Con el voto incondicional de los diputados del Congreso del Estado, con una mayoría calificada de Morena y sus partidos aliados políticos, los legisladores le aprueban cuanta ocurrencia política o administrativa tenga el gobernador Bonilla. Vaya, a muy pocas acciones le han dicho que no.
Esta vez, de una forma expedita no antes vista, el Congreso del Estado aprobó el decreto 158 “mediante el cual se reforma el artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California”, para que el gobernador tenga la facultad de nombrar a los suplentes de los Presidentes Municipales una vez que estos soliciten licencia por más de 30 días para separarse del cargo, y por alguna razón el suplente no quede al frente de la administración municipal.
El Artículo 42 le daba al municipio, como lo hace la Constitución, la capacidad para elegir a sus gobernantes, determinaba textualmente: “De la separación provisional de un Munícipe. La solicitud de licencia para separarse provisional o temporalmente del cargo de un Munícipe, será resuelta en definitiva por el Ayuntamiento de conformidad con su reglamento interno”.
Tal cual, tras el Bonillazo, el Artículo 42 quedó como sigue:
“De las ausencias de un munícipe.- Las ausencias de un munícipe podrán ser temporales o definitivas. Serán ausencias temporales las que no sean mayores a 30 días naturales. Las ausencias temporales serán cubiertas por el suplente.
15 diputados, entre ellos 10 de Morena, votaron a favor de tal iniciativa, sin haberla consensado, ni estudiado, ni enviado a comisiones, ni siquiera haberla discutido. El mismo día sábado 14 de noviembre en que los diputados se reunieron para aprobarle el decreto 158 a Jaime Bonilla, éste publicó la reforma en el Periódico Oficial del Estado de Baja California que ya no es necesario imprimirlo, cuando lo publica de manera virtual.
En cuestión horas, Jaime Bonilla Valdez se erigió en el gran elector de los municipios de Baja California. Otro Bonillazo a las leyes locales.
No es la primera vez que Bonilla pretende modificar las reglas electorales en Baja California. La primera vez que lo intentó fue para cambiar el periodo electoral del gobierno que encabeza. La Ley establecía 2 años de administración, él quería 5. Y así se lo aprobaron los diputados locales, aunque no fue esta sino la anterior legislatura. Lo intentó en por lo menos cuatro ocasiones. Incluso cuando ya había transcurrido la elección y los bajacalifornianos lo habían electo para un periodo de dos años.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el revés que necesitaba para respetar la Constitución local, y determinó, en mayo de este año, que la conocida como Ley Bonilla era inconstitucional.
La segunda vez, contraria a su postura cuando justificaba que requería cinco años porque dos no eran suficientes para llevar a cabo su plan de gobierno, Bonilla quiso disminuir el periodo de la próxima administración estatal, pretendiendo que diputados y ayuntamientos le aprobaran otra Ley Bonilla, para establecer el periodo de gobierno de 2021 al 2024, de tres años, en lugar de los seis que corresponden al haberse empatado, con su elección, la contienda de gobernador del Estado con la federal intermedia del 2027.
En esa ocasión, cuatro diputados de Morena no le apoyaron y de ahí surgió la diferencia con la Alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, ha quien amenazaron en su nombre, y en el del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para aprobar en su cabildo, la modificación del periodo de gobierno.
Lo que sí pudo cambiar en los plazos y términos electorales, fue recorrer el arranque del calendario electoral 2021 a los primeros días de diciembre de 2020, a diferencia del resto del País que dio inicio el 7 de septiembre. Los mismos diputados locales también le aprobaron la conocida como Ley Gandalla, que establece que regidores, diputados y alcaldes, no necesariamente deben separarse del cargo para encabezar una campaña electoral por la reelección.
En este nuevo Bonillazo, el gobernador de Baja California actuó para “afectar” los intereses políticos del Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien compite en la interna de Morena para sucederlo en el cargo. González ya había solicitado licencia a la Presidencia Municipal de Tijuana, y dejado en su lugar a su suplente, Karla Ruiz Macfarland, quien es hija del Fiscal General del Estado de Baja California, a su vez compadre del gobernador Bonilla. Sin embargo regresó a la Alcaldía, cuando el Gobernador y el Fiscal, presionaron a la alcaldesa suplente para realizar despidos y colocar a sus incondicionales en el puestos municipales, a fin de controlar esa esfera de gobierno también.
Una vez más, el nuevo Bonillazo terminará siendo analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el propio Alcalde de Tijuana ha dicho que presentará una Controversia Constitucional por considerar la reforma inconstitucional. Al respecto también se han pronunciado en esos términos, otros actores relevantes, colegios de abogados, empresarios, partidos políticos.
Ahora, justifican, Jaime Bonilla está violentando la autonomía municipal consignada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 115, donde se advierte de entrada, que “cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la Ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado”.
Bonilla sin embargo, ahora quiere elegir a los Alcaldes suplentes, y el Congreso del Estado le ha dado esa facultad… por lo pronto, hasta que una vez más, sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la persona moral que resuelva lo que en Baja California se atropella por el hambre de poder de un solo hombre: la Ley.
