De forma unánime, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, dejaron sin efecto el auto de formal prisión dictado contra José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, quien fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Asimismo, los magistrados del tribunal federal ordenaron al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, abrir un nuevo plazo constitucional, en el que lleve a cabo nuevamente la diligencia para tomar la declaración preparatoria de Abarca Velázquez.
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A pesar de dicha decisión judicial, el ex alcalde permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ello hasta que un juez valore si lo somete a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, únicos cargos que lo mantienen preso.
La sentencia de amparo también ordena que se le hagan saber todos los derechos de que goza Abarca Velázquez, y que de manera clara y precisa, se le informe sobre la naturaleza y causa de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra, así como las conductas u omisiones que en el particular le fueron atribuidas.
Los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, ordenaron al juez, asentar de manera clara y detallada esas circunstancias en el acta respectiva, lo cual incluye los nombres de las personas que atestiguan en su contra, así como de las pruebas en que ello se basa.
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“Deberá hacérsele saber la identidad de los testigos colaboradores con nombre clave ‘Mateo’ y ‘X’, cuya identidad hasta la etapa de averiguación previa era reservada”, ordenó el tribunal federal, respecto a Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande” y Eynar Rodrigo Lozano Mendoza.
El pasado 24 de agosto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca Velázquez -ex acalde de Iguala, Guerrero- para dejar sin efectos el auto de formal prisión en el proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que se sigue en su contra.
Con dicha resolución, el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, deberá tomar una nueva declaración preparatoria a la procesada y, a partir de este trámite, considerar qué elementos existen para poder determinar la situación jurídica de Pineda Villa, quien, sin embargo, no recuperará su libertad.
Además, en el amparo otorgado por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Segundo Circuito, se ordena que se revelen los nombres de los testigos protegidos que declararon contra Pineda Villa y que se exhiban las pruebas que existen en su contra, así como los hechos concretos que se le atribuyen, para que pueda defenderse de los mismos.
Según el diario Mileno, que informó del hecho, por este motivo debe quedar sin efecto el auto dictado el 11 de marzo de 2019 dentro de la causa penal 12/2017. Los nombres y datos de identificación que ordenó revelar el Tribunal, son los de los testigos colaboradores con nombres claves Mateo (Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”) y “X” (Eynar Rodrigo Lozano Mendoza).
“Requiera al agente del Ministerio Público de la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente, tomando en cuenta el término constitucional para resolver la situación jurídica, recabe nuevamente la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa”, indica el fallo de los magistrados federales.
El Tribunal puntualizó que todo lo ordenado en su sentencia debe realizarse de acuerdo con diversos numerales de la Constitución, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“De manera clara y precisa, le informe sobre la naturaleza y causa de la consignación, esto es, de los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra, es decir, su denominación y previsión legal, mediante la precisión de los consecuentes hechos materia de la misma, las conductas u omisiones que en el particular le fueron atribuidas, asentando de manera clara y detallada esas circunstancias en el acta respectiva materia de la misma, lo cual incluye los nombres de las personas que deponen en su contra, así como de las pruebas en que ello se basa”, establece la sentencia.
Abarca Velázquez fungía como alcalde de Iguala, Guerrero, cuando el 26 de septiembre del 2014, ocurrió la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Aunque el matrimonio no se encuentra detenido por estos hechos, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) les imputó cargos por delincuencia organizada, al involucrarlos con el grupo criminal de Guerreros Unidos y de haber colaborado con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La entonces PGR, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, aseguró, en su momento, que Felipe Flores Velázquez, en esas fechas titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala -detenido y vinculado a proceso a finales de octubre del 2016- recibió una orden directa de su primo, el entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez, de evitar que los normalistas llegara a la plaza principal del municipio, donde su esposa, María de Los Ángeles Pineda Villa, rendía su informe como presidenta del DIF municipal.
Según testimonios y evidencias obtenidas por la entonces PGR, fue Flores Velázquez -en la actualidad preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, de Almoloya de Juárez, Estado de México– quien ordenó a los policías municipales de Iguala secuestrar y entregar al grupo Guerreros Unidos a los normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.
