San Felipe, Baja California está en una crisis que lleva más de tres años. La visita del entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto el 16 de abril de 2015, anunciaba una estrategia integral para preservar el ecosistema marino del Alto Golfo de California. En ese tiempo, Francisco Vega de la Madrid era gobernador de BC, y también era el inicio de una serie de complicaciones económicas y sociales para San Felipe, entre veda, afectaciones económicas y violencia
EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
La región del Alto Golfo de California tiene alrededor de 69 mil 700 habitantes distribuidos en 210 localidades, quienes viven mayormente de la pesca. Entre ellos se encuentra la etnia Cucapá con 150 personas. La captura pesquera en la región es una de las más altas a nivel nacional y la más productiva del país.
El Alto Golfo alberga una reserva de la biósfera que consta de 9 mil 348 kilómetros cuadrados, incluyendo ambientes marinos y terrestres, la cual fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en 2005.
VISITA PRESIDENCIAL, LA SENTENCIA
Durante la visita de Enrique Peña Nieto a la playa mexicalense San Felipe, el entonces mandatario nacional aseguró que estaba claro el compromiso del gobierno mexicano con el medio ambiente:
“México ha asumido distintas medidas, acciones, políticas públicas específicas, leyes y ordenamientos legales orientados a acreditar el compromiso que México tiene para preservar el medio ambiente global. Tenemos en nuestro país 10% de la biodiversidad del planeta”.
Sin embargo, las declaraciones eran tan forzadas como las presiones que imponían organismos internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
La estrategia se basó en cuatro pilares para la protección del ecosistema del Alto Golfo:
Primero.- Ampliar el polígono de protección. Se definió una demarcación más amplia a la que anteriormente se había dado, que ahora con mayor claridad permite identificar las áreas que están protegidas, vigiladas. Esta vigilancia corre a cargo de las Fuerzas Armadas.
Segundo.- Compensación económica para los pescadores que realizaban su actividad productiva en esta área. Implicaba generar una veda a la pesca durante dos años. También, que los pescadores estarían recibiendo un pago justo por dejar de pescar y utilizar artes de pesca que atenten contra la vaquita marina.
El entonces titular del Poder Ejecutivo federal detalló que se trataba de un apoyo económico “para las comunidades de pescadores, que ante esta veda impuesta deben seguir teniendo un ingreso justo y digno que les permita continuar en alguna otra actividad, y de seguir haciendo la pesca, hacerlo mediante el uso de nuevas artes que sean sustentables”.
Tercero. – Reforzamiento de la inspección y vigilancia de la región. En este marco, el primer mandatario entregó las llaves de nuevas embarcaciones que la Marina utilizará para patrullar la zona de protección y vigilar que las medidas anunciadas se cumplan a cabalidad.
Cuarto. – Fomento de “nuevas formas de pesca, mucho más amigables, que sean sustentables, que respeten el entorno ambiental y sea un compromiso pleno de quienes están dedicados a la pesca para hacer de ella una actividad sustentable, es decir, una actividad que no ponga en riesgo ni altere el orden ambiental, ni sea una amenaza ante el compromiso que México ha asumido de cuidar el medio ambiente”.
CRÓNICA DE UNA CRISIS ANUNCIADA
Esta ultima medida de las artes de pesca, ha sido el principal detonante para que los pescadores de San Felipe enfrenten a las autoridades. Al día de hoy, se mantiene una disputa entre las autoridades, organizaciones ambientalistas internacionales y los trabajadores de la pesca.
Desde entonces, Peña Nieto comprometía a los pescadores con las entidades internacionales ambientalistas: “Están mereciendo el reconocimiento de distintas organizaciones comprometidas con el cuidado de nuestro medio ambiente. Son una gran convicción, una plena convicción que tiene el Gobierno de la República de asumir como país y como gobierno nuestra responsabilidad en el cuidado del medio ambiente”.
Así sentenciaba el Gobierno Federal a los pobladores de San Felipe a una serie de vicisitudes que tendrían que vivir desde 2015.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), entonces a cargo de Mario Aguilar Sánchez, aseguraba que en aras de proteger y conservar a la vaquita marina se pretendía afectar lo menos posible a las dos principales comunidades que se tenían identificadas. El Golfo de Santa Clara en el vecino Estado de Sonora, y San Felipe en Mexicali, Baja California. De ahí la temporalidad del programa compensatorio que llegaba a los 10 mil pesos mensuales por pescador.
LA VEDA
Impuesta por el Gobierno Federal, la veda estaba contemplada para dos años, es decir, de abril de 2015 a abril de 2017, según lo establecido en el decreto, aunque para septiembre de 2016 los problemas comenzaban a surgir, pues la administración federal no tenía contemplada una extensión de la veda para el Alto Golfo. Lo cierto es que esto significaba que el recurso presupuestado para el asistencialismo de los pescadores tenía un límite y no se contemplaba en presupuestos o leyes de egresos subsecuentes a 2017.
