En siete de cada 10 casos de corrupción cometido por un servidor público contra un ciudadano, fue efectuado por un agente de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, revela estudio.
El Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, presentó un estudio denominado Encuesta de Victimización y Cultura de Legalidad 2020. En este análisis, los elementos de la Policía Municipal y Tránsito de la ciudad capital fueron señalados como los servidores públicos que más actos de corrupción realizan contra la ciudadanía.
Según los datos del estudio, de todas las personas que han sido víctimas de extorsiones, en el 32.8 por ciento de los casos el servidor público que cometió un acto de corrupción fue un elemento de la Policía Municipal de La Paz; el 28.2 por ciento un agente de Tránsito; y el 12.7 por ciento un oficial de la Policía Estatal.
En siete de cada diez casos, el servidor público le pidió dinero a la víctima, la extorsión conocida popularmente como “mordida”. En el 43.9 por ciento de los casos, la víctima asegura que no accedió a la solicitud del agente policiaco; 32.1 por ciento sí hizo todo; y el 19 por ciento sólo una parte.
La encuesta revela que el monto aproximado entregado al servidor público va desde los 50 hasta los 30 mil pesos. Cabe mencionar que según la encuesta, el 91.6 por ciento de las personas respondieron que en los últimos 12 meses no han sido víctimas de algún tipo de soborno o acto de corrupción por parte de algún funcionario, directivo o servidor público o alguna otra persona.
Leonel Fernández, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que existen algunos mecanismos para evitar extorsiones policiacas; sin embargo, el principal es la denuncia.
“La verdad es que los policías, en gran medida, cometen actos de corrupción no por cuestión propia, sino porque es todo un sistema en que les piden ciertas cuotas al día a día. No puedo hablar por Baja California Sur, pero en lo general, en los estudios que hemos hecho, es muy común que sean los mismos jefes y mandos los que solicitan que los policías de calle, que tienen contacto con el ciudadano, pidan recursos económicos para evitar ciertas cosas”, expuso.
De acuerdo con el especialista, los estudios indican que es constante que los mismos policías sean presionados o extorsionados para realizar estas extorsiones. Es un mecanismo común que les pidan cuotas, ya sea para mantener la patrulla, para llegar con una cuota con el jefe o para ascender en la corporación.
Enfatiza que para erradicar esta conducta es necesaria la denuncia, sin embargo, falta organización ciudadana y mecanismos seguros para evidenciar las “mordidas”.
“Esto sucede porque rara vez denunciamos y se entiende porque da miedo: si la autoridad nos está corrompiendo, cómo vamos a ir a denunciarlos con ellos mismos. Un esquema en el que vivimos, donde nosotros también como ciudadanos nosotros cedemos. Esa es la otra gran tarea: fomentar las tareas de la cultura de la legalidad, porque si nosotros como ciudadanos nos aferramos a que nos den la multa, entonces va a ser más difícil para los policías seguir cometiendo extorsiones”, añadió.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Elías Camargo, subraya que no existe la cultura de la denuncia. Detalló que el organismo que representa no tiene datos de quejas interpuestas por este tipo de delito cometido por elementos de seguridad pública.
Policías municipales, los más señalados por corrupción
Entre el 2018 y 2020, la CEDH recibió 358 quejas contra servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las cinco Direcciones de Policías Municipales.
440 ciudadanos han interpuesto quejas, 171 mujeres y 269 hombres, por motivo de detención ilegal y arbitraria, violación a los derechos de las personas privadas de su libertad, abuso de autoridad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, desaparición forzada, entre otros.
Sin embargo, recalca el ombudsman, ninguna de las querellas ha sido iniciada por casos de extorsión policiaca. En el mismo periodo, la CEDH ha emitido 33 recomendaciones contra la PGJE, 29 contra la Policía Municipal y 10 contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
La corporación propone el uso de cámaras para evitar extorsiones
En respuesta, el titular de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Omar Valdez, aseguró que toman algunas medidas para evitar que estos actos de corrupción se sigan cometiendo.
Una de las opciones relevantes según el funcionario, es el uso de cámaras en patrullas y en elementos para garantizar el buen comportamiento. Manifestó la aplicación de este equipo de videovigilancia también serviría para destacar la actuación correcta de los uniformados.
“El trabajo de proximidad social está muy cargado a las policías municipales, no sólo en este municipio. Son los primeros respondientes ante cualquier situación, por un robo, apoyo que requiera la ciudadanía. Es una responsabilidad que conlleva a que en algunas ocasiones se presten a este tipo de acciones”, aseveró.
“¿Cómo podemos estar al pendiente de los elementos? Tenemos más de 700 elementos, estar detrás de cada uno es complicado, pero no imposible”, insistió.
Con respecto a las denuncias por corrupción, comentó que en muchas ocasiones asisten ciudadanos que hacen el reporte, pero no otorgan toda la información para investigar el hecho. Confirmó que, hasta el momento, la Policía Municipal de La Paz no cuenta con mecanismos de denuncia anónima para garantizar que los casos lleguen a los directivos de la corporación.
Expuso que la contingencia los ha limitado en cuanto a capacitación, por lo que la actualización y promoción de la proximidad social ha quedado suspendida durante el 2020. “Se les exhorta que si tienen una situación, informen en los grupos de WhatsApp o en las oficinas para que nosotros podamos actuar”, invitó.
Precisó que, dependiendo del acto, los elementos pueden ser sancionados con la separación del cargo, la inhabilitación o, incluso, el despido.
