Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, admitió a trámite el amparo que promovió José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, quien impugnó el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de delincuencia organizada y por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El juez federal dio entrada a la demanda de garantías, pero no ordenó la apertura del incidente de suspensión, debido a que “El Mochomo” no la solicitó. Además, Ortiz Marmolejo fijó para el próximo 29 de diciembre la celebración de la audiencia constitucional de Casarrubias Salgado.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que presunto líder del grupo criminal de Guerreros Unidos enfrente un segundo proceso penal, tras aportar pruebas de su participación en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014.
El pasado 5 de noviembre, María del Socorro Castillo Sánchez, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, dictó formal prisión por el delito de delincuencia organizada a Casarrubias Salgado, por supuestamente sobornar a militares del 27 Batallón de Infantería en Iguala, que a su vez habrían participado en el crimen cometido contra los normalistas de Ayotzinapa.
Según la lista de acuerdos publicada por el Juzgado Noveno de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, la juez Castillo Sánchez también inició un proceso penal por el mismo delito contra Adán Cenén Casarrubias Salgado alias “El Tomate”, hermano de “El Mochomo”.
Ambos fueron procesados en el sistema de justicia tradicional, en la causa penal 5/2020, en la que se ordenó la aprehensión de 18 militares del citado batallón, entre ellos capitán del Ejército en retiro José Martínez Crespo, y al menos otros 7 presuntos narcotraficantes, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
El expediente se basó en declaraciones rendidas por Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Chino”, también líder de los Guerreros Unidos y hermano de los ahora procesados, quien acusó a los uniformados de aceptar sobornos para asesinar a algunos normalistas dentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería y de entregar a otros estudiantes a Guerreros Unidos, con el objetivo de matarlos.
Ante ello, la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció pruebas que hacen presumir la participación de “El Mochomo” en los sucesos ocurridos Iguala, Guerrero.
“El Mochomo” y “El Tomate” enfrentan el segundo proceso penal en su contra. Al primero, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de El Altiplano -ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México-, lo vincularon a proceso en septiembre pasado por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, junto con su abogado Arturo Rodríguez García.
En julio pasado se difundió el audio de una conversación telefónica entre el litigante y Francelia Salgado Patiño, madre de los hermanos líderes de Guerreros Unidos, en la que Rodríguez García hablaba de una negociación para pagar un soborno por la libertad de “El Mochomo”, quien después abandonó la prisión.
Según investigaciones de la FGR, uno de los seudónimos de “El Mochomo” es “Soldado del Amor”, y se presume que es uno de los interlocutores de los “chats de Chicago”, mensajes intervenidos por la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), el día de los ataques contra los normalistas.
En el caso de Adán Cenén Casarrubias Salgado, fue procesado en noviembre del 2015, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y desde entonces se encuentra preso en el CEFERESO número 11, ubicado en el municipio de Hermosillo, Sonora.
El pasado 13 de julio, la juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricia Marcela Diez Cerda, rechazó otorgar a Casarrubias Salgado una suspensión provisional para que la FGR deje de investigarlo por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El pasado 24 de junio, la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvo a Casarrubias Salgado en el municipio de Metepec, Estado de México, donde fue ubicado después de vivir por varios años oculto en distintas zonas serranas del país.
La FGR le cumplimentó una orden de aprehensión librada el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, por el delito de delincuencia organizada.
De inmediato fue puesto a disposición de la juez Castillo Sánchez, quien una semana más tarde le dictó la libertad por falta de elementos para procesar, aunque volvió a ser detenido cuando se disponía a abandonar el penal de máxima seguridad de El Altiplano, con base en una orden de localización y presentación de la SEIDO.
Sin embargo, la FGR adelantó que la investigación por la que fue arraigado en un inicio, y por la que sería imputado judicialmente, era ajena a los hechos del caso Iguala. “De acuerdo con la nueva investigación del caso Ayotzinapa, se habrá de solicitar una nueva orden de aprehensión contra esa persona en este asunto, por hechos distintos a la acusación anterior”, dijo la Fiscalía en ese entonces.