En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se señala que Flores Velásquez mantuvo comunicación con la Policía Federal (PF) entre los días 26 y 27 de septiembre del 2014.
La entonces versión oficial, cuestionada por los padres de los normalistas, indicaba que el ex mando policíaco habría pedido apoyo la noche del 26 de septiembre del 2014 a César Nava González, ex subdirector de seguridad pública de Cocula, para trasladar a un grupo al sitio conocido como Lomas de Coyote, donde fueron recibidos por integrantes de los Guerreros Unidos, quienes supuestamente asesinaron e incineraron a los estudiantes.
Sin embargo los especialistas de la CIDH aseguraron en su informe, que no existen pruebas científicas de que los 43 estudiantes hayan sido quemados en el basurero de Cocula, sitio donde dijo la entonces Procuraduría General de la República, se dio “la verdad histórica”.
Además de ser primo del entonces alcalde, el ex jefe policíaco era el enlace principal entre éste, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, y los mandos del cártel de los Guerreros unidos, y conoció de primera mano lo que sucedió la noche del 26 de septiembre, ya que recibió las órdenes que dio Abarca Velázquez.
El ex titular de la Seguridad Pública de Iguala declaró ante la Procuraduría General de Justicia de Guerrero el día 27 de septiembre del 2014, fecha en la que prácticamente todos los elementos de la corporación municipal bajo su mando ya habían sido detenidos.
En sus declaraciones ante el Ministerio Público local, Flores Velázquez inicialmente afirmó no haberse dado cuenta de nada sobre hechos de violencia, y que incluso, en lo que habría sido la primera agresión contra los normalistas en inmediaciones del palacio municipal, se asomó porque creyó escuchar disparos de arma de fuego, pero tras comprobar que no pasaba nada, regresó a su oficina.
Sin embargo, luego modificó su dicho y señaló que tuvo reportes del C-4 de que en el centro de Iguala se estaban registrando algunos hechos de violencia, los cuales le eran reportados por su subdirector operativo Francisco Salgado Valladares y el encargado de radio de la corporación.
La declaración de Flores Velázquez sirvió a la entonces PGR para acreditar que el entonces alcalde mintió, cuando en entrevistas con medios de comunicación afirmó no haber estado enterado de nada de lo sucedido en su municipio la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El ex alcalde afirmó antes haber estado en el informe de su esposa, luego haber bailado un rato y, tras ir a cenar con su familia, haber dormido sin que nadie le reportara nada. Pero mintió, según la versión de su primo y ex jefe policíaco municipal.
Según la PGR, los Guerreros Unidos entregaban de manera periódica (semanal o mensual), entre dos y tres millones de pesos a las autoridades municipales de Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal, ya que con ese dinero se pagaba la nómina de los policías.
Las autoridades también relacionan a Flores Velázquez como testigo presencial del asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, cometido por el propio alcalde de Iguala, tal como lo señala en una declaración notariada Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes del secuestro realizado 30 de mayo de 2013.
ESPOSA DEL ALCALDE ERA OPERADORA FINANCIERA DE LOS GUERREROS UNIDOS
El Ministerio Público de la Federación señaló a Pineda Villa -quien se encuentra detenida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, “El Rincón”, en Tepic, Nayarit-, como miembro de la organización criminal Guerreros Unidos desde 2005, cuya participación era la de brindar protección y financiamiento al grupo, a través de transacciones con dinero procedente de actividades ilícitas.
El señalamiento de operaciones con recursos de procedencia ilícita fue justificado únicamente con las declaraciones de ingresos que Pineda Villa realizó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que entre 2009 y 2011 se acreditó un diferendo de ingresos no comprobables de 3 millones 286 mil 641 pesos; mientras que entre 2009 y 2014, hizo depósitos bancarios por 13 millones 722 mil 849 pesos en cuatro cuentas de diversas instituciones crediticias.
