Genaro García Luna tiene apenas 52 años, pero en los Estados Unidos le espera una larga condena. Las investigaciones de las autoridades de aquel país lograron ubicarlo en colusión con el cártel de Sinaloa, estructura criminal de la que dicen recibió millones de dólares, y no los 27 millones de pesos por los cuales es señalado en México de enriquecimiento ilícito. Además, residía en aquel país donde poseía otra cantidad de bienes inmuebles, inversiones y dinero.Llama la atención que estando asegurado en los Estados Unidos, y conociendo el nivel de impunidad que persiste en México, las autoridades de este país pretendan ahora extraditar a García Luna. Una acción que se antoja improbable, pero que en un momento electoral como el que nuestro país está viviendo, abona a la caza de votos, o por lo menos a recordar los excesos y la corrupción de gobiernos pasados para mantener cautivos algunos sufragios, o despertar otros.

Ahí están los casos también recientemente señalados contra Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y los del propio priista ex Presidente de la República, que son más llamaradas de petate que averiguaciones sostenidas y sólidas.

Señalar en estos momentos la corrupción priista y la implicación de altos miembros del ex gabinete, o la colusión en el gobierno panista del ex Secretario de Seguridad con el crimen organizado para pretender “juzgarlo” en este país, suena más a campaña política electoral que a la real aplicación de la justicia.

También tienen cautivo a Emilio Lozoya, quien a su vez denunció al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, y este último que acumula también acusaciones, por lo menos de los abogados de Rosario Robles Berlanga. Además, los casos de corrupción que tanto denunció el Presidente López Obrador durante su campaña en instituciones como Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los desvíos en seguridad pública federal que fueron consignados en un reportaje de El País de España a propósito de una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, y tantos otros más que ellos, los del gobierno actual, percibieron al tomar posesión de la estructura del gobierno federal.

Pero es evidente por la escases de resultados, que lo de este gobierno no es aplicar la Ley para hacer justicia y sentar precedentes de un real Estado de Derecho, sino que lo suyo, lo suyo, es amagar con la aplicación de la justicia para sacar provecho electoral. Así que de aquí al día de la elección, espere muchas acusaciones más, que no culminarán con un expediente abierto, mucho menos con una orden de aprehensión.