La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, representa un riesgo un riesgo de obstaculización al desarrollo de sus investigaciones en el caso Odebrecht y podría recibir una condena de 79 años de prisión por el delito de traición a la Patria.
Por lo que una vez lograda la orden de aprehensión, solicitará a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una ficha roja, para que ex el funcionario federal sea buscado en 194 países, ya que aún desconoce su paradero, según publicaron los diarios El Universal y Milenio, con información de la FGR.
La nueva orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso, un documento de más de 100 páginas, podría derivar en emitir la ficha roja de la INTERPOL, ya que al ex titular de la SRE y la SHCP se le acusa de delito electoral, asociación delictiva, cohecho y traición a la Patria, lo que amerita prisión preventiva, según información publicada por el diario Reforma.
“Esta distinción normativa al delito de traición a la patria para ser considerado de aquellos que ameritan la prisión oficiosa, hace por sí solo que ante la eventualidad de que los justiciables puedan ser sometidos a un proceso por este injusto penal, haga que no deseen comparecer voluntariamente”, según expuso la FGR, citada por El Universal.
Si es expedida la orden de aprehensión por parte de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México del Reclusorio Norte, “podría dar lugar a la generación de una ficha roja para que la Interpol a nivel mundial colabore a la localización y detención del imputado, mismo que habría de ser requerido posteriormente mediante un procedimiento de extradición”, señaló la FGR, citada por el mismo rotativo.
“Existe riesgo de que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba”, señaló la Fiscalía para justificar la necesidad de capturar al ex funcionario federal. Además de que, añadió, Videgaray Caso puede alterar pruebas y hasta “comprar” a otros coimputados, testigos o peritos involucrados en el caso para que declaren a su favor o no declaren.
“Además de influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos o intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación”, enfatizó la FGR, según el diario El Universal.
En la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, abierta contra Videgaray Caso, ya han declarado Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), quien en agosto pasado presentó la denuncia de hechos por la que la FGR inició las pesquisas contra el ex titular de la SHCP y la SRE.
Así como Miguel Pérez Esquivel, chofer de Lozoya Austin; además de Froylán Gracia Galicia, brazo derecho de el ex director general de PEMEX; así como Rafael Caraveo Opengoal, ex secretario técnico del Consejo de Administración del Senado de la República, quien laboraba de forma directa con el legislador Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara alta del Congreso de la Unión.
Este último fue exhibido en agosto pasado recibiendo maletas llenas de dinero en efectivo, que supuestamente provenía de los sobornos que fueron pagados a legisladores panistas en el sexenio pasado para la aprobación de la reforma energética.
FGR SE HABÍA DESISTIDO DE OTRA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA VIDEGARAY
El pasado 5 de septiembre se conoció que la FGR se desistió de la solicitud de orden de aprehensión que tenía en contra de Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE), en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, para perfeccionarla y alistar una nueva con más elementos.
Según información dada a conocer por fuentes federales a los diarios El Universal, Milenio y Reforma, antes de que un juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte resolviera si concedía o no la orden de aprehensión solicitada contra Videgaray Caso, la FGR obtuvo nuevos elementos en el caso, por lo que por ahora optó por desistir.
El agente del Ministerio Público Federal, Kristian Javier Jiménez Hernández, pidió al juez de control que considerara como no presentada la primera solicitud de arresto, para que la FGR continúe trabajando en la carpeta de investigación, para agregar nuevos elementos, perfeccionar su acusación y volver a requerir una orden de captura contra el ex funcionario federal, quien es imputado de cinco delitos federales relacionados con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria.
“El pasado 27 de octubre, un día después de que el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza requiriera a la FGR aclarar aspectos legales y formales sobre la solicitud de captura, el Fiscal federal Javier Jiménez Hernández presentó un escrito para desistirse de la petición”, detalló Reforma.
“Me permito solicitarle que me tenga por desistido de la solicitud de orden de aprehensión realizada mediante oficio UIL-B-CGI-223/2020 de 26 de octubre del año en curso y que en consecuencia se tenga por no presentada”, pidió el funcionario, según el mismo rotativo.
Por su parte, el diario Milenio detalló que el agente del Ministerio Público Federal pidió al juez de control que se deje a salvo, el derecho y facultad de la Representación Social de la Federación, “para posteriormente realizar una nueva solicitud de orden de aprehensión”, contra el ex titular de la SHCP y la SRE.