En ocasiones anteriores, ZETA ha informado cómo los pescadores denunciaban que la compensación de la veda era dividida en 30% para ellos y 70% para permisionarios, sin embargo, las denuncias daban cuenta que algunos de estos últimos inscribieron a familiares, amigos y personal, lo que desató protestas de los pescadores.
Situación que quedó registrada en la Cámara de Diputados, donde el diputado federal por Movimiento Ciudadano, Jorge Alcibíades García Lara, señaló la problemática con el padrón de beneficiarios y aseguró que la situación en San Felipe se agravó al inicio de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, al anunciar de manera oficial la cancelación del programa de compensación.
“Surgieron irregularidades de forma inmediata, en virtud de que se detectó que en el padrón de beneficiarios de dicho programa de compensación, estaban registradas personas de otros estados del país y personas que no tenían relación con la pesca. Aunado a esta irregularidad, se registraron retrasos en el pago de los apoyos, lo que derivó en manifestaciones de inconformidad por parte de los pescadores. Además de esto, el gobierno federal incumplió el plazo de dos años que se acordó tendría vigencia la veda, decidiendo, de manera unilateral, aplazar la veda por tiempo indefinido”, se lee en el punto de acuerdo.
La veda -dice el diputado Alcibíades García- ha generado un severo daño a los pescadores y sus familias, a todos aquellos que dependen directa o indirectamente, de esa actividad.
Alejandro Ruiz Uribe / Líder de los pescadores / Lorenzo García
LA VIOLENCIA
El 28 de marzo de 2019, quedaron registrados actos de violencia entre elementos de la Secretaría de Marina destacados en San Felipe y pescadores.
ZETA informó sobre Enrique García Sandez, un pescador de 37 años que habías sido herido por elementos de la Marina. La Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía) reveló que las heridas eran en cráneo, antebrazo izquierdo y pierna derecha, a la altura del fémur. Mientras que la organización internacional Sea Shepherd, exhibió un video donde se puede observar el inicio de la persecución de elemento de la Marina y pescadores furtivos. Esto derivó el estallido en el puerto que culminó con el incendio de pangas, vehículos y daños a instalaciones gubernamentales.
Desde entonces, la situación en San Felipe se ha mantenido tensa según los pobladores, pues ya no aguantan la veda indefinida y las medidas que el gobierno ha impuesto sobre el puerto.
UN GRITO DESESPERADO
Alonso García, secretario de la Federación de Pescadores de San Felipe, hizo un grito de auxilio al Gobierno Federal, ante la difícil situación que enfrentan.
Ramón Franco, de la federación pesquera Eterno Ducato de San Felipe, dijo sentirse abandonado e ignorado por el Gobierno Federal “a partir de hace ya dos años y meses, pues no tenemos ninguna respuesta favorable o algún acercamiento hacia el problema que tenemos como Golfo. No sé qué es lo que quieran hacer realmente con el problema que tenemos como sector, si somos un sector que producimos alimento y es donde no entendemos el porqué de ese silencio. Algo que nos puedan decir como mexicanos, como padres de familia, qué vamos a hacer para poder sobrevivir”.
Desde el 25 de septiembre, se han hecho a la mar con las artes de pesca prohibidas por el Gobierno Federal para poder subsistir, al pescar camarón. Se vende en Mexicali y sin intermediarios
Lorenzo García, presidente de la Federación de Pescadores Rivereños del Puerto de San Felipe, declaró que están “en la indefensión de nuestro pueblo, de nuestra familia”; en tanto, Carlos Alberto Tirado Pineda, de la Federación Pesquera de la Reserva de la Biosfera en el Golfo de Santa Clara del vecino Estado de Sonora, compartió:
“Hemos sido más castigados con el problema del embargo, más castigados con las artes de pesca, y lo peor es que no hemos tenido una respuesta oficial (sic), tampoco ha habido eco en el Gobierno Federal y no hay una estrategia para poder, óiganlo bien, empezar a generarle en este caso riqueza a nuestras familias a las necesidades del Alto Golfo”
Los pescadores son conscientes de las consecuencias que puede tener el país por salir con las artes de pesca tradicionales, en este caso el “chinchorro” en línea. Pero aseguran que su desesperación es más grande que el temor a las consecuencias legales que pudieran surgir.
A LA MAR DE MANERA ILEGAL
A pesar de conocer las consecuencias que tendrán en lo local, al criminalizar el uso y portación de artes de pesca prohibidas por la Federación, las federaciones y cooperativas se han hecho a la mar por lo menos en la búsqueda de camarón desde el 25 de septiembre, cuando se levanta la veda del crustáceo.
