El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz confirmó que tanto el secretario de gobierno Carlos Murguía como el director de Asuntos de Cabildo Héctor Bautista salieron positivos a COVID19, aumentando la cifra de empleados del Ayuntamiento de Tijuana que han contraido esta enfermedad.
Apenas unas semanas atrás trascendió que el titular de la Consejería Jurídica, Salvador Gómez estaba hospitalizado, mientras Verónica Corona y Javier Delgado, titulares de la Dirección de Protección al Ambiente y de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana respectivamente, se encontraban en aislamiento en sus hogares.
Ante el aumento de casos dentro de la plantilla laboral del Ayuntamiento, este lunes se redujeron los trámites empezando por el Registro Civil que suspendió sentencias, reconocimientos y divorcios, siendo estos últimos los únicos que se tramitaran en carácter de urgentes.
Por la mañana del lunes, Jaime Bonilla Valdez criticó una presunta iniciativa presentada por el regidor José Cañada, para hacer obligatorio el uso del cubrebocas con multas de por medio, algo que desmintió el alcalde.
“No ha habido tal propuesta por parte del regidor Cañada. Hay una propuesta para hacer el uso del cubrebocas, sobre todo en el transporte público, obligatorio”, explicó González Cruz.
“Desde un principio nos manifestamos que no somos un municipio represor, debemos analizar la procedencia de ese tipo de multas, no creo que estén dentro de los derechos que tenemos como autoridad y estamos viendo que sea obligatorio para que los propios choferes de transporte público puedan exigirle a las personas que lo usen para tener ese servicio”, añadió.
En lo que respecta a los salones sociales y de eventos, ya que está próxima la época de festejos decembrinos, informó que vigilarán de cerca a estos establecimientos a través de la dirección de Inspección y Verificación.
45 días de clausura y hasta 400 mil pesos sería la sanción a los comercios que no respeten los protocolos establecidos por las autoridades de salud para prevenir nuevos contaguios de coronavirus.
El director de Inspección y Verificación, Adolfo García, detalló que a los salones cerrados se les permitirá un aforo de 50 personas máximo.
También han mantenido un monitoreo constante de los mercados sobreruedas, para verificar que apliquen los protocolos de salubridad como revisar temperatura de clientes y no venderle a quien no porte el cubrebocas.
Durante la pandemia han recabado cerca de 18 millones de pesos en actas administrativas a distintos comercios por no respetar ni aplicar los protocolos de salubridad, comentó que de los más recientes fueron bares, zapaterías y salones de fiesta que ni respetaron la capacidad máxima.
García añadió que tienen personal suficiente para aplicar mantener el monitoreo en las épocas decembrinas, en la que preveen que aumentarán los eventos sociales.