El Reforma recordó que el lunes 26 de octubre, la FGR solicitó la aprehensión de Videgaray Caso por el delito electoral de financiamiento ilegal de campañas, cohecho, asociación delictuosa y traición a la patria, este último con una penalidad que puede alcanzar hasta 40 años de prisión.
Según la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, Videgaray Caso sería presunto responsable de diversos delitos, derivados del caso Odebrecht, asunto donde el ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin, lo señaló de supuestos sobornos.
El pasado 3 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a Videgaray Caso, así como a todos los ex funcionarios que han sido involucrado en el caso Odebrecht, a que se presenten de manera voluntaria a declarar, porque “el que nada debe, nada teme”, dijo.
Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que los procedimientos judiciales no deben de ser arbitrarios, además de tienen que basarse en pruebas y “que no tengan que pagar justos por pecadores”.
“Yo sé que el juez regresó la solicitud a la Fiscalía para que se mejorara o se enriqueciera, se reforzara la averiguación. Esa es la información que yo tengo y no tengo más elementos, porque no me corresponde, ese es un asunto de la Fiscalía con el Poder Judicial, ya lo hemos dicho muchas veces, es autónoma, es independiente, hay que esperar a que se resuelva este asunto”, comentó López Obrador.
“No esperar a que haya un juicio, si se está mencionado que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme […] Y también, si no se hace de esa forma, porque cada persona es libre, pues esperar a los procedimientos que no deben de ser arbitrarios, que tiene que basarse en pruebas, se tiene que integrar las averiguaciones, el juez tiene que, si lo amerita, autorizar la orden de aprehensión, existe el derecho de amparo”, agregó el presidente.
“En fin y son juicios que pueden tardar tiempo, y no debemos de alarmamos, si hay estos procesos para que se termine con la corrupción, se termine con la impunidad, se purifique la vida pública, pero que no se afecte por parejo, que no sea a rajatabla, que no tengan que pagar justos por pecadores”, dijo el político tabasqueño.
FGR DESMIENTE QUE JUEZ HAYA NEGADO ORDEN DE APRHENSIÓN CONTRA VIDEGARAY
El Ministerio Público Federal (MPF), no ha recibido de Juez de Control, ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE), en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, por cinco delitos federales relacionados con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria.
Así lo aseguró la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado emitido minutos antes de las 15:00 horas del 3 de noviembre, en el que detalló que las solicitudes de mayor información, en su caso, se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal.
“Cuando el resultado de las acciones de la FGR, en este asunto, puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber de información”, agregó la Fiscalía, que detalló que en el caso de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), las diligencias de investigación e integración de carpetas son por ministerio de ley de obligada secrecía.
“Esta institución no ha filtrado ningún tipo de datos al respecto; y, como siempre, cuando se obtengan las respuestas del Poder Judicial, se darán a conocer”, agregó la FGR, luego de que la mañana de este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra Videgaray Caso, pero un juez la rechazó por estar mal integrada la averiguación.
“Sí, me informaron que hicieron esa petición al Poder Judicial pero se rechazó porque no estaba bien integrada la solicitud, tengo entendido que el juez regresó esta petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente, en estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación”, respondió el mandatario nacional al ser cuestionado al respecto.
“Eso es una función del juez que no admite porque considera que no es sólida, o que no tiene todos los elementos la solicitud de la Fiscalía, del ministerio público, lo que sé sobre este caso”, detalló el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina del pasado 3 de noviembre.
Ese mismo día se conoció que la FGR solicitó una orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, por cinco delitos federales relacionados con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria.
Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en su denuncia de hechos ante la FGR, señaló a Videgaray Caso como uno artífices de un esquema para el enriquecimiento ilícito a su favor y el de Peña Nieto, además de ser receptor de sobornos de la empresa brasileña, así como de dar dinero a legisladores para la aprobación de la reforma energética.
Según informaron el pasado 3 de noviembre, el diario Reforma y el medio digital LatinUS, con informes del Gobierno Federal, con base en las declaraciones de Lozoya Austin, la FGR solicitó la captura de Videgaray Caso por un delito electoral, dos delitos de cohecho, uno de asociación delictuosa y uno de traición a la patria.
“El mandamiento judicial fue pedido en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero se devolvió el expediente para subsanar deficiencias”, señaló el Reforma. “El planteamiento para obtener la orden de aprehensión contra Videgaray podrá ser reformulado por la Unidad Especializada en Delitos Federales, de la FGR”, agregó el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su medio digital LatinUS.
