Un vecino que -me consta- trabaja en un taller de carpintería, me cuenta esta negra historia y peor experiencia que no dudo en transmitirles a los tres lectores. Caminaba recién por las calles de la colonia cuando ve que una patrulla (esos pick ups F-250 blancos, nuevos con los vidrios polarizados de doble cabina usados por los agentes ministeriales). Ahí se revisaba y detenía a un parroquiano, y el narrador, sin deberla ni temerla, caminaba por la calle del operativo de revisión. Al primer detenido le revisan y “acusan” de portar drogas.
Quitado de la pena, la segunda víctima avanza unos metros, lo llaman, regresa al punto y le piden su identificación; y al no traer ni cartera, lo suben a la unidad, sin mayor falta, “delito”, explicación o justificación. Lo llevan a las instalaciones de la ahora llamada Fiscalía, cercanas a la Central Camionera en Tijuana. Muy mal lugar por esta historia. Para esto lo habían revisado, le descubren dinero y celular, se los quitan, único medio que tenía para comunicarse con sus familiares.
La navaja que tenía en su bolsa fue el mayor delito que lo implicó en una detención arbitraria. Esto lo convertía en una asaltante. Al llegar a los separos, directo al tambo… y no es presentado a ningún juez calificador que evalúe y decida de su situación jurídica, ni mucho menos asignado un defensor legal o comunicación con autoridad imparcial alguna de DDHH. Ni pensarlo.
Pero por sus pistolas, y contra todo principio legal, lo encierran y refunden en una celda de tres por cuatro metros, junto a 12 personas detenidas, sin cubre bocas, sin agua corriente, sin aseo de la tasa de sanitario (que apesta contamina el aire que respiran la docena de presos). Ahí estaría 48 horas detenido, acusado de “portar droga” y una navaja.
Duermen en el piso, si no les toca espacio en unas camas de cemento. Sin atención, sin la presencia de visitadores de Derechos Humanos. Incomunicados sin posibilidad de llamar a familiares, compañeros o amigos. El primer sujeto que detuvieron en la calle con droga, salió a las pocas horas porque alguien vino a rescatarlo de las garras de la injusticia o pagar su multa.
Nadie investigó quién era la persona detenida, no se revisó que jamás había registro de antecedentes penales en el perfil. No se hizo el trabajo más que de recalar en una celda porcina, violando sus derechos constitucionales, pues nadie puede ser detenido sin causa justificada.
Fueron 48 horas de arbitrariedad y de afán de atropellar a personas indefensas. El brazo de la justicia entretenido en la aprehensión a trabajadores como palomas, que viven al día de su trabajo y los halcones y águilas del delito libres. Para esto les dieron dos sopas maruchan para que no se desmayaran de hambre y un garrafón de agua con frasco para asearse el pelotón de detenidos.
Los detenidos pidieron a los carceleros jabón, agua y lo necesario para limpiar el retrete, que parecía más letrina por la suciedad acumulada ante la omisión, ausencia o negligencia de mantenimiento de la Fiscalía.
Había en ese breve espacio asqueroso, otras compañías que no los dejaban dormir las dos noches de pesadilla. Era la presencia repugnante agregada al hedor, de piojos, pulgas, chinches y garrapatas. Un espacio de celdas, peor difícilmente lo puedo imaginar más allá del Apando, aquel calabozo oscuro que servirá de castigo en la prisión de Lecumberri de la CDMX, para personajes rebeldes como el escritor José Revueltas, líder de la organización comunista Espartaco.
Al final, en la Fiscalía (ruines que actuaron como asalta caminos) nunca le regresaron su teléfono, y sin mayor explicación después de dos días en la oscuridad de una celda pringosa, sin disculpa, le llevaron por un pasillo, abrieron la puerta y lo dejaron salir libre, con una patada en el trasero como despedida.
Así tratan a los ciudadanos los agentes ministeriales. Es un corte de caja de la Policía Ministerial de BC, que encabeza un personaje reconocido con antecedentes penales, sobornos en el rey de los deportes, amigos tenebrosos de la mafia y opacidad mucho antes de llegar al gobierno y complementado por el fiscal tapete, que se dice independiente. Mismo par, que confunde gobernar con planear escarmientos a funcionarias indefensas que se niegan a sus caprichos y necedades. Mismos irresponsables que no saben qué hacer frente a la delincuencia organizada y la tasa histórica de miles de homicidios y otros tantos feminicidios irresueltos e impunes en Baja California.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
