Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen una enorme cantidad de casos que resolver durante su encargo, y en vez de ello, deben perder el tiempo con las ocurrencias del secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, y los caprichos de su jefe, Jaime Bonilla Valdez.
El viernes 11 de diciembre, ZETA dio a conocer que la demanda de controversia constitucional 187/2020, presentada por el Poder Judicial contra el Decreto 110 del Poder Legislativo -el cual prevé la desaparición del Consejo de la Judicatura y retrocede a un viejo esquema de elección de magistrados por medio de una terna enviada por el gobernador-, obtuvo la suspensión del acto, misma que permanecerá hasta que se emita una sentencia por parte de los ministros.
El togado Alberto Pérez Dayán fue el responsable de conceder la protección de la justicia federal, pese a que se trataba de una Ley general -lo cual es un elemento para que no se otorgue una suspensión-, y con ello protegió al Consejo de la Judicatura de una desaparición.
CachanillaZ obtuvo una copia de la suspensión recibida por el Poder Judicial, en la cual se vislumbran los alegatos emitidos por la institución, en los que básicamente acusa al Congreso del Estado de violar derechos humanos, transgredir la independencia de los poderes, crear una reforma contradictoria llena de lagunas legales, dejar en la incertidumbre jurídica a toda la sociedad bajacaliforniana, además de intentar retroceder a un esquema de selección de magistrados que ya fue superado.
Uno de los argumentos que el ministro priorizó en su justificación, es que tanto magistrados supernumerarios como consejeros de la Judicatura, serían removidos de sus cargos de forma inmediata, dejándolos en una total indefensión. En ambos casos, solo pueden ser despedidos bajo una causa justificada, lo cual no ocurre en este caso.
El documento de 18 páginas no deja de mencionar que la desaparición de los magistrados supernumerarios también generaría una grave repercusión, toda vez que dos de ellos ya ocupan vacantes.
La demanda también exhibe la mala práctica legislativa de diputados y del área jurídica de la Secretaría General de Gobierno, “dado el mal diseño de todo el cuerpo de disposiciones transitorias que acompañan al decreto combatido y que como se ha argumentado generan incertidumbre respecto a los momentos y forma en que deberá implementarse la totalidad de la reforma, así como la medida regresiva e injustificada de la desaparición del Consejo de la Judicatura, para trasladar directamente un importante cúmulo de atribuciones administrativas a la totalidad de los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, causa un daño inmediato e irreversible en el derecho de acceso a la justicia de los gobernados”.
La SCJN determinó que, de no otorgar la suspensión, se ocasionarían daños irreversibles al desarrollo jurídico de Baja California, atentaría contra los Derechos Humanos de consejeros, supernumerarios y de los justiciables.
Si bien el pleito legal aún no acaba y el Gobierno del Estado podría ganar, la realidad es que la suspensión representa una severa derrota para el priista y para el diputado Juan Manuel Molina, artífices de la reforma que simplemente pretendía apoderarse del Poder Judicial.
Lo importante es que no entrará en vigor el próximo 19 de diciembre -como se tenía previsto- y permanecerá suspendida hasta nuevo aviso, pudiendo postergarse por varios meses. En fin, otro jalón de orejas de la SCJN a la Cuarta Transformación en Baja California.
MARINA Y LUPITA
La presidenta municipal de Mexicali y virtual candidata a la gubernatura por Morena en Baja California, Marina del Pilar Ávila, tendrá un tremendo reto para mantener su buena imagen en la Capital del Estado y buscar simpatías en la Zona Costa, donde realmente no es tan conocida ni tan respaldada por los sectores sociales.
Aunado a la labor titánica que tiene frente a sí -sobre todo ante una posible candidatura del empresario casinero Jorge Hank Rhon, del ya reconocido “PRIANRD”- Ávila tendrá que cuidarse las espaldas, ya que su suplente y acérrima simpatizante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la activista Lupita Mora, no la tiene en la mejor imagen, al grado que podría emprender una investigación contra ella y sus funcionarios, o en el mejor de los casos, solo una falta de apoyo para su campaña el próximo año.
Cabe recordar que Mora forma parte del grupo del doctor Ismael Burgueño y precisamente fue una de los principales operadores en aquel intento de “golpe de Estado” para removerlo en septiembre pasado.