“Tenemos hambre, el pueblo tiene que comer, la gente, las mujeres tenemos que comer, todo mundo. Tenemos derecho a mandar a nuestros hijos a la escuela, a que nos respeten, a que nos oigan. Estamos empezando marea y en cuanto el tiempo lo permita, vamos a salir con lo que nos permita dios tener (artes de pesca)”, externó Carmen Ávila, socia activa de la cooperativa pesquera “Ignacio Zaragoza” de San Felipe.
“Somos unas 400 embarcaciones o más. Por embarcación hay alrededor de tres pescadores, es decir, tres familias directas que dependen de cada embarcación. Hay cooperativas muy extensas de 50 a 60 pangas, así como hay cooperativas con cinco o diez permisos. De ahí nos vamos con la cadena productiva, que vienen siendo las maquiladoras, los descabezadores, los destripadores, los fileteadores, los que remolcan las embarcaciones; toda esa cadena productiva también viene siendo afectada”, abundó.
LAS CONSECUENCIAS
Para Sunshine Antonio Rodríguez Peña, activista de San Felipe, el problema que heredó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es una bomba de tiempo que puede llevar a un estallido social: “Me han preguntado si me voy a manifestar en contra de este posicionamiento del Gobierno Federal, y yo creo que fue ZETA el que más sacó la nota que les dije, que era una bomba de tiempo lo que estaba entregando el Presidente Peña Nieto al Presidente Obrador, y tarde o temprano el reloj, el segundero a un estallido social, era inminente por como lo habían acomodado. Sigo diciendo lo mismo”.
Inclusive podría afectar el proceso de municipalización para el mes de diciembre, cuando se realice el plebiscito que dará inicio al proceso de la creación del séptimo municipio de Baja California. “Si no hay pesca, que es la mayor entrada económica en San Felipe, pues a la mejor mucha gente que no sabe de San Felipe o no conocen el plebiscito, puede votar en contra y decir ‘San Felipe no es autosustentable’”, sentenció Rodríguez.
LAS ALTERNATIVAS
Para el delegado único del Gobierno Federal para Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, existen alternativas para el puerto de San Felipe. El turismo a través de una mega inversión en Puertecitos, que se encuentra a unos 30 kilómetros, detonará la derrama de recursos en la zona.
“El Gobierno Federal poco puede hacer, hay que ser transparentes y honestos, poco puede hacer, más que seguir presionando internacionalmente. Se ha aprobado ya la implantación de un gran complejo turístico, ya están los tramites para la electrificación y poder echarlo a andar, va a generar más o menos 5 mil empleos, que son los que tiene todo San Felipe actualmente”, afirmó.
Este complejo es una mega inversión del grupo Inveravante-Prointec, al cual denominaron Rancho Costa Verde, el cual tendrá campos de golf, hoteles, villas y será mejor que el de San Carlos, Sonora.
“Ya compraron la tierra, ya están invirtiendo incluso en el aeropuerto y ya se hizo el concurso para ver quién va a hacer la obra de electrificación que van aprobar ellos. Va a haber fuentes de empleo y hay que empezar a pensar en ir migrando la pesquería a la pesca deportiva, porque además de ser más rentable, con esta inversión que va a llegar, pues va a ser un buen negoció” estimó el funcionario.
Para el presidente de la Federación de Pescadores Rivereños del Puerto de San Felipe, Lorenzo García, una parte importante es la pesca deportiva de la totoaba en el puerto, “en este caso, veo una entrada de dinero, una economía, a lo mejor el boom (detonador económico) del puerto en el tema turístico y que seamos beneficiados los propios pescadores en este caso, y se ayudaría a todo el pueblo en general, hasta hotelero, restaurantero, porque se pueden hacer proyectos en grande, pensar en grande con este tema de la totoaba”, declaró a ZETA.
A pesar que divide opiniones con los pescadores del Golfo de Santa Clara en el Estado de Sonora, pues para Carlos Alberto Tirado Pineda, pescador de esa zona afectada por el polígono de veda, es irreal que el Gobierno Federal apoye este escenario: “El asunto de la totoaba (pesca deportiva) es mentira que algún día se pueda hacer comercial, porque primero tiene que haber un control en el Alto Golfo”
EL NEGOCIO EN DINERO
Carlos Alberto Tirado Pineda, pescador del Golfo de Santa Clara en Sonora, dijo que son mil 300 toneladas entre San Felipe y el Golfo de Santa Clara en puro camarón, a 20 dólares por kilogramo, esto se traduce a más de 26 millones de dólares entre los dos estado.
De ese es el tamaño del impacto económico que tiene la zona pesquera del Alto Golfo de California.
