La Fiscalía General del Estado armó un caso sumamente endeble contra cinco agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, acusados del secuestro de un empresario la noche del 6 de agosto de 2020. Las esposas de tres de los agentes implicados, reclaman que fueron traicionadas por la FGE, mientras que uno de los agentes señalados, Saúl Cruz Rodríguez, logró que un juez federal le otorgara una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión, la cual podría ser determinante para exonerar al quinto presunto responsable que permanece prófugo de la justicia
En una de sus primeras declaraciones, el fiscal general del Estado de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, comentó que buscaría dignificar las condiciones de la Policía y los ministerios públicos, y además, que no fabricaría culpables. Pero su premisa no permeó al interior de la dependencia y de sus operadores.
Al menos esa es la opinión de tres mujeres de nombres Gladys Rodríguez, Yareli Torres y Edna Pamela Machaín, esposas de los agentes implicados en el presunto secuestro de un empresario el 6 de agosto. La jueza Sara Perdomo decretó vinculación a proceso en contra de Salvador Zepeda Solano, Jesús Alberto Castañeda Nario y Leonardo David Ornelas Barrios.
Días después, el agente Carlo Emmanuel Herrero Soto se entregó ante el juez, en una atrevida movida con la que pretendía demostrar su inocencia en una sola audiencia. Sin embargo, su estrategia falló y terminó bajo custodia en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Mexicali hasta que se resuelva su situación legal, dejando los reflectores al agente Saúl Ignacio Cruz Ramírez, el cual sigue sin ser capturado.
La narrativa establece que el 6 de agosto, ocho agentes estatales plagiaron a la víctima cuando este transitaba a bordo de un vehículo Sierra de reciente modelo, color blanco, sobre la carretera al aeropuerto.
Según lo expresado, la víctima fue intervenida por un vehículo tipo pick-up y una unidad Mitsubishi color verde, de la que descendieron varios agentes estatales.
Luego de hacerlo bajar y robarle una fuerte suma de dinero, los agresores lo trasladaron al rancho Los Venados, ubicado sobre la carretera al aeropuerto y propiedad de la víctima, donde fue golpeado con herramienta diversa y los mismos puños, para después cobrar un millonario rescate a su esposa y un familiar que residía en Tijuana.
La jueza Sara Perdomo determinó que la prueba de reconocimiento facial, una de las tres pruebas importantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para implicar a los uniformados, fue extraída de manera ilegal, por lo que fue desacreditada del caso.
En entrevista con las esposas, estas aseguraron sentirse traicionadas por la fiscalía, ya que la institución ha hecho todo para exhibir a los acusados, además, -a su juicio- están fabricando culpables. Sin embargo, seguirán en la lucha para que se haga justicia.
Tras una búsqueda en los sistemas de información del Consejo de la Judicatura Federal, ZETA encontró que el agente Saúl Ignacio Cruz Rodríguez, presentó el amparo 813/2020 contra la orden de aprehensión del delito de secuestro, y el mismo Juez Primero de Distrito reconoció que pudieron haberse cometido violaciones a sus derechos humanos, además de inconsistencias en el expediente, por lo que otorgó la suspensión definitiva del caso.
AGENTES FUERON ENGAÑADOS POR LA FGE
Gladys, Edna Pamela y Yareli, esposas de los agentes Leonardo David, Jesús Alberto y Salvador, respectivamente, acudieron a ZETA para exhibir su inconformidad por el actuar de la FGE en contra de sus agentes, a quienes engañaron para detenerlos, pues los llamaron fuera de su horario laboral para presuntamente realizar una junta.
A los tres se les capturó en las instalaciones de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) en Mexicali, pero los otros dos fueron alertados de la acción y lograron escapar.
Las mujeres comentaron que sus esposos tienen entre ocho y nueve años de servicio, sin algún récord negativo. Días antes de la detención, les comentaron que participaron en un careo, debido a que estaban acusados de participar en un secuestro, pero ellos continuaron trabajando porque no habían tenido participación en algún operativo similar.
