La Fiscalía de Dakota del Norte quitó los sellos a una investigación en marzo de 2011, entonces hicieron público que el gobierno de Estados Unidos tenía una orden de aprehensión en contra de Juan Sillas Rocha, un narcotraficante del Cártel Arellano Félix. En Baja California lo perseguían desde finales de 2010 por el secuestro de unas parientes de Ismael “El Mayo” Zambada. Él había huido a Sinaloa.
Ocho meses después, al ser aprehendido en noviembre de 2011 en Tijuana, sus captores le preguntaron por qué había regresado a la ciudad. Su respuesta fue “porque no hay gobierno”. Esa declaración ha sido repetida por narcotraficantes detenidos y liberados de manera constante, y es la forma en que los integrantes del crimen organizado refieren que de acuerdo a su percepción, no hay quien los controle, detenga o retenga tras las rejas, que no ven autoridad por encima de ellos.
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En mayo de 2019, El Economista informó de la respuesta a la solicitud de transparencia FGR/UTAG/DG/001501/2019, en la que la Fiscalía General de la República detalló que 39 cárteles realizaban operaciones crimínales en el país.
Durante el Simposio de Economía del Tecnológico de Monterrey, en noviembre de 2019, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, habló de cómo se han replegado los gobiernos frente al crimen: “Ya hemos visto en varias partes de México, hay hasta como gobierno paralelo de los narcos en ciertas partes de la República, donde en la superficie parece que todo va normal, ¿verdad? La gente va a la escuela, al cine, pero no se meten con los narcos, ellos realmente tienen ese poder. Esto no puede ser. El territorio donde (los narcos) tienen ese poder continúa expandiéndose a través de la República. Es tan importante el futuro de México que, si no lo combatimos ahora, esto se va a volver mucho peor”.
Recientemente, la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR), presentada en septiembre pasado, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reportó que 19 cárteles de droga tienen presencia en México.
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Especificaron que el Cártel Jalisco Nueva Generación opera criminalmente en 27 de los 32 estados; el Cártel de Sinaloa y/o Pacífico en 21 estados; Cártel del Golfo en 14 entidades federativas; Los Zetas en 13 estados; mientras la presencia de los otros 15 cárteles se “limita” a cinco o menos regiones.
La misma UIF dio cuenta de cómo se expandió el CJNG, de cuatro estados en 2010, a 27 entidades en 2020. Y de cómo han crecido otras mafias que surgieron después, entre 2012 y 2014, como el Cártel Independiente de Acapulco, Cártel de Tláhuac y Cártel de Santa Rosa de Lima.
De estos 19 cárteles, ocho han aumentado exponencialmente su operación y control territorial en los últimos 10 años, frente a una autoridad que durante dos años les ha ofrecido la política de “abrazos, no balazos”.
Por si alguna duda quedaba, después de aquella rendición ante “Los Chapitos”, cuando en octubre de 2019 la Federación liberó a Ovidio Guzmán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se cansa de repetir que detener capos no es función principal del Gobierno Federal.
Las condiciones mencionadas enmarcan las muertes violentas del juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas; el intento de homicidio del secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch; las 26 personas acribilladas en un centro de rehabilitación en Chihuahua; o la privación y posterior asesinato de Florisel Ríos Delfín, presidenta municipal de Jamapa, Veracruz
La falta de gobierno federal se replica en lo local. En Baja California, donde tiene presencia cinco grupos criminales, los cárteles Arellano Félix, Jalisco y por lo menos tres células -enfrentadas- del de Sinaloa, las autoridades de la Fiscalía General del Estado se dedican a detener sicarios y se niegan hablar de capos. Alcaldes y mandos de las policías municipales están en la misma sintonía.
Mientras el gobernador Jaime Bonilla Valdez se limita hablar de narcotraficantes en términos políticos para acusar a los ex gobernadores panistas de haberse coludido con ellos y haberles abierto las puertas, pese a saber que permitir y proteger el asentamiento del cártel fue precisamente una de las razones por las que el ex mandatario Xicoténcatl Leyva -el padrino de sus primeros éxitos económicos, a quien le regaló una Notaría-,fue removido de su cargo nueve meses antes de concluir su sexenio.
Más allá de las capturas de algunos mandos medios criminales y homicidas, esta liviandad institucional es la que ha dado pie a que el 11 de noviembre una mujer embarazada fuera asesinada en Ensenada; a que el secretario del Décimo Tribunal Unitario del Poder Judicial Federal de Mexicali, Israel Serrano Campo fuera acribillado el 5 de noviembre en Mexicali; y a que Baja California acumule más de 2 mil 929 muertes violentas en lo que va del bienio, en el mundo del crimen organizado, los homicidios son sinónimo de expansión territorial, y el gobierno no puede perder de vista que cada cuadra ganada por los narcos, es terreno perdido por una administración que se constriñe y repliega frente a un contrario del que no quiere hablar.
Las entidades ejecutivas, legislativas y judiciales que no son vistas como poderes, ni respetados o temidas porque “no hay gobierno”, son caldo de cultivo con alto potencial para convertir a una comunidad temerosa con alta percepción de indefensión, en una sociedad permisiva que normalice, deje de denunciar y se canse de reclamar.
