De 12 mil residentes, solo 3 mil están en el padrón para no pagar el peaje de la caseta de Playas. Hasta mayo concluirán los estudios de Capufe para determinar si se reubica la plaza de cobro, o se exime de manera indefinida a los residentes
Por poco más de seis años, residentes de fraccionamientos habitacionales en las inmediaciones de la plaza de cobro número 34 “Playas de Tijuana”, de la Autopista Tijuana-Ensenada, han solicitado a las autoridades estatales y federales el tránsito sin pago.
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El 29 de noviembre, en la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Baja California, en su penúltimo acto político en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, declaró que los gobiernos del Estado y Federal llegaron a un acuerdo y a los residentes de esta zona se les eximiría del peaje (39 pesos por automóvil).
Para acceder a este beneficio, deben empadronar a los más de 12 mil residentes de las zonas aledañas al tramo carretero, y la lista es de apenas 3 mil.
Además, hay incertidumbre sobre el plazo que pueda tener este beneficio, ya que entre los acuerdos firmados por ambos niveles de gobierno está el realizar un estudio de impacto para una posible reubicación de la caseta, donde el tránsito local no se vea afectado.
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La representante del Movimiento de No Cobro a Residentes de Playas de Tijuana, Mónica Jiménez Serrano, comentó a ZETA que hasta mayo de 2021 concluirán los estudios de Caminos y Puentes Federales (Capufe) sobre la ubicación de la caseta, entonces podrán cantar victoria quienes se han visto afectados por esta caseta.
Karen Postlethwaite Montijo, secretaria de Infraestructura Desarrollo Urbano Territorial, detalló que son más de 7 mil los fraccionamientos afectados por la ubicación de la caseta, ya que deben hacer uso obligado para salir o llegar a sus hogares.
En un primer “esfuerzo” del gobierno estatal por liberar la caseta, el 8 de julio de 2020 Jaime Bonilla Valdez generó un decreto que posteriormente sería resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional, en el que estableció que la plaza de cobro y el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito, pasarían a posesión del Gobierno de Baja California.
Además, que la entidad se haría cargo de mantener y conservar el tramo carretero, por lo que la caseta ya no cobraría cuotas de peaje. Literalmente tomó la caseta con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Tijuana, para levantar las plumas y permitir el libre paso.
La toma de Bonilla duró poco menos de 48 horas. La madrugada del 9 de julio, alrededor de 160 elementos de la Secretaría de la Defensa, Marina y Guardia Nacional, recuperaron la caseta y la autopista.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Capufe expresaron en un comunicado que el mencionado decreto violaba la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo federal.
LAS NEGOCIACIONES
Luego de esta intentona del gobierno estatal, se realizaron reuniones en Ciudad de México entre los titulares de las dependencias federales que tienen autoridad sobre el tramo carretero y miembros del gabinete de Bonilla Valdez.
En las mesas de diálogo estuvieron, por parte del Gobierno Federal, el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz-Leal; Elsa Julita Veites Arévalo, de Capufe, y el director general del Centro SCT Baja California, Jesús Felipe Verdugo López.
Por Gobierno del Estado, acudieron Karen Postlethwaite Montijo y el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, y en algunas ocasiones Mónica Jiménez por parte de los residentes.
Postlethwaite dijo a ZETA que entre los acuerdos estuvo la realización de “estudios pertinentes para ver la factibilidad de desincorporar el tramo carretero y mover la caseta a otro punto de la autopista, conforme a lo que arrojen los estudios”, los cuales estarán listos en mayo de 2021, fecha en que se conocerá si la caseta se queda donde está o se reacomoda en un punto en el que no implique afectaciones a los más de 12 mil residentes de los más de 7 mil fraccionamientos que colindan con el tramo carretero. Estudios que costarán alrededor de 4 millones de pesos.
El otro acuerdo que se logró fue que no se cobrara peaje a los residentes de los fraccionamientos afectados, independientemente del resultado que den los estudios del reacomodo de la caseta. El beneficio de eximir del pago a los locales seguirá sin fecha de expiración, “hay que recordar que la caseta antes estuvo en una zona carretera, pero ahora se conurbó y creció con residentes que van y vienen a Tijuana, y esta es su única vía de acceso, para ellos es el beneficio”, expuso la funcionaria.
EL PADRÓN
Para gozar del beneficio del no pago de la cuota en la caseta Playas de Tijuana, se debe estar dentro de un padrón de residentes. Actualmente solo alrededor de 3 mil personas están registradas, informaron Mónica Jiménez y Karen Postlethwaite.
El Gobierno del Estado de Baja California tiene la obligación de entregar el padrón a Capufe para que la dependencia federal registre los vehículos que pasarán por la caseta libres de pago. De hecho, el padrón de 2 mil miembros fue entregado por la asociación en defensa de la caseta.
“Por eso se comenzó de principio con esos 2 mil y se les avisó a los residentes que deben hacer su proceso de registro para obtener su tag, una calcomanía que se pega en el parabrisas del automóvil para que cuando pase, se levante la pluma”, explicó la secretaria.
Ahora el proceso de empadronamiento es a través de Capufe, única autoridad que puede hacer el trabajo operativo del registro de los automóviles. Aunque el proceso es lento por la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19, continúan en ello. La fecha límite para el registro de residentes beneficiados, es la primera semana de marzo de 2021.
Karen Postlethwaite añadió que la autopista aún no está pagada, ya que es parte del financiamiento del Gobierno Federal para el rescate carretero, por lo que la concesión le pertenece al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Por su parte, Mónica Jiménez Serrano externó que de los 3 mil empadronados, solo la mitad cuenta con calcomanía. El resto usa el carril exclusivo para residentes que se habilitó.
Los 12 mil residentes afectados son de fraccionamientos como Real del Mar, Coronado Residencial, San Marino, Baja Malibu, Brisas del Mar, San Antonio del Mar, Rancho del Mar, Rancho Mar de Plata, Rancho Los Gavilanes, Rancho Malibú, Los Delfines, Punta Bandera, Real Mediterráneo, Bella Vista, Hacienda del Mar, Sueños del Mar y Playas de Tijuana.
A la fecha, la secretaría no ha recibido un documento resolutivo en el que se estipule la perpetuidad del no pago a residentes de la zona.