“Te lo digo abiertamente y sin temor, así lo siento, traicionado y sin apoyo (por parte de la FGE), cuando un elemento ha sido comprometido a su trabajo y que te den la espalda, es algo que no se vale. Dedicar tantos años a una corporación y no siento mucho apoyo, y a como están manejando las cosas estoy inconforme. Y como te digo, voy a luchar para que no se dé esa injusticia”, denunció Yareli entre lágrimas de impotencia.
Por su parte, Edna comentó que su esposo nunca tuvo un problema durante su trabajo, e incluso recientemente había acreditado su Examen de Control y Confianza, por lo que estaba segura que no se había implicado en el crimen, además, le pareció extraña la acusación porque ninguno de los agentes pertenecía al mismo grupo policial.
Por su parte, Gladys Rodríguez, se dice sumamente inconforme por el hecho ocurrido y el resultado de la audiencia, pues para ella fue evidente que, con los alegatos presentados, era suficiente para demostrar la inocencia de los agentes.
Agregó que su esposo sacrificó mucho a lo largo de los ocho años que trabajó dentro de la corporación, faltando a eventos familiares y reuniones personales por estar en servicio, por lo que consideró injusto que ni siquiera les hicieran una llamada a ellas cuando fueron detenidos.
“Me duele mucho ver cosas negativas con ellos y tengo una impotencia tan grande, el gobierno no busca quién la hizo, sino quién la paga, y este es un caso claro. Si realmente eso pasó, que busquen a los verdaderos culpables y dejen de seguir con esta farsa, es un daño muy grande e inesperado para nosotros y esperamos que todo esto se va a solucionar”, reclamó Yareli, luego de exponer que poco antes su esposo había recibido un reconocimiento por su destacada labor y resultados dentro de la institución.
EXPEDIENTE REPLETO DE INCONSISTENCIAS
Falta de información y ocultamiento de la misma, además de datos vagos y ninguna prueba sustentable en contra de los agentes implicados, puede constatarse en el expediente
0202/2020/24090, al que ZETA tuvo acceso luego de varias diligencias, donde el único señalamiento en contra de los uniformados en las 440 hojas que lo comprenden, es una nota anónima con los nombres de los agentes.
El extenso documento cuenta con gran número de diligencias, como evidencia fotográfica del lugar del secuestro, extracción de evidencia dentro del lugar -sangre y huellas-, entrevistas a todos los afectados durante el secuestro, pero en ninguna de estas se implica a los agentes.
Lo peor es que durante la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso, hubo ocultamiento de cierta información que podría desacreditar los señalamientos.
El expediente precisa que la víctima denunció los hechos hasta el 21 de agosto, debido a que tenía gran temor por lo ocurrido y las lesiones sufridas le imposibilitaron trasladarse a una oficina para enquerellarse.
Después de eso, el agente del Ministerio Público adscrito al Grupo Antisecuestros, Guillermo Pérez Rubio, solo pudo acreditar que se cometió el secuestro, no así de los responsables, salvo que uno de ellos tenía “acento chilango”; tampoco dijo que gran parte de la investigación no radica en los hechos del 6 de agosto, sino en otros ajenos suscitados el 4 de septiembre del año en curso.
De ese día existe una ampliación de entrevista de la víctima ETG, quien narró que viajaba acompañado de su escolta llamado Hugo Alfredo Ortiz Cuen en su vehículo tipo pick-up sobre la Calzada Manuel Gómez Morín, cuando a la altura de la intersección con Independencia, observó varias unidades de la GESI que intervenían al conductor de un vehículo Mercedes Benz, tripulado por una persona identificada como Roy Édgar González Orozco.
ETG -iniciales de la víctima que se protegen por seguridad- dijo que se acercó para observar a los uniformados, con el objetivo de reconocer a alguno de sus secuestradores.
Logró identificar de manera física a dos de ellos, por lo que llamó al agente del Grupo Antisecuestros, Leonardo Gutiérrez, quien se hizo acompañar de varios compañeros; también se describe en el expediente el arribo del director de la Policía Municipal, Alejandro Lora Torres.
Cuando llegó el equipo de Antisecuestros, ETG estaba detenido y esposado por los elementos estatales, argumentando que su presencia les pareció sospechosa.
