A finales de septiembre, teniendo como vocera a la diputada Montserrat Caballero Ramírez, el Congreso del Estado anunció que suspendería la totalidad de los plazos jurídicos de la dependencia, toda vez que Baja California se encontraba en alerta Naranja a causa de la COVID-19, lo que además derivó brotes de la enfermedad entre personal del Poder Legislativo.
Lo que pocos notaron, es que dentro de su suspensión de plazos jurídicos, la morenista Caballero también incluyó los tiempos otorgados para responder solicitudes de transparencia que se emiten al Congreso del Estado, esto quiere decir que los ciudadanos interesados en obtener información pública de sus diputados, ya sean gastos, actividades y hasta información sobre dictámenes y leyes, no podrán hacerlo, gracias a este acuerdo unilateral de los propios legisladores.
El tema pareciera ser minúsculo, pues con la mano en la cintura, determinaron que los tiempos de respuesta a los ciudadanos se suspenderán durante un mes, con la posibilidad de ampliarse de manera indefinida. Sin embargo, el acceso a la información -como lo hemos planteado en otras ocasiones- es un derecho humano reconocido en el Artículo 6 de la Carta Magna, por lo que básicamente, los diputados -principalmente morenistas- optaron por suspender un derecho elemental de los mexicanos por el simple hecho de que se sienten con atribuciones para hacerlo.
Pese a ello, el órgano garante, como lo es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), dirigido Lucila Ariana Miranda, no ha emitido un solo comentario o reclamo al respecto, cuando su única labor dentro del sector público en Baja California, es precisamente garantizar el libre acceso a la información a la población.
Pero bueno, sabemos que los comisionados del ITAIP solo son comparsa de los diputados que los eligieron, los cuales -cabe señalar- se encuentran renuentes en responder a cuestionamientos sobre las expensas de los legisladores en publicidad, gasto social y de sus comisiones.
LA UNIÓN
Hoy viernes 30 de octubre, los policías de Baja California inaugurarán las oficinas de La Unión, agrupación que se conforma de 13 asociaciones de agentes preventivos, investigadores y hasta peritos de la entidad, quienes se unieron ante la indolencia de los gobiernos municipales y estatal, de otorgarles servicios de seguridad social elementales en prácticamente todos los sectores laborales en la entidad.
La inauguración se llevará a cabo a las 10:00 horas en Calzada de los Monarcas y Calzada Héctor Terán Terán número 140, Fraccionamiento Villas del Rey en la Capital del Estado, donde se reunirán los líderes del gremio encabezados por el ex director policial Alejandro Monreal Noriega.
Entre él y el resto de los líderes policíacos, prácticamente están acosando a legisladores, ya que les preocupa que su esquema de pensiones y jubilaciones quede fuera del Presupuesto de Egresos 2021, pues de no definirse, estarían despidiéndose del tema hasta 2022 o 2023.
