En el Anfiteatro 11 de Julio en Tijuana, con más de 300 invitados, algunos con cubre bocas y otros prescindiendo del mismo, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, rindió su Primer Informe de Gobierno.
En dicho evento (tradicionalmente realizado en Mexicali, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo), el mandatario presumió el supuesto cumplimiento de 93 de los 100 compromisos que hizo durante la campaña, incluyendo el pago de la deuda a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Sin miembros del Gobierno Federal, sin la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra y sin representantes de las cámaras y organismos empresariales de Baja California presentes, el acto protocolario comenzó con la presentación de dos videos.
En el primero apareció el nuevo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, felicitando a Bonilla por su desempeño y el programa Jornadas por la Paz.
“En todas las encuestas nacionales el Gobierno de Baja California es el mejor evaluado de Morena”, señaló el dirigente del partido, además de exaltar “la visión de desarrollo económico” que ha generado “un impacto positivo en toda la frontera con Estados Unidos”.
El segundo video presentó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, argumentando que, por su conducto, el Gobierno de México enviaba un reconocimiento al trabajo del gobernador de Baja California.
“El atinado trabajo del gobernador y sus colaboradores ha hecho que el equilibrio entre la auto confinación y la recuperación económica es un ejemplo para todo el país”, declaró.
Entre los asistentes al evento se encontraba Ricardo Peralta Saucedo, ex subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, quien supuestamente amenazó e intimidó al alcalde con licencia de Tijuana, Arturo Gonzalez Cruz, con una supuesta investigación en su contra por un decomiso de droga no reportado a la Fiscalía General de la República, con el cual buscarían generar recursos para la campaña del entonces presidente municipal en funciones.
También destacaron en primera fila el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles; la presidenta municipal suplente de Tijuana, Karla Patricia Ruiz Macfarland; el General de Brigada Diplomado Estado Mayor (DEM), Saúl Luna James, Comandante de la Segunda Zona Militar; y el Vicealmirante Juan José Padilla Olmos, Jefe de Estado Mayor de la Segunda Región Naval.
Bonilla Valdez inició su mensaje en punto de las 17:40 horas, con tartamudeos y problemas de lectura, aseguró que su gobierno ha cumplido 93 de los 100 compromisos que hizo durante su campaña con los ciudadanos.
Entre los compromisos “cumplidos”, destacó los desayunos escolares, que por la pandemia se dejaron de entregar, así como las acciones emprendidas y logros de la Fiscalía General del Estado, como parte de su actuar como titular del Poder Ejecutivo estatal, sin importarle que constitucionalmente este órgano es autónomo y no pertenece a su gabinete.
De la seguridad, además de presumir que él creó la FGE, también aseguró que ha acudido a las Mesas de Seguridad del Estado sin falta, sin embargo, esta declaración no coincide con los señalamientos que lo acusaban de no asistir a estas mesas durante el tiempo que mantuvo rencillas con el Ejército.
De igual forma, presumió la creación de cinco fiscalías especiales, 2 mil órdenes de aprehensión y 772 sentencias, méritos que son de la Fiscalía General autónoma, aunque evitó hablar del incremento en homicidios en Mexicali, el aumento de la violencia en Tecate y los 8 homicidios que en promedio se cometen al día en BC durante su gestión.
De acuerdo con datos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), de 2019 a 2020 en municipios como Mexicali, Ensenada y Tecate se registró un incremento en la incidencia delictiva referente a los homicidios, de 42, 63 y39%, respectivamente; mientras que en Tijuana y Playas de Rosarito se disminuyeron los asesinatos violentos un -11% y -3%, de manera respectiva.
Durante su atropellado discurso, aun con la utilización de equipo para leer, el gobernador declaró que como parte de sus acciones creó una fiscalía con “autonomía técnica, operativa y presupuestaria” para brindarle seguridad a Baja California. Agregó que eliminó la Policía Estatal Preventiva (PEP) y creó a la Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia (GESI) para mayor seguridad de los ciudadanos.
Pero la realidad es distinta, ya que no hubo una depuración de los elementos de la antigua PEP, solo se cambió de nombre y colores, y se mantuvo prácticamente al mismo personal y elementos. Tan es así que el 28 de octubre, los agentes de la GESI Leonardo David Ornelas Barrios, Salvador Zepeda Solano y Jesús Alberto Castañeda Nario, fueron detenidos por el secuestro de un empresario en Mexicali.
Posteriormente, casi al finalizar su informe de más de dos horas, Bonilla llamó a su gabinete al templete, entre los titulares de las distintas dependencias del gobierno que presentó, de uno por uno, también nombró a Guillermo Ruiz Hernández, “autónomo” fiscal general del Estado, siendo que este no pertenece al mismo.
Bonilla Valdez aseveró que una de sus principales acciones fue la transparencia de su gobierno, argumentando que sus transmisiones en vivo por Facebook, tanto de informes diarios como de contrataciones o reuniones que han llevado a cabo distintos servidores públicos, supuestamente son muestra de ello. No obstante, olvidó mencionar que solo atendió a medios en formato de rueda de prensa en tres ocasiones durante doce meses de gobierno, las agresiones e ironías a los cuestionamientos, notas y reportajes de la prensa que lo ponían en entredicho, la selección de ciertos medios para conceder entrevistas y lo desfasado de los sistemas de transparencia de los organismos gubernamentales del Estado.
Además, citó que el endeudamiento de BC actualmente es controlable y se debe a que su gobierno ha sido austero, al eliminar secretarías, subsecretarías y aprovechar el presupuesto en lo necesario, como el pago a algunos maestros y burócratas del Estado, dejando pendiente las deudas de los municipios como Tecate, que también se comprometió a saldar y no lo ha realizado hasta la fecha.
Subrayó que con la creación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Baja California, le han cobrado a “los grandes deudores del Estado” y han luchado contra la impunidad y la corrupción, aunque no habló de las denuncias y procesos en contra de sus funcionarios implicados en el tema de los “moches” -entre ellos el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano-, quienes pedían dinero a empresarios para ser favorecidos en la actual administración estatal.
Finalmente, de la misma manera en que subió al templete al fiscal del Estado, llamó a los diputados de la bancada de Morena en el Congreso de Baja California, de quienes reconoció su trabajo y agradeció que aprobaran todas las reformas que ha enviado al pleno, como la de nuevos impuestos, la Ley para que los funcionarios hicieran campaña sin dejar el cargo y los intentos de manipular el periodo gubernamental, tanto el suyo como el siguiente.
También invitó a su puesta en escena a cuatro de los cinco alcaldes de los municipios de BC: Marina del Pilar Ávila, de Mexicali; Armando Ayala Robles, de Ensenada; Araceli Brown Figueredo, de Playas de Rosarito; y Karla Ruiz Macfarland, de Tijuana.
Durante la presentación de las presidentas municipales, el gobernador les agradeció trabajar en conjunto por Baja California y ser fieles a su proyecto de gobierno; caso contrario a lo que Zulema Adams en Tecate y Arturo González Cruz en Tijuana, hicieron en sus respectivos ayuntamientos.
Los demás asistentes al Primer Informe de Gobierno de Jaime Bonilla Valdez fueron: Julio César Vázquez Castillo, diputado presidente del Congreso de Baja California; Jorge Ignacio Pérez Castañeda, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado; Carlos Alfonso Candelaria López, director general de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, quien se retiró a mitad del evento; el actual presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana, Andrés Soriano Padilla, y los dueños de dos medios de comunicación regionales.
