Esta semana, a pesar de estar “convaleciente” del contagio de COVID-19 que padeció la primera semana de diciembre, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, tiró muchos dardos políticos a quienes considera “sus adversarios”. Para todos hubo, hombres y mujeres.
Al senador Gerardo Novelo, quien aspiraba a la candidatura de Morena para sucederlo, y de hecho es su suplente en el Senado de la República (lugar al que Bonilla podría regresar el próximo año, cuando concluyan sus dos años de gobierno, toda vez que la Constitución le impide ser candidato a la alcaldía de Tijuana como es su deseo), lo acusó de deber 137 millones de pesos por consumo de agua y utilización de la red de drenaje.
Se trata, por supuesto, de un monto cifrado por una auditoría de la empresa Fisamex, la misma que contrató Bonilla para auditar a las empresas, y la cual ya ha ganado más de 288 millones de pesos por “recuperación de cuentas”, y cuyo dueño fue baleado hace unos días sin que se tengan avances en la investigación, porque no se ha presentado a declarar.
Pero en este caso, contra su suplente, el gobernador fue más allá: “Procede una denuncia ante la fiscalía, pero ya, no importa que sea senador, se acabaron esos tiempos, pues, 137 millones de pesos es dinero del pueblo, por eso Ensenada está tan amolada, porque se les ha permitido”, arremetió, para después dolerse que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hubiese hospedado en el hotel propiedad de la familia Novelo.
Días después, Gerardo Novelo respondió a través de un comunicado, dijo que lo referido por el gobernador, era falso: “Sobre lo acontecido el pasado 16 de diciembre, en donde desafortunadamente, se me ha señalado como un servidor público deudor de servicios de agua y de aprovecharme de mi encargo como Senador de la República para poder lograr esos fines, quisiera dejar en claro que ambas acusaciones son falsas”.
Y completó: “El no poder suspender el servicio del establecimiento es evidencia de que no se tiene adeudo alguno. Además, denota la ignorancia sobre nuestro sistema federal y sus atribuciones jurisdiccionales, toda vez que es la CONAGUA la autoridad competente para conocer las operaciones de dicha empresa. Lamentablemente, un particular sin facultades legales intentó usurpar las funciones de una autoridad federal y por ello resultan desafortunadas las declaraciones emitidas por las autoridades estatales. Sobre este exabrupto del gobierno estatal, debo añadir que es falso que se haga uso de las redes e infraestructura de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, dado que Gobierno del Estado jamás ha realizado inversión para esos fines en la zona”.
El titular del Poder Ejecutivo en Baja California, también denunció al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz. La secretaria de Honestidad, Vicenta Espinosa, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de coalición de servidores públicos y promoción de conducta ilícita, debido a un contrato de arrendamiento que Arturo y Luis Alfredo González Cruz tienen con el Gobierno del Estado desde 2010, y que fue refrendado por la administración de Francisco Vega de Lamadrid y por la del propio Bonilla.
Además de la denuncia, el gobierno de Bonilla ha retenido al Ayuntamiento de Tijuana, 652 millones 283 mil 90 pesos, en tres pagos que debió hacer. El primero por 326 millones 407mil 304 de pesos que quedaron asentados en un convenio de 2019 firmado por Estado y Municipio, que el primero entregaría directamente al Issstecali para saldar la deuda del segundo. Otro adeudo del gobierno estatal con el de Tijuana es de 2020 por 315 millones 875 mil 786 pesos, y 10 millones de pesos por participaciones estatales.
Como Gerardo Novelo, Arturo González Cruz también aspiraba a ser el candidato de Morena al Gobierno del Estado de Baja California en 2021, nominación que finalmente recayó en la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y no en el candidato que era de Bonilla, el ensenadense Armando Ayala Robles.
A Marina del Pilar, el gobernador no le ha retenido participaciones, ni la ha denunciado, pero sí estuvo una semana sin recibirle la llamada, luego que ella decidiera seguir adelante con sus aspiraciones políticas y no “bajarse” de la contienda interna de Morena y apoyar a Ayala, como algunos se lo habían sugerido.
Otra dama afectada por Bonilla en la semana fue, para no variar, la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams. Queriéndose convertir en el gran elector de Baja California, luego que no logró la candidatura para Ayala, ahora reprimió a Morena, por considerar -como tiene derecho- a la tecatense para la reelección municipal. Algo que a él le fue negado cuando pretendió ampliar a cinco años el periodo de su gobierno, o cuando aspira a ser candidato a la presidencia municipal de Tijuana.
Aunque todavía no hace blanco de sus ataques a la senadora Alejandra León, quien por haber quedado en segundo lugar de la “encuesta” de Morena a la candidatura al Gobierno del Estado, decidió ir por la alcaldía de Mexicali, el ingeniero Bonilla ya está ubicando sus fichas, pues se ha destapado su secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Karen Postlethwaite, para buscar la presidencia municipal de la Capital estatal.
Las vendettas del gobernador tienen un trasfondo político: o son contra quienes considera sus adversarios, o contra quienes apoyan a aquellos que considera adversarios, sean políticos, sean empresarios.
Arturo González Cruz refirió que la denuncia -la última, porque van varias públicas-, es para negarle la reelección a la que, igual que Zulema Adams, tiene derecho. Aunque se sepa en el círculo bonillista y así se propague, que esa candidatura en especial, la quiere para él. Quiere, aun contra la Ley, ser presidente municipal de Tijuana, caer parado hacia abajo, pues. A costa de lo que sea.
