No hace mucho tiempo, en julio de 2020, cuatro elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación fueron señalados como quienes, en un operativo que inició extraoficial, privaron de su libertad y probablemente asesinaron a una pareja.
El hombre y la mujer, se supone, resguardaban droga, la misma que atrajo a los de la Guardia Estatal, quienes -también se supone- al haber superado el tono de la tortura, oficializaron el operativo. De los cuidadores no se volvió a saber hasta que sus cuerpos fueron encontrados.
Por supuesto la versión oficial en la Fiscalía General del Estado (FGE), es que a los dos cuidadores de droga los asesinó el “dueño” de los enervantes. Por su parte, los agente estatales efectuaron “el decomiso” y ahí acabó el tema.
Hace unos días, otros agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) se vieron inmiscuidos en otro acto sospechoso. A Tijuana había llegado un grupo de la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar una orden de aprehensión de un caso relacionado con armas. Los oficiales no compartieron con las corporaciones locales ni su llegada a la ciudad, ni el motivo de la misma. Pretendieron actuar con sigilo.
Se encaminaron a cumplir con su objetivo en Tijuana, cuando fueron interceptados por un pick-up blanco que no tenía logotipos, con placas sobrepuestas y sin estar balizado como suelen estar los vehículos oficiales de las corporaciones policiacas, particularmente los de la GESI en Baja California, que primero fueron pintados en colores guinda y amarillo, y posteriormente recularon al negro y al azul.
Los de la FGR no cedieron a la amedrentada de los desconocidos e inició una persecución que culminó en sus instalaciones en la Zona del Río. Allí chocaron al pick-up anónimo y lograron entrar a su edificio. Los ocupantes del otro vehículo huyeron del lugar, solo para abandonar la unidad unos metros después. Luego se supo, eran agentes de la GESI, aun así, en la FGR local aseguraron el vehículo para investigación.
En la FGE, el fiscal central Hiram Sánchez reconoció que efectivamente, el pick-up pertenece a ellos y traía placas sobrepuestas porque las originales les habían sido robadas. De los agentes que participaron en el zafarrancho con los de la FGR, no sabe quiénes son, como si las unidades no estuviesen signadas de manera oficial; dijo que emprendería una investigación.
Al final, los elementos de la FGR no pudieron cumplimentar la orden de aprehensión que los trajo a Tijuana, porque prácticamente, los GESI se los impidieron. ¿Por qué andaban los de la Guardia Estatal, rondando el área de un presunto criminal o no permitieron su aprehensión? ¿Por qué el fiscal central no tiene conocimiento de quiénes eran los elementos que tripulaban la unidad averiada y asegurada? Son interrogantes con las cuales la FGE le abona la impunidad.
Una más de los últimos días:
Leonardo David Ornelas Barrios, Salvador Zepeda Solano y Jesús Alberto Castañeda Nario, agentes de la GESI, secuestraron a un empresario en Mexicali. Lo interceptaron a bordo de una unidad con estrobos y el resto de las características del balizado oficial. Pero no lo pararon por un tema oficial, lo detuvieron para secuestrarlo. Y cautivo lo mantuvieron durante tres días, mientras negociaban con la familia el pago de un rescate por más de un millón de pesos a cambio de la libertad del hombre de negocios. Lo lograron. Recibieron el dinero.
Seguramente los agentes, que hasta el 28 de octubre continuaban activos en la corporación que dirige Carlos Alberto Flores, por cierto dado de baja de la Guardia Nacional desde el 11 de agosto, pensaron que se habían salido con la suya.
Pero no fue así. El miércoles 28, los tres elementos del área de Investigación Civil fueron detenidos en Mexicali, cuando estaban activos. Los detuvo la Fiscalía Especializada Antisecuestros local, con una orden de aprehensión concedida por el delito de secuestro agravado.
En un boletín oficial, desde la FGE informaron que la detención de los agentes pertenecientes a esa corporación, había sido “por instrucciones” del fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández. Agregaron:
“La depuración de los cuerpos policiacos es prioridad en la búsqueda de la seguridad en Baja California, y no basta con sólo darlos de baja de las instituciones, sino recabar indicios dentro de las carpetas de investigación, para presentarlos ante la Justicia”.
Y pues sí, así debería ser, pero no es. La realidad es que a los elementos de la GESI que han estado inmiscuidos en la comisión de delitos, se les investiga porque se evidencian, no porque el hecho sea parte de un programa formal de depuración.
A la creación de la FGE a finales de 2019 y a la toma de posesión del fiscal y compadre del gobernador, Guillermo Ruiz Hernández, se hicieron compromisos para depurar lo que ahora se conoce como Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, pero que antes fueron parte de dos corporaciones harto señaladas de corrupción: Policía Ministerial del Estado y Policía Estatal Preventiva, que eran los cuerpos policíacos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, instituciones que fueron fusionadas para crear la Fiscalía General del Estado.
El cambio de nombre, de siglas o de partido en el gobierno, no significa en las corporaciones policiacas un borrón y cuenta nueva, si acaso al inicio del cambio entran en una etapa de calma y concordia en lo que se adaptan a los nuevos mandos y encuentran la forma de seguir coludidos con delincuentes, criminales organizados o narcotraficantes, sea con la venia de sus superiores o por iniciativa propia.
Por eso siempre es recomendable la depuración policíaca, pero con estrategia y programa. Aprehenderlos cuando fueron denunciados, y por ello investigados, no es parte de una depuración formal, sino actuar en consecuencia a la denuncia de la víctima o de un delito que se persigue de oficio.
La GESI, que no ha atravesado por una limpia aun cuando ese fue el compromiso, no deja entonces de ser una corporación nueva con viejos y señalados agentes de colusión con el crimen, de secuestro, de extorsión, de robo de droga, de asesinato.
¿Para cuándo la limpia real, señor fiscal?
