Actualmente, la Dirección de Ejecución de
Penas y Beneficios Preliberacionales
concentra el 25 por ciento de las quejas de
los internos en CERESOS de Baja California.
Adicionalmente, a partir de la pandemia, el
centro de readaptación de El Hongo redujo
el número de psicólogos encargados de
apoyar con dictámenes y cursos establecidos
como requisitos para que los presos tramiten
la reducción de sus penas, lo que resultó en la
disminución de las libertades otorgadas bajo
ese esquema
De manera anónima, reclusos del centro de readaptación de El Hongo, en Tecate, informaron a ZETA que actualmente este centro solo cuenta con tres profesionales para realizar los dictámenes psicológicos e impartir los cursos, que los más de cinco mil internos requieren para lograr la reducción o la remisión de sus penas, razón por la cual muchos no han podido obtener su libertad.
De acuerdo al diagnóstico más reciente, realizado este año por Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), de 616 expedientes de queja, 281 corresponden a El Hongo, y 159 se presentaron en contra de la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales.
El área de Comunicación del Sistema Penitenciario confirmó que de momentos solo hay tres psicólogos en el área, pero fueron incapaces de informar en qué porcentaje se redujo el personal, y el número de libertades anticipadas.
Sin embargo, aseguraron que ni los cursos ni las sesiones se han dejado de impartir, y que la única medida que se aplicó recientemente por cuestión de la contingencia sanitaria es la reducción de los grupos para prevenir contagios por el coronavirus.
Actualmente, el primer complejo del centro penitenciario, conocido como El Hongo I, cuenta con una población de tres mil 748 personas privadas de su libertad, y El Hongo II, con 850; sumando la población de ambos centros, apenas rebasan las cuatro mil personas.
En la queja que se hizo llegar a este Semanario, también se señala al juez Omar Luna Herrera por negar el beneficio de la remisión parcial de la pena por no cumplir con los cursos psicológicos. El Poder Judicial respondió que dicho recurso no es el único que se considera para otorgar este beneficio a los reos, también se les pide justificar buena conducta, acreditar días efectivos laborados y revelar la efectiva reinserción social.
También informó que el 70 por ciento de las audiencias para la concesión de los beneficios preliberacionales son suspendidas a petición del privado de la libertad y su defensor por no contar con la totalidad de los requisitos necesarios y apenas un 10 por ciento son negadas.
Consultado por este Semanario, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Miguel Ángel Mora Marrufo, comentó que han identificado a través de los diagnósticos realizados por el organismo y las quejas que reciben, tanto de las personas privadas de su libertad como de sus familiares, que el tema de la salud es un área de oportunidad -por no decir problema- que se debe atender urgentemente por parte del Sistema Penitenciario.
De acuerdo el Diagnóstico Estatal del Sistema Penitenciario que el organismo realizó entre los años 2018-2019, El Hongo obtuvo una calificación de 7.58, ubicándose apenas por arriba del centro penitenciario de Tijuana, que tuvo 7.21 de calificación.
Uno de los rubros que se identificaron como de atención prioritaria en El Hongo I fue precisamente el de la salud, destacando la insuficiencia en el surtido de medicamentos del cuadro básico, de material de curación y la atención psicológica que está a disposición de la población general de los reos.
Dentro de las medidas correctivas, se pidió al Sistema Penitenciario que procurara el abastecimiento del medicamento, mejorar la atención odontológica y realizar brigadas permanentes de atención por parte del personal adscrito a las áreas de psicología, trabajo social, médica, educativa y deportiva para la población que viven con VIH o sida, además de permitirles el acceso en igualdad de condiciones a las instalaciones, pues se les limitaba erróneamente por su padecimiento.
Durante el año 2019, el organismo recabó 807 quejas en contra del Sistema Penitenciario de Baja California, detectando que los principales derechos humanos presuntamente vulnerados fueron el de protección a la salud, a la seguridad jurídica, al trato digno y a la igualdad.
El Hongo lideró la lista de autoridades señaladas con mayor frecuencia con 334 quejas, seguido por el penal de Tijuana con 185, y El Hongo II con 58 quejas; el resto de los expedientes acumulados se los llevó la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales.
Si bien en este año se redujo la labor que realiza la CEDHBC al interior de los penales, por la cuestión de la contingencia sanitaria, han aperturado 616 expedientes de queja. Se mantiene el derecho a la protección de la salud como el más vulnerado, seguido por los derechos a la seguridad jurídica, a la igualdad y al trato digno. También en este año El Hongo encabeza la lista con 281 con un total de quejas, el penal de Tijuana con 121 y el de Mexicali con 55. El resto de los expedientes de queja abiertos en este año se lo lleva la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales.
Debido a la contingencia sanitaria no se pudo continuar con el Diagnóstico Estatal del Sistema Penitenciario que desde hace cuatro años se venía realizando anualmente, sin embargo, el organismo mantiene presencia de manera regular; y aunque se han limitado los ingresos a los centros penitenciarios para prevenir contagios por coronavirus, mantienen vigentes otras vías para que tanto los reos como sus familias emitan sus quejas.
