. En su libro “2018 La Salida. Decadencia y Renacimiento de México”, realizó solicitudes de información para documentar el costo anual que representa la manutención de ex presidentes. Además, la información obtenida y garantizada su entrega por la existencia del INAI, sirvió como referente para promulgar medidas de austeridad, como ha sido la eliminación de esas pensiones.
En el caso de ZETA, este medio de comunicación ha podido desarrollar la mayoría de sus investigaciones, en las que se han revelado los actos de corrupción de los gobiernos bajacalifornianos, como contratos que el gobierno estatal, en las administraciones del PAN y el de Morena -que actualmente encabeza Jaime Bonilla Valdez-, a la par de los gastos superfluos de los diputados del Congreso del Estado, como los del Poder Judicial y de los partidos políticos.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de la organización Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, declaró a este Semanario que la intención del Poder Ejecutivo federal significa un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos, en particular del derecho a la información.
“Desde la perspectiva periodística ha sido de gran ayuda, por ejemplo, para el tema de la revelación de listas sobre condonaciones fiscales a las grandes empresas en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tampoco podrían entenderse investigaciones de alto impacto a nivel periodístico y a nivel social, sin estas solicitudes de acceso a la información”, calificando la actitud y planes del titular del Ejecutivo federal como “un atentado a la garantía de derechos, y por ende, para la democracia”.
Consideró que no se podrían comprender los llamados macro procesos, seguidos en temas de corrupción sin precisamente las investigaciones periodísticas cuya base documental fue adquirida a través de los sistemas de acceso a la información pública.
“La intención del Presidente es contradictoria, cuando el viernes después de la conferencia matutina, donde cargó otra vez contra el organismo garante y dijo que lo quería desaparecer, más tarde se hizo público que su gobierno se habían negado a transparentar los contratos para adquirir las vacunas por parte de la Secretaría de la Salud. Entonces, es evidentemente una contradicción y representaría un retroceso para la democracia”, reiteró Maldonado Gutiérrez.
En su opinión, la desaparición del INAI como organismo autónomo no solamente es grave, sino que la propuesta para darle dichas funciones a una dependencia del Poder Ejecutivo genera “la pregunta sobre si lo que se busca realmente es garantizar el derecho al acceso a la información, o más bien garantizar la opacidad del gobierno”.
Finalmente, Edna Jaime Treviño, directora general del organismo México Evalúa, externó que de quitarle la autonomía o desaparecer el INAI, habría un impacto muy grande en un derecho muy importante de los mexicanos: acceder a la información, el cual está consagrado en la Constitución.
“Veo con muchísima preocupación esta propuesta del Presidente y no le encuentro un sentido; el razonamiento del Presidente es decir que es cara, el presupuesto del INAI representa el 0.01% del gasto total, son alrededor de 900 millones de pesos, ni siquiera llegan a ser mil millones, por supuesto es mucho dinero, pero el trabajo del INAI merece que se le destinen recursos, porque lo que está de por medio es muy importante”, argumentó.
“No se puede dejar al poder público sin la debida vigilancia, el ejercicio del poder sin contra pesos, y menos sin la exigencia de la rendición de cuentas. Y un componente importante para esto, es la transparencia y el acceso a la información”, subrayó Edna Jaime, para después refutar el dicho del mandatario nacional respecto a que el INAI no se creó bajo el periodo neoliberal, sino que se construyó desde la sociedad civil durante el proceso de democratización del país, tanto así que fueron participantes clave para su llegada a la silla presidencial.
Por último, sentenció que, si la intención de iniciativa del titular del Poder Ejecutivo se materializa y llega al Legislativo, “correremos peligro, porque tenemos legisladores que hacen genuflexión frente al Presidente y no tienen ningún vínculo de interés de escuchar a la ciudadanía, menos de proteger sus derechos, porque para ellos la disciplina es más importante que el servicio al ciudadano”.