Ambos medios indicaron que la Coordinación General de Investigación de la FGR se disponía a pedir por tercera vez la aprehensión del ex funcionario federal, quien actualmente se desempeña como académico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés)
La imputación contra Videgaray Caso se basa en dos testimonios de Lozoya Austin. El primero, señalado en su denuncia de hechos realizada el pasado 11 de agosto, y el otro, en una ampliación que el ex director general de PEMEX rindió en octubre pasado.
La traición a la patria, un delito que se castiga con 5 a 40 años de prisión, es atribuido a Videgaray Caso porque supuestamente fue el responsable principal del financiamiento de Odebrecht a las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ello desde la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
La FGR considera que el ex funcionario federal colaboró en un acto contra la integridad de la Nación, porque el financiamiento electoral implicaba someter a una parte del Gobierno de México a una entidad extranjera como Odebrecht.
Según el alegato del Ministerio Público, Videgaray Caso habría realizado “actos contra la integridad territorial de la nación al gestionar e impulsar en agosto de 2014, Reformas Estructurales con la finalidad de someter a la nación a personas extranjeras brindándoles contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos”.
“Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que -desde las altas esferas del régimen- instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos, nacionales y extranjeros”, declaró Lozoya Austin ante la FGR, en su momento.
En su petición para el libramiento de la orden de aprehensión, la FGR consideró que Videgaray Caso cometió delito electoral al entregar recursos por un millón 664 mil dólares a Peña Nieto, durante su campaña por la Presidencia de 2012, gestionados con la empresa brasileña Odebrecht y que provenían de sobornos en el extranjero.
Sobre un primer delito de cohecho, se señala a Videgaray Caso de prestar ayuda a Peña Nieto para que, durante su periodo presidencial de 2012 a 2018, recibiera de las empresas Odebrecht y Braskem una cantidad aproximada de 5 millones 850 mil dólares y 84 millones de pesos, “para realizar actos injustos relacionados con sus funciones”.
Dichos recursos beneficiarían a Odebrecht con la adjudicación de un contrato para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo (TULA I), así como para poder influenciar al presidente de la República para hacer realidad la Reforma Constitucional en Materia Energética.
En un segundo señalamiento por cohecho, se acusa a Videgaray Caso de entregar entre septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015, la cantidad de 121 millones 500 mil pesos a los legisladores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, entre otros, a fin de que emitieran su voto a favor de la Reforma Constitucional en Materia Energética.
En lo que se refiere al delito de asociación delictuosa, la FGR afirma que Videgaray Caso realizó sobornos a legisladores en acuerdo con el entonces presidente Peña Nieto y directivos de las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem, por lo que presume un entramado de un grupo de personas para cometer ilícitos y obtener beneficio personal de ellos.
“El proyecto para procesar a Videgaray Caso fue presentado para consulta del Poder Judicial [de la Federación] y podrá ser replanteado para proceder en un futuro en contra del ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto”, agregó LatinUS.
A principios de septiembre pasado, estudiantes y ex alumnos del MIT exigieron la salida de Videgaray Caso de dicha institución educativa estadounidense, en donde destacaron las diversas acusaciones por corrupción del funcionario federal en la Administración de Peña Nieto.
“No sabemos si Videgaray será declarado culpable por un juez por cometer los crímenes él mismo. Sin embargo, la amplitud y profundidad de las acusaciones creíbles contra él plantean serias dudas sobre su autoridad moral para liderar proyectos de investigación”, subrayaron los estudiantes y ex alumnos del Instituto en su misiva.
Sin embargo, Martin A. Schmidt, rector del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), y los decanos David C. Schmittlein y Daniel Huttenlocher, aseguraron en una misiva, que Luis Videgaray Caso, es bienvenido en dicha comunidad académica.
Videgaray Caso respondió el pasado 20 de agosto a las acusaciones de corrupción realizadas por Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Lozoya Austin señaló a Videgaray Caso como uno artífices de un esquema para el enriquecimiento ilícito a su favor y el de Peña Nieto, además de ser receptor de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de dar dinero a legisladores para la aprobación de la reforma energética.
“Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya”, apuntó el ex titular de la SHCP en una carta difundida en su cuenta de la red social Twitter.
“No sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad. Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos: desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética, y de su conducta como servidor público”, añadió Videgaray Caso en otro tuit.
El también ex canciller indicó que estaba listo para atender algún llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Asimismo, Videgaray Caso dijo que tras el fin del sexenio pasado decidió estar lejos de cualquier proceso y de decisión de política pública, y por ello se ha reservado sus opiniones sobre el caso Lozoya.
“Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes”, escribió Videgaray Caso, quien no tuiteaba desde noviembre del 2018.
