“Los hombres se quejan de la injusticia y el abuso hasta que son capaces de ganar fuerza. Una vez que este poder está en sus manos, lo usan si es necesario para la comisión de injusticias y abusos”. – Henri Becque, dramaturgo francés (1837- 1899)
La democracia no es de un solo hombre, aunque el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, así lo crea. La división de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se estableció precisamente para evitar que el poder y las decisiones se concentren en una persona, pero el ingeniero lo quiere todo y sus vasallos se lo están dando.
El mayor problema es que el servilismo cómplice y el totalitarismo disfrazado de pluralidad, no generan la gobernanza de la soberanía popular ni protegen las libertades individuales, y eso es lo que está en juego en este show antidemocrático. Porque una transmisión diaria por Facebook dando información selecta, cuasi unidireccional, no es transparencia, y las consultas ciudadanas en redes sociales dirigidas a conveniencia tampoco pueden ser llamadas participación social.
No se trata de partidos, no importa si son del PRI o del PAN, esos demonios corruptos exorcizados del morenismo o los discípulos lopezobradoristas que se auto alaban como inmaculados. Violentar el orden constitucional no es correcto, no es ético, y es peligroso para las libertades individuales de los gobernados.
Amigo del candidato y después Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero Bonilla fue diputado federal en 2012, dirigente estatal de Morena en octubre de 2014, senador en septiembre de 2018, súper delegado en diciembre de 2018, candidato a gobernador y primer mandatario estatal por Morena en Baja California a partir del 1 de noviembre de 2019. Ocho años que desde el inicio permitieron a Bonilla instalarse en la cúpula política y convertirse en el todopoderoso del partido guinda en Baja California, donde en 2015 dividió a los seguidores de AMLO y generó bases leales a su persona, cortesanos palomeados por él para ocupar puestos de elección o de asignación en las administraciones morenistas.
Gracias al arrastre de López Obrador, llegó al gobierno del Estado en 2019. El que no es su compadre, es su ahijado, su amigo, su empleado, el que menos le debe el puesto y abiertamente se admiten rendidos a la voluntad del señor gobernador. El mandatario dice “salten” y solo preguntan qué tan alto.
La evidencia más vergonzante de autoritarismo ha sido desde su toma de posesión, la XXIII Legislatura, donde hasta el 8 de octubre, el gobernador-legislador había presentado “102 acciones legislativas promovidas por el Poder Ejecutivo, de las cuales, 11 son constitucionales, 13 nuevas leyes, 44 reformas legales, 15 decretos, 17 nuevos reglamentos y la creación de nuevos organismos”, como informaron el Congreso y la Secretaría General, y fue consignado en ZETA por el reportero Rafael Torres. Con riesgo de sonar a exageración, seguro Bonilla Valdez es el legislador más productivo.
Además, prácticamente le aprueban todo: presupuestos no analizados e impuestos que invaden la esfera federal, y la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales encabezada por Juan Molina -diputado que ha participado de tres legislaturas con tres partidos distintos- convertida en una subdirección que atiende los deseos e instrucciones de la Secretaría General de Gobierno de Amador Rodríguez Lozano.
De los morenistas, solo cuatro diputados se han rebelado, y únicamente en dos ocasiones, Rosina del Villar Casas, Aracely Geraldo, Carmen Hernández, Juan Meléndrez Espinoza en junio, y por eso bloqueó la “Ley Bonilla II”, con la que querían acortar el próximo periodo de gobierno a tres años. Geraldo, Del Villar y Hernández Carmona repitieron en contra precisamente cuando Bonilla decidió lanzarse sobre la autonomía del Poder Judicial, pero esa la perdieron.
En agosto de 2020, sin tomar en cuenta al Poder Judicial y de manera unilateral, aprobaron con la mayoría de Morena la eliminación del Consejo de la Judicatura, otorgando al gobernador la facultad de designar a los magistrados al entregar al Congreso una terna, sin exámenes ni concursos de aptitudes previos. La reforma se publicó el 19 de octubre. Antes, en marzo, los diputados votaron en Comisiones la transferencia del Servicio Médico Forense del Tribunal de Justicia del Estado a la Fiscalía, en medio de manifestaciones de rechazo del personal y los magistrados.
Como el gobernador parece no tener llene, también les ordena, reclama y ridiculiza a los funcionarios federales -entre comillas- Jesús Ruiz Uribe, delegado único federal en Baja California y coordinador Único de Programas Federales; e Isaías Bertín Sandoval, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México en Baja California.
Tampoco quita el pie de encima de la cacareada y dizque autónoma Fiscalía General del Estado, a la que siguen sin asignar presupuesto como organismo independiente y es encabezada por su compadre Guillermo Ruiz Hernández, a quien el “góber” ya presentó en su espectáculo de redes sociales que trasmite desde su página personal de Facebook, y lo hizo informar de las actividades y resultados de la FGE como si fuera un empleado de su gabinete. También dispone para sus presentaciones del fiscal central Hiram Sánchez, y del comisionado estatal de Seguridad e Investigación, Carlos Alberto Flores, como si fueran sus subordinados.
La colaboración interdependiente es necesaria, la sumisión es un exceso, la división implica separación y autonomía, cada uno de los tres poderes existe para generar pesos y contrapesos. Se trata de rendir cuentas reales, que se vigilen y se controlen uno a otros para reducir el poder que cada cual tiene de abusar. “En arca abierta hasta el más santo peca”, y por mucho que presuman, en Morena tampoco pueden hablar de santidad.
