Por iniciativa de uno de los líderes del Frente Nacional por la Familia, legisladores de BCS eliminaron el poder de control y vigilancia de las y los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes se habían manifestado luego que su titular apoyara al FNF en una iniciativa antiaborto. El gobernador Carlos Mendoza, quien suele no divulgar las reformas del Congreso, publicó esta en febrero de 2020, dejando a los consejeros sin labores de supervisión. Hoy están amparados en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo
Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) denunciaron que las y los diputados del Congreso del Estado de Baja California Sur, les quitaron sus facultades de supervisar e intervenir en la administración del organismo.
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Elías Camargo, presidente de la CEDH
Exponen que, en diciembre de 2019, el Congreso reformó la Ley Estatal de la CEDH. En esa modificación quitó las facultades que tenía el Consejo Consultivo, conformado por cinco ciudadanos y ciudadanas de prestigio, propuestos por la sociedad civil organizada.
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En este caso, cuatro de ellos (Silvia Florencia García, Charlene Ramos Hernández, Cristina Ortuño Villaseñor y Alberto Torres Alfaro) evidenciaron el caso en una denuncia a través de ZETA.
La consejera Charlene Ramos explicó que esta reforma quita las facultades de control y verificación al Consejo Consultivo. En febrero fue publicada por el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, por lo que en agosto se ampararon contra la modificación.
“Estamos en el amparo del proceso, fue admitido, las autoridades ya emitieron su informe justificado. En espera de la revisión, lo que es el proceso normal, tenemos muchas posibilidades de revertir, porque en cuestiones de derechos humanos la Ley no puede ir para atrás, siempre debemos tener más derechos: de participación ciudadana, de los defensores, a la privacidad, al buen gobierno”, dijo.
“Todos son derechos, y el hecho de que estas decisiones tuvieran que ser consensuadas tiene un conflicto de interés respecto a lo que pasa con los demás empleados de la Comisión. Al no ser empleados, el Consejo da más transparencia y estándar de calidad para asegurar su buena marcha a nivel interno”, agregó.
Con la modificación, la CEDH deja de ser un organismo colegiado a uno en el que la autoridad reside únicamente en el presidente. Para interponer el amparo contra la reforma, se basaron en el principio de progresividad en materia de derechos humanos. El Artículo 1 de la Constitución Política de México los protege, ya que la facultad del Congreso para legislar está restringida por la Carta Magna.
Ramos argumenta que se trata de una violación a la Constitución, por lo que los consejeros piden que el juez valore y dictamine.
¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA DE ELIMINAR LAS FACULTADES DE LAS Y LOS CONSEJEROS?
Los denunciantes aseveran que la reforma surgió luego de que juntaran iniciativas en el Congreso del Estado: una de Petra Juárez, diputada de Morena), y otra de un ciudadano llamado Edgar Alan Loubet, quien es representante del Frente Nacional de la Familia (FNF).
Las y los consejeros exponen que la iniciativa ciudadana que conllevó a la reforma que les quitó sus facultades, surge de un conflicto con el presidente de la CEDH, Elías Camargo, cuando este publicó un mensaje de apoyo al FNF para “combatir el aborto”.
“Dice que fue la petición de la ciudadanía, pero la reforma que presenta el líder del Frente Nacional de la Familia viene después de una situación en la que el presidente de la CEDH hizo un acuerdo y un pacto para ir en contra del aborto. No puede hacer pactos con ningún frente o asociación y actos que van contra los derechos humanos. A raíz de eso, el Consejo Consultivo emitió un comunicado, porque hasta el presidente lo publicó en Facebook. Se generó una situación de que las víctimas no se sienten con la confianza de acudir a presentar una queja si ven que el presidente hizo estos acuerdos”, señaló.
Carlos Mendoza Davies
En consecuencia a este reclamo, llegó la iniciativa ciudadana para quitarles sus facultades.
“Se le llamó a la cordura. Le dije que me resultaba, a título personal, desconcertante, también muy ofensivo porque unos días antes de que estuviera en la marcha del orgullo y de repente lo ves retratado con Loubet, que fue con su grupo a echar tomatazos al Congreso cuando estaban aprobando el matrimonio igualitario. Nos aclaró que no tenía nada en contra de los gays, sino en contra del aborto”, compartió Cristina Ortuño.
Otro de los puntos que ata las manos a las y los consejeros, es que la reforma les prohíbe compartir la información de las irregularidades dentro del organismo, lo que comparan con poner un muro a la transparencia a través de una prohibición expresa.
“Estamos buscando que se revierta, eso fue lo que les publicó el gobernador. Le pedimos al que no lo publicara, y el gobernador no hizo caso a la advertencia. No les publica nada a los diputados o tarda en hacerlo, y esta vez sí lo hizo”, analizó.
Comentan que llevan un año en estas condiciones, sin tener sesiones del Consejo. Ortuño menciona que no asisten por la situación en la que se encuentran. Aparte, les quitaron facultades para decidir sobre el presupuesto, ya que en una ocasión no lo aprobaron por falta de documentación.
Mencionan que han hablado con las y los diputados, quienes aprobaron la reforma a pesar que sabían que la intención era eliminar el poder de intervención de las y los consejeros.
