Jaime Bonilla Valdez no usaba cubre bocas. Hasta la noche del miércoles 9 de diciembre le vimos uno puesto, al abandonar el hospital en una silla de ruedas.
El gobernador que aseguró ya había contraído la COVID-19 al inicio de la pandemia, a lo mucho utilizaba una careta de plástico, pero no el cubre bocas, como es recomendado hacerlo. Ha sido reacio a decretar la obligatoriedad de la utilización de la mascarilla facial para proteger a la población de los contagios del nuevo coronavirus. Ni siquiera ha querido, aun en semáforo Rojo, limitar las actividades sociales, comerciales o no esenciales en calles y avenidas de Baja California.
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Contagiado presuntamente de nueva cuenta, el 7 de diciembre el gobernador decidió internarse en el Hospital General de Tijuana, al tiempo que había 23 ingresos esperando por una cama de hospital. Él, fue acomodado en la Unidad de Cuidados Intensivos 1. Para él sí hubo cama, aparatos y medicamentos, además de la atención especializada no de uno, sino de tres médicos.
Después de la consabida recomendación a todo el personal del Hospital General de Tijuana para que no dijeran que Bonilla estaba internado ahí, “primicia” que le correspondería develar al secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, los médicos comenzaron a enterarse de la condición del mandatario estatal. De forma inicial, le diagnosticaron síntomas leves, que de hecho no requerían de una hospitalización. En su casa, apoyado por un tanque de oxígeno conectado a él por puntillas nasales, habría sobrellevado la enfermedad -dijeron a esta reportera-, y abundaron, “está en una fase leve, con neumonía leve y datos de insuficiencia respiratoria leve, con oxígeno; podría quedarse en su casa”.
Pero la oportunidad de aprovechar un acto mediático fue algo que el ingeniero Bonilla no dejó pasar. Internarse en el Hospital General, sabiendo que saldría adelante, le representa bonos populares en la premisa de que él no se atiende en los hospitales de primer nivel, como sí lo han hecho todos sus colaboradores contagiados, como el secretario de Educación, Catalino Zavala; el fiscal general Guillermo Ruiz, quien incluso prefirió la atención en un hospital de Estados Unidos, o su propio secretario particular, Ricardo Moreno.
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El gobernador haría de su contagio un espectáculo mediático. En hospital público, como lo hizo en su momento el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, cuando supuestamente sufrió un derrame cerebral.
En contraparte, al tiempo que era atendido por tres médicos del Hospital General en su cama, la esposa del mandatario bajacaliforniano era revisada en las instalaciones del Hospital del Prado, adonde llegó de manera anónima a que le practicaran la prueba que, al final del día, resultó negativa.
El Hospital General de Tijuana ha sido de la infraestructura del Estado, el más sobrepasado y el que mayor desabasto ha padecido. No solo no hay medicamentos suficientes para atender a los más de 120 pacientes que por día y en las últimas semanas se han presentado, tampoco hay espacio. Alonso Pérez Rico dice que tiene poco más de 40 camas disponibles aun, pero es mentira. Está contando las que se ubican en dos pisos aún no habilitados para la atención de pacientes. En los días que el gobernador fue huésped distinguido, el hospital estaba colapsado. Saturado.
De hecho, no hace muchas semanas Bonilla fue enfático que no daría el Bono COVID a los trabajadores de la salud, porque no estaba presupuestado y no había recurso. Durante las semanas en que los casos de contagios estuvieron a la baja, no se invirtió por parte del Estado en reforzar la infraestructura hospitalaria, tan es así, que dos de los pisos del General siguen en obra y llevan semanas de retraso en la entrega para su apertura.
Los médicos se quejan de la falta de medicamentos. Tienen 40 intubados en promedio por día y el medicamento para mantenerlos sedados, aparte que no es el ideal, sino una segunda opción y les es racionado.
Para el jueves 10 de diciembre, un día después que el gobernador salió de esa unidad, los médicos ya no tenían cubre bocas ni cubre zapatos.
El día del ingreso del gobernador, había pacientes con serios problemas de salud por el contagio de COVID-19, esperando en sillas, sillones y reposets por una cama para ser apropiadamente atendidos. La lista de espera en ese nosocomio es una realidad, como lo es que ante el desabasto, los familiares deben comprar medicamentos para la atención de los suyos.
En un signo de aparente humildad, en medio del espectáculo mediático que armó Jaime Bonilla a su salida del Hospital General, encaramado en su silla de ruedas con cubre bocas y siendo escoltado por médicos frente a reporteros y fotógrafos, se dijo conmovido por la atención recibida, y dispuesto a apoyar al hospital, con lo que no se explica cómo fue que en el Presupuesto de Egresos 2021 recortó 765 millones de pesos a la Secretaría de Salud del Estado.
Es decir, se compromete a ayudarlos, y se supone que ese apoyo será en el mejoramiento de la infraestructura del hospital que tiene años sin elevadores eficientes, con pisos cerrados, o abasteciéndolos de medicamentos e insumos, así como de Equipo de Protección Personal, y por supuesto, incrementar la seguridad del personal, así como entregarles el recurso prometido ante la pandemia, pero lo que hace es disminuir el presupuesto de la Secretaría de Salud.
Tal parece que Jaime Bonilla utilizó al Hospital General de Tijuana para sus fines políticos y de popularidad. Entró por su propio pie y así salió apenas 48 horas después, a confinarse en su condominio de New City, de donde no debió salir de su aislamiento. A ver qué le deja a Baja California un gobernador contagiado, a ver si ahora sí utiliza el cubre bocas y cancela las jornadas masivas a las que es tan asiduo, especialmente en estos momentos que su secretario de Salud solicita a todos quedarse en casa y protegerse. No hacerlo, sería de igual irrespondabilidad.