El agente de Secuestros ordenó su liberación y exigió el nombre y datos de todos los implicados en la escena, pero el comandante de Investigación de la GESI en Mexicali, Héctor Fernando López Apodaca, se negó a otorgarlos.
La FGE solicitó informes de diligencias realizadas ese día de todos los agentes en Mexicali, durante esas horas, pero según el expediente, quienes trabajaban en el lugar eran Lizeth Díaz Sandoval, Luis Santiago Burgoin Ruvalcaba, Jesús Guadalupe Rojo Gutiérrez, Sergio Abel López Zatarain, Marco Tulio Amézquita Perea y Bernardo Arturo Hernández García, es decir, ninguno de los detenidos.
De hecho, Leonardo David Ornelas Barrios y Jesús Manuel Arámbula Limón -uno de ellos ya detenido-, se encontraban en otro grupo, en otra zona, con otros agentes de nombres José Antonio Díaz Malabar y Daniel Eduardo García López.
Extrañamente, teniendo la posibilidad de solicitar toda la relación de actividades realizadas el 6 de agosto y 4 de septiembre, el fiscal no lo hizo, pues existen firmas y documentales que acreditan la ubicación de los implicados realizando otros operativos. De hecho, gran parte de la investigación se sustentó en lo ocurrido el 4 de septiembre, pero no se demostró que ninguno de los agentes estuviera en el lugar.
El único agente que pudiera ligeramente relacionarse es Jesús Alberto Castañeda Nario, toda vez que una de las unidades implicadas en la intervención estaba a su resguardo. Sin embargo, no se acreditó que realmente estuviera en el operativo.
Nada vinculaba a los agentes Jesús Manuel Arámburo Limón, Francisco Javier Núñez Ramírez, Alejandro Haro Ramos, Saúl Cruz Rodríguez, Salvador Zepeda Solano, Jesús Alberto Castañeda Nario, Carlo Emmanuel Herrero Soto y Leonardo David Ornelas Barrios en los hechos, hasta que el 21 de septiembre, cuando apareció la nota anónima en el cerco del rancho Los Venados -propiedad de la víctima-, señalándolos como autores del secuestro.
Con base en ello, solicitaron el procedimiento de reconocimiento, el cual fue desacreditado por la jueza Sara Perdomo en la audiencia de vinculación a proceso del 6 de noviembre, al considerar que no se hicieron conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Uno de los agentes, de nombre Saúl Cruz Rodríguez, no acudió a estos procedimientos, al encontrarse de vacaciones, según consta en el documento expedido por la GESI.
Pese a que la FGE emitió esa respuesta, el Grupo Antisecuestros acudió a su domicilio para notificarlo. Sin embargo, el agente se encontraba fuera de la ciudad, por lo que no se enteró de la diligencia hasta que ya se había girado la orden de aprehensión en su contra; hoy en día, Cruz se encuentra peleando por demostrar su inocencia fuera del Estado.
De hecho, el 9 de diciembre, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo en la demanda de amparo 813/2020, en el cual se concede al agente Cruz Rodríguez la suspensión definitiva del acto, debido a que existen indicios de probables violaciones a sus derechos, por lo que se pide a las autoridades que no sea molestado en su domicilio.
Sin embargo, por tratarse de un delito grave, la orden de aprehensión permanece activa y será analizada el 6 de enero de 2021, cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional, donde el juez determinará si se violaron sus derechos y si se cometieron abusos procesales.
En el expediente también obra información de huellas digitales extraídas en el rancho Los Venados días después de ocurrido el crimen, las cuales, según el perito Daniel Arturo Mejía Delgadillo, no coinciden con las de los implicados.
Cabe mencionar que el fiscal nunca solicitó información sobre el grupo perteneciente a la Guardia Nacional -provenientes del interior del país- dirigido por Édgar Ayax Herrera Vergara, coordinador de Inteligencia Táctica, ente de reciente creación que trabaja los temas operativos para el comisionado Carlos Flores.
Este grupo opera en todo el territorio bajacaliforniano y ha realizado varias intervenciones, principalmente en Mexicali y Tijuana, pero no se cuenta con registro de ellos, ya que pertenecen a la Guardia Nacional, aunque sí utilizan equipo y unidades estatales.