“Los derechos del Consejo no nos corresponden en lo individual, sino en la ciudadanía que está representadas por nosotros cinco. Confíanos en el Poder Judicial, porque el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo fallaron en velar por los derechos humanos”, manifestó Charlene Ramos.
“No se vale que estos ataques los sufra un ciudadano que se acerca a aportar, a nosotros no nos pagan, no nos mueve una ambición política; nos mueven las ganas de hacer algo con tanta injusticia, nos mueve la evidencia de que las instituciones son entidades de las que nos tenemos que cuidar, cuando son las que tendrían que velar por nuestra salud y dignidad”, subrayó Cristina Ortuño.
“Si ya existe una institución encargada de velar eso, es muy descorazonador que se convierta en una herramienta de dejar sin derechos a sus empleados y trabajadores. No es como que haya una lista larga para sustituir, los contrapesos deben venir de la ciudadanía”, finalizó.
NO SABÍA QUE LÍDER DE FNF PRESENTÓ INICIATIVA: DIPUTADA JUÁREZ
En respuesta, la diputada Petra Juárez aseguró desconocer que uno de los líderes del FNF fue quien presentó la iniciativa ciudadana que dejó sin facultades a las y los consejeros. Respondió que al Congreso llegan muchas propuestas y “simplemente” trabajaron esta.
“Independientemente yo pienso, que si piensa su iniciativa, sus razones tendrán, si procede la trabajamos en mesas de trabajos, no tenemos la facultad de investigar la vida de la persona, a qué se dedica”, expresó la regidora por Morena.
“He visto que hay muchos comentarios sobre el tema, fue una reforma a petición de un ciudadano de nombre Edgar Alan Loubet. Como Comisión Permanente de Derechos Humanos, trabajamos al tema, el Artículo 27 de los consejeros consultivos”, reiteró.
Para desarrollar la reforma, tuvieron mesas de trabajo con las y los consejeros y la presidenta, Lizeth Collins, quienes estuvieron antes.
Asimismo, considera que no restan ni obstruyen los derechos de los denunciantes con la iniciativa que presentó.
“Hacen mucho ruido los consejeros sobre el tema, es una reforma. El tema de que los consejeros ya no pueden aprobar del presupuesto, hasta ahorita veo que va bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Prácticamente lo que más hace ruido es que ya no pueden aprobar el presupuesto. El Consejo Consultivo es para consultar, opinar, no para aprobar”, argumentó la diputada.
Por último, declaró que aceptarán cualquier resolución que determine el juez en torno al caso y que respeta la decisión de las y los consejeros de ampararse en contra de la reforma.
“Yo digo que no, nosotros trabajamos una reforma. Sí supe que llegó un amparo, nuestro trabajo es legislar, se votó por los 21 diputados, el gobernador ya lo público. Si ellos hacen movimientos, yo respeto la decisión de los consejeros”, ratificó.
LA REFORMA CLARIFICÓ, ES UN CONSEJO CONSULTIVO, NO EJECUTIVO: PRESIDENTE DE CEDH
El presidente de la CEDH, Elías Camargo, indicó que la modificación a la Ley del organismo delimitó facultades ya que el Consejo Consultivo es para enriquecer el trabajo y no para decidir el rumbo de la instancia.
“Se clarifican las facultades del Consejo Consultivo: de consulta, no es un consejo ejecutivo para decidir”, enfatizó.
Asegura que ha cumplido con la Ley al convocar a la sesión mensual, sin embargo, las y los consejeros no han asistido.
“Yo he cumplido con la Ley, este año no se han presentado. Solamente un servidor como presidente y un consejero más han estado presentes, por lo tanto, no hay quórum y la sesión no se puede llevar a cabo. Es un consejo que en el pasado, históricamente ha sido muy polémico, por decir lo menos. Ahí se clarifican las facultades de un Consejo Consultivo, su nombre lo indica: de consulta. No es un Consejo Ejecutivo donde se tomen decisiones y se aprueben cuestiones de la vida orgánica de la CEDH”, afirmó a ZETA.
Camargo reconoce saber del amparo que interpusieron en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo por la reforma de diciembre de 2019; procedimiento que se amplió hacia él como titular de la Comisión.
“Por supuesto que ya rendimos nuestro informe, es una demanda con muchas falsedades, con argucias legales, pretendiendo hacer ver cosas que son a todas luces mentiras. Finalmente, ya el Juez de Distrito emitirá una sentencia. Estoy muy optimista, creo que esa sentencia no les va dar la razón porque no la tienen, y por supuesto que hemos aportado todos los medios de prueba al juez para que tome su veredicto”, aseveró el titular de la CEDH.
Por último, declaró creer en las instituciones y que esperan la sentencia del Juez de Distrito, la cual acatará: “Soy un hombre que cree en el Estado de Derecho, en las instituciones. Por supuesto que lo acataremos al pie de la letra. Pero, te adelanto, es difícil de que ganen este amparo porque en la Constitución Política Mexicana y en la Constitución de Baja California Sur, se establece muy claramente que en la creación de la Comisión de Derechos Humanos, se establecerá un Consejo Consultivo. No habla de un Consejo Ejecutivo, habla de uno consultivo: de consulta”.
