Hace seis meses se creó el Instituto contra las
Adicciones en Baja California, autoridad que
tiene la facultad de revisar las condiciones en
las que operan los centros de rehabilitación en
el estado, y su primera tarea fue actualizar el
listado que le heredó la administración anterior
del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja
California. En un Cirad, hubo un muerto
El 13 de octubre Jairo perdió la vida, luego de ser sometido a golpes por siete hombres que lo trasladaron de su casa a un centro de rehabilitación, en el cual su familia iba a internarlo para que iniciara un tratamiento contra sus adicciones.
La esposa del hombre de 30 años de edad solicitó el servicio al centro de rehabilitación “CIRAD 3”, ubicado en la Obrera, y en las primeras horas del martes 13 de octubre un grupo de hombres -internos del centro- llegaron a su domicilio en la colonia Sánchez Taboada y lo sometieron golpeándolo, hasta que aparentemente quedó inconsciente en el piso de la camioneta en la que viajaban.
Al llegar al centro de rehabilitación, se percataron que el hombre no respiraba y procedieron a pedir el auxilio de una ambulancia; paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que había perdido la vida y su caso se turnó a la Fiscalía de Homicidios Violentos para su investigación.
La doctora Viridiana Flores, titular del recién creado Instituto contra las Adicciones de Baja California, comentó a este Semanario que no tenía conocimiento del caso, pero que ninguna autoridad aprueba este tipo de prácticas que resultan muy comunes en los centros de rehabilitación del estado.
“La indicación es fomentar a los centros de rehabilitación, también a los servidores públicos y a las dependencias, el mensaje de respetar los derechos humanos. Hemos recorrido el estado visitando los centros de rehabilitación para capacitarlos e instruirlos a que sean cuidados, y a que eliminen estas prácticas que no son aprobadas por ninguna autoridad”, declaró la también Comisionada de Adicciones en el estado.
Señaló que en lo que va de la presente administración, es el primer caso de este tipo del que se entera; sin embargo, aseguró que cualquier usuario o familiar tiene la posibilidad de quejarse y denunciar este tipo de prácticas ante las autoridades correspondientes.
Actualmente el Instituto contra las Adicciones se encuentra trabajando en la actualización del padrón de centros de rehabilitación, el cual recibieron con 203 inscritos, y a la fecha han detectado que por lo menos el 10 por ciento de esa lista ya no existen.
Flores afirmó que el padrón fue formado seis años atrás, en el inicio de la anterior administración, y no se le dio seguimiento, por lo cual optaron por formar un nuevo padrón; en el primer mes de la convocatoria ya inscribieron 166 centros en todo Baja California y tienen un estimado que la lista podría rebasar los 300.
“Encontramos un padrón muy antiguo, con seis años de olvido, nada actualizado. Por eso nos dimos a la tarea de revisarlo, de marcar a cada lugar para verificar su existencia y después lanzamos esta convocatoria para que también se acerquen los de nueva creación que no estén en esta lista”, explicó.
El padrón de centros de rehabilitación no se actualizó por seis años.
Destacó que es importante que cada centro de rehabilitación sea revisado por las autoridades,anos, para garantizar que estos centros cumplen con todas las normas y brindan un servicio de calidad y digno a la ciudadanía que padece algún tipo de adicción.
Por parte del Instituto se revisa que el tratamiento que brindan cumpla con los como lo es el Instituto Municipal Contra las Adicciones, el Instituto que ella dirige, la Coepris, y si es posible la Comisión Estatal de los Derechos Humlineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009; también se revisan las condiciones de higiene, de la infraestructura y los aspectos que tienen que ver con la prevención de accidentes. De igual manera tienen disponible cursos y talleres para capacitarse y poder cumplir con sus certificaciones, tanto locales como el trámite de la cedula nacional.
Hasta el momento han renovado la certificación de 128 centros, mientras continúan apoyando a los que pasan las primeras evaluaciones con las herramientas que les sean necesarias.
“Tuvimos un caso de un centro de rehabilitación en Mexicali que en su primera evaluación sacó 4 de 10. En dos semanas volvimos para aplicar una nueva evaluación y su calificación fue de 8.6; mejoró bastante y eso fue gracias al apoyo que se le dio para que detectara que necesitaba reforzar para obtener una calificación más alta”, dijo.
La verificación de un centro de rehabilitación lleva por lo menos de dos a tres horas, y el Instituto contra las Adicciones se ha puesto como meta aplicarles una evaluación cada dos meses para que mantengan sus certificaciones, o máximo dos veces por año, dado que la certificación nacional es anual.
Reiteró que revisarán lo que respecta a los casos de la aplicación de la violencia por parte de los centros de rehabilitación y otras prácticas irregulares que requieren erradicar, que afectan principalmente a la integridad de los usuarios que buscan corregir su adicción a sustancias dañinas.
Por su parte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que si bien no está dentro de sus facultades observar el actuar de los centros de rehabilitación, por funcionar como asociaciones civiles, sí vigilan a las autoridades tanto estatales como municipales que regulan estos lugares.
Sobre el caso de Jairo se abrió una carpeta de investigación para determinar si existió omisión por parte de alguna autoridad. En lo que va de este año han iniciado nueve procedimientos relacionados con centros de este tipo, de los cuales seis son orientaciones y
tres gestiones.
En 2019 atendieron 26 asuntos; de estos 16 fueron orientaciones, nueve gestiones y un expediente de queja contra el Instituto Municipal contra las Adicciones de Tijuana, por presuntamente vulnerar los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.
